Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Concha Caballero.El País. 02/04/2011.
Hay momentos de la política en que uno está disconforme con todo y con todos; en que no te convencen ni tirios ni troyanos; en que se ven los agujeros, las costuras, la impostura en cada una de las fuerzas políticas que vociferan en el Parlamento o ante los medios de comunicación.Hay etapas en que la actuación de algunos políticos se nos antoja más falsa que un billete de 70 euros y lo peor, de todo, es que tras algunas verdades se traslucen grandes mentiras y a la inversa.
El caso de los ERE de Andalucía está siendo un momento singular de la política andaluza en el que todos los actores tendrían mucho que explicar sobre sus comportamientos, sus argumentos y sus verdaderas razones. Sin duda, es este un caso de corrupción que repugna especialmente a cualquier conciencia, un delito grosero, miserable, cometido por personas que han perdido la más mínima decencia personal.
Con los datos en la mano, el PSOE no puede seguir negando que había una estructura en la Consejería de Empleo que se ha mantenido con varios titulares y que protegía estas prácticas. El PSOE debería contestar a algunas incómodas preguntas. Por ejemplo: ¿Por qué los beneficiarios se agrupan, casualmente, en determinadas zonas de Andalucía? ¿Por qué el consejero imputado se mantiene como presidente del Consejo Regulador de Jerez, o quien estuvo hasta el último momento protegiendo las actividades de Rivas al frente de la delegación de Sevilla? Finalmente, el PSOE debería dar alguna explicación de su negativa a constituir una comisión de investigación en el Parlamento que determine las responsabilidades políticas.
Por lo que respecta al PP, fuera de micrófono reconocen que Griñán no es responsable de la corrupción de los ERE y admiten que fue él quien se obstinó en cambiar esa consejería. Sin embargo, en público escenifican espectáculos en los que intentan demostrar la culpabilidad del presidente de la Junta. Al PP se le ha aparecido la virgen en Andalucía. Es normal que lo aprovechen. Pero utilizan argumentos cuya aplicación al caso Gürtel sería muy reveladora. Vamos a ver, si Griñán es culpable porque cuando sucedieron los ERE irregulares, él era consejero de Hacienda, ¿acaso Arenas, que era secretario general del PP en esa época, no tiene responsabilidad alguna en las contrataciones de la trama Gürtel? ¿Cómo se explica la defensa que Arenas ha hecho de Bárcenas, hasta hace pocos meses, en los que calificaba de extraordinario su trabajo al frente de las finanzas del PP o alababa su decencia personal? El respeto a las decisiones de los jueces, a los que el PP reverencia en el caso de los ERE, es otra de las muestras de la doblez continuada de esta fuerza política que ha recusado a jueces, magistrados y abogados del caso Gürtel y ha proclamado que se trataba de una persecución política de carácter dictatorial.
Izquierda Unida, por su parte, tampoco aparece limpia de polvo y paja en este desaguisado. Sus proclamas de transparencia y su petición de crear una comisión de investigación resultan poco convincentes si tenemos en cuenta que en la ciudad de Sevilla se han negado en dos ocasiones a crear una comisión que investigara el caso alma máter de toda esta trama: Mercasevilla.
Finalmente, sería necesario que el proceso judicial fuese aséptico y limpio en grado sumo. Hay que reconocerle a la juez Alaya la investigación realizada hasta el momento en el caso Mercasevilla, donde detectó los primeros intrusos en un ERE, sin embargo, alguna de las actuaciones posteriores parecen respuestas al debate político. La última petición de documentación sobre las actuaciones del Gobierno andaluz en los últimos diez años, parece sobrepasar una investigación razonable de implicaciones y tampoco parecen adecuadas las opiniones personales que desliza sobre los medios de comunicación y sus afinidades políticas. Pero lo más dudoso del procedimiento es que se haya aceptado la personación de la asociación ultraderechista Manos Limpias, por cuyas ídem pasará toda la documentación de la Administración pública andaluza. ¿Estamos locos?
