Periodismo de despojo y casquería

Raúl Solís | Los medios de comunicación han matado hoy la última porción de dignidad que les quedaba. La web de Canal Sur publicó de madrugada la “exclusiva” -con honores incluidos-  sobre la supuesta aparición de los restos de Ruth y José. El resto de cadenas de radio y televisión han cambiado su programación para darle al gran público lo que vende: carnaza, bajas pasiones y juicio público.

Los profesionales de la información y sus directivos tendrán que responder, una vez más, por qué se alimentan de carroña, por qué funcionan como altavoz del sensacionalismo e incumplen los códigos deontológicos sobre el tratamiento de la información de sucesos y tribunales.

Las empresas informativas –incluso las privadas- están obligadas por ley a crear ciudadanía que, sin duda, no significa “ojo por ojo, diente por diente” ni usar el discurso desconsolado de una familia –entendible, por otra parte- para disparar contra, no olvidemos, un imputado: ¡que no es ni acusado ni condenado!

Los medios de comunicación y sus profesionales, para ser honestos, deberían explicar los verdaderos porqués: que están usando la desesperación y la consternación que causa un parricidio como anzuelo para engrosar su ingresos publicitarios, aunque sea a costa de la convivencia y dando legitimidad a la indignación popular que desearía ver linchado, en cualquier plaza, al padre de los niños de Córdoba. La actitud amarillista de la prensa fomenta barbaridades como las agresiones o pintadas en la vivienda de los padres paternos de los niños desaparecidos. Ancianos octogenarios que en nada son responsables de los actos de su hijo.

Aprovechando la coyuntura propicia, el ministro de Interior, Jorge Fernández, ha comparecido ante los medios de comunicación –hecho inaudito- para explicar el transcurso de las investigaciones sobre los restos óseos aparecidos en una finca cordobesa. Fernández, con su escenificación mediática, no persigue otra cosa que liderar el debate y la corriente de opinión a favor de la cadena perpetua, que él llama “revisable” para no vulnerar las convenciones internacionales de derechos humanos y el propio artículo 25.2 de la Constitución que dice que  “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

Los sistemas judiciales democráticos se diferencian de los totalitarios porque se presupone la inocencia, no la culpabilidad. La Justicia de un Estado democrático no es la venganza, el odio, la sinrazón, la exposición de las vísceras ni la supremacía de los instintos animalistas.

Imagino a los programadores de Cuatro, Antena 3 o Telecinco frotarse las manos al enterarse del vuelco de la investigación policial al aparecer los restos mortales de los niños cordobeses. “Más audiencia, más carnaza, más vísceras, más dolor, más escarnio, más indignación y -lo más rentable de todo- ¡más audiencia!”, debieron pensar los consejos de redacción de los principales medios informativos en la reunión matinal de hoy. Aunque hace sólo unos meses pagaron 10.000 euros a la madre de uno de los implicados en el Caso Marta del Castillo. Todo le sirve a este periodismo que únicamente anhela una buena cuota de pantalla.

Es fácil azuzar los ánimos de personas que viven pegadas a la pantalla del televisor, “cuyo horizonte reflexivo no sube más allá del negro precioso de la pasta del televisor”, en palabras de Juan Carlos Suárez Villegas, profesor de Ética Periodística en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ni España es un país homicida ni los asesinos salen impunes. No lo digo yo, lo dicen los datos sobre la población penitenciaria española facilitados por el Ministerio del Interior. Solo 5 de cada 100 presos españoles están en prisión por homicidio, lo que convierte a España en el país de la UE con menos delitos violentos por cada 1.000 habitantes.

Sin embargo, el Estado español cuenta con la población penitenciaria más elevada de los Veintisiete. A merced de modificar el Código Penal a golpe de telediario, haciendo caso a los buitres carroñeros que únicamente se alimentan de vísceras y confunden justicia con venganza. O dando pábulo al populismo de personajes como Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y juez en excedencia, que fichó al padre de Mari Luz Cortés –tras quedar éste apeado de las listas electorales autonómicas del PP- con un suculento sueldo de 36.000 euros al año, en virtud de los favores prestados al PP en su campaña pro-cadena perpetua.

Los buitres carroñeros saben cuándo es buen momento para hacer caja electoral. Si es preciso, se pasean al lado del dolor de unos padres destrozados y los lucen en los mítines  como trofeos de caza. Como ocurrió en las campañas electorales andaluza y española, donde los padres de Marta del Castillo y de Mari Luz Cortés ocuparon los palcos de invitados ilustres en los mítines de Javier Arenas y Mariano Rajoy.

Extender el miedo otorga audiencias y beneficios electorales. Aunque estén manchados de sangre, sufrimiento e indecencia. Jalear los instintos más primarios es lo que hacen los ayatolás iraníes. La sangre vende y a los villanos les encanta verse como héroes indignados en las plazas públicas.

Los mismos “jueces del pueblo” que montan en cólera y gritan “¡cadena perpetua, ya!” son los que dieron el segundo mejor dato histórico de audiencia a La Noria , el día de la infame entrevista a la madre de El Cuco, uno de los implicados en el caso Marta del Castillo. Los buitres son así: se alimentan de carroña.

PD. Estar en contra de la cadena perpetua, de la pena de muerte o del linchamiento público no significa estar a favor de ningún asesino ni asesinato.