PER, desempleo y estructura de la propiedad en Andalucía

Javier Durán / Muy frecuentemente la derecha española arremete contra los jornaleros andaluces que cobran el PER. Lo hacen tan frecuentemente que su opinión ha calado en alguna parte de la izquierda, llegando incluso a inundar a parte de la comunidad andaluza en Cataluña.

Frente a tanta ofensiva conservadora, hace mucho tiempo que no oigo a ningún político de izquierdas dar una respuesta razonable a esta situación. La izquierda nacionalista (y el resto también), debe pasar a la ofensiva en esta materia.

Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es y por qué existe el PER. El PER es un colchón social para evitar la grave situación a la que están avocados los jornaleros de ciertas partes del campo andaluz.

Cuando analizamos cuales son estas zonas y qué tienen en común, nos damos cuenta que a estas áreas les une una cosa: tienen la misma estructura de la propiedad. Dicha estructura consiste en que los suelos mejores y más productivos del campo andaluz agrupados en grandísimos lotes de terrenos (latifundios) están repartidos en tres o cuatro familias que se dedican a vivir de las rentas que les dan las subvenciones de la política agrícola común. Esta estructura es la responsable del atraso sempiterno que sufre nuestro mundo rural. Las grandes diferencias entre  los niveles de paro entre Andalucía y el resto del estado se concentran  en aquellas partes del campo que se encuentra agrupado en latifundios. Las ciudades andaluzas tienen niveles de paro similares a otras ciudades, el problema está en las zonas que dependen económicamente de los grandes latifundios. Dicha estructura de la propiedad coincide con las zonas que sufren un gran paro estructural

La estructura de la propiedad en una sociedad perdura durante siglos y siglos, solo sucesos tumultuosos son capaces de alterarla. Para ponernos en situación, en nuestras ciudades cargadas de historia vemos la estructura de la propiedad de todas las civilizaciones que nos han precedido. Durante el devenir de la historia estas estructuras se han ido agregando unas a otras  y es por eso que podemos ver en nuestras ciudades restos de las trazas romanas, la laberíntica disposición de nuestros callejones y los sucesivos intentos de alineaciones de las mismas, Sin embargo en el campo la dinámica es otra. La estructura permanece a lo largo de siglos. Si dicha estructura creaba pobreza en el siglo XVI, la sigue creando en el siglo XXI. Sin embargo podemos contabilizar al menos dos momentos a lo largo de la historia donde esta estructura ha cambiado (y no del todo) . Uno es con la romanización y la otra con la invasión de los reinos cristianos del norte de la península. A lo largo de dicha conquista, la corona iba pagando a las familias nobles que intervenían en dicha “cruzada” con las tierras que conquistaban. Cuando terminó la conquista, el resultado fue la estructura de la propiedad de un país invadido. Quinientos años después ya no nos podemos considerar un país invadido, pero seguimos teniendo la misma estructura de la propiedad. ¿Es esta propiedad lícita? Desde luego para mí no lo es. Solo si Andalucía se despoja de esta lamentable herencia de la conquista podrá dejar atrás el paro estructural.

Y por eso proclamo en este artículo, dedicado a toda la caverna mediática de los reinos de Castilla Y Aragón  (Aznar-Duran) que el PER es necesario mientras que no se solucione el peliagudo asunto de la reforma agrícola.

En mi opinión esas tierras tenían que pasar a propiedad pública, pero independientemente  quien sea su dueño, una cosa es la propiedad y otra cosa es derecho a utilizarlas.

En nuestra legislación existen varios ejemplos de que propiedad y derecho de uso no van siempre unidos.  En el urbanismo, concretamente se limita este derecho a favor del bien común (al menos sobre el papel) y se han creado varias figuras que así lo muestran.

A favor del bien común muchos propietarios de suelos son expropiados para no limitar el crecimiento de las ciudades, y también son expropiados muchos terrenos por los que se plantean infraestructuras de interés general.  La historia nos dice que cuando todos estos derechos empezaron a ver la luz (Plan Cerda, Barcelona), tuvieron una fortísima oposición por parte de los terratenientes, que temían peligrar sus propiedades.

El derecho de superficie consiste en desligar la propiedad de su uso por un tiempo determinado. Aunque quines gobiernan han decidido hacer caso omiso de su existencia, dicho derecho permite por ejemplo  hacer  viviendas sobre un suelo propiedad de otra persona que lo cede durante un tiempo determinado ( 100 años). Este derecho es muy utilizado en Holanda (donde por cierto no existe la especulación inmobiliaria).

Por ello sería posible, SI HUBIERA POLíTICOS VALIENTES, crear figuras que desliguen la propiedad de los latifundios de su gestión y utilización. En zonas donde el paro supera ciertos niveles (el 60 % es habitual en muchas zonas latifundistas) el interés genera debería ser motivo del nacimiento del DERECHO DE SUPERFICE  aplicado a la agricultura. Cooperativas sociales formadas por desempleados del campo podrían hacerse cargo de la puesta en explotación de dichas áreas. De este modo se conseguirían dos cosas: 1. La renta de los jornaleros ascendería hasta al menos el límite de la dignidad (cosa que no pueden hacer 400 euros). 2. La desaparición de la necesidad del PER. En estas zonas no habría parados agrícolas.

Debemos volver a oír el himno de Andalucía, “pedid tierra y libertad”. Siempre interpreté que esta frase se refería al problema de la tierra  asociado a la miseria. Hoy en el siglo XXI Andalucía ha progresado muchísimo: tenemos (hemos tenido al menos) una educación y una sanidad al alcance de todos, tenemos innumerables conquistas sociales en muchas materias, pero lamentablemente, nos hemos olvidado de que la miseria de los jornaleros sigue estando ahí.

VIVA ANDALUCÍA LIBRE

Javier Durán es arquitecto