Papel quemado

Antonio Manuel| A pocas semanas de aprobarse la reforma laboral, quemamos el BOE que la contenía en la misma puerta de La Moncloa. Era la primera vez en la historia de la democracia que la ciudadanía se manifestaba en la sede del Poder Ejecutivo. Pero ambos hechos pasaron casi inadvertidos para la opinión pública. Normal. La protesta reunía todos los ingredientes de la invisibilidad informativa: provenía de un partido político, en vísperas electorales, sin derecho a cuota mediática y compuesto por andaluces. Aún así, lo hicimos. Al menos yo, en riguroso cumplimiento de la máxima de Leon Blum: «El hombre libre es aquel que no teme ir hasta el final de su pensamiento». Aunque se sienta solo. Aunque pierda.

 

 

Quemamos el BOE para simbolizar que esa reforma laboral quemaría los derechos de los trabajadores ya quemados. Y así fue. Ha convertido casi dos millones de contratos de trabajo en papel quemado. Ha reducido a cenizas miles de convenios colectivos. Ha carbonizado el mismísimo estatuto de los trabajadores. Y esta semana pasada, también quemó las escasas garantías del sector público, permitiendo el despido por causas objetivas cuando el presupuesto se recorte un 5%, con una indemnización de 20 días de salario por año. No hay conquista social que escape al afán pirómano de este Gobierno.

 

Sin embargo, mi preocupación es que el fuego sirva de coartada a los gobernantes de otras administraciones para huir de la quema. Porque es mentira. O cuando menos, no toda la verdad. Somos los más débiles quienes estamos asumiendo las perversas consecuencias de esta crisis. Y ni las justificamos, ni nos las tragamos. Como tampoco nos tragaremos que unos dirigentes se arroguen competencias para criticar lo ajeno y se disfracen de gestores delegados para quemar lo propio. Todos echan la culpa al de arriba cuando queman al de abajo. Necesitamos verdaderos cortafuegos políticos. Y no los hay porque ningún gobernante quiere que arda el asiento donde tiene puesto el culo. Sea de una Comunidad Autonóma, Diputación, Ayuntamiento, Universidad o empresa pública. 

 

Por ejemplo, muchos convenios de subcontratación de servicios no son visados por la Administración dejando la puerta abierta a la injusticia. Incluidos los vinculados a sanidad, dependencia o educación. Todos los días se repite la historia de la empresa contratada por la administración cualsea, ganadora del concurso con una considerable reducción en el presupuesto pero asumiendo formalmente la obligación de subrogar a todo el personal, manteniendo calidad y garantías. Cuando la empresa tiene que llevarlo a la práctica somete a los trabajadores que no sean despedidos, a jornadas muy duras por salarios mucho más bajos. Son las administraciones públicas quienes deben velar por el cumplimiento de lo convenido y no mirar hacia otro lado argumentando que la culpa es de los manidos recortes. Los muchos que defendemos lo público necesitamos sentirnos defendidos por lo público. De lo contrario, careceremos de argumentos contra esta corriente liberticida y fascistoide que deslegitima por igual a todos los cargos públicos.

 

Decía Rousseau que se puede adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde. No permitamos que entre unos y otros la reduzcan a papel quemado. Porque quizá ya no podamos recuperarla.