LOS andaluces llevamos décadas oyendo una cantinela que ahora debe acabarse. Conservadores y ciertos sectores de la izquierda aseguraban la imposibilidad de la democracia en el espacio geopolítico del mundo árabo-musulmán. La excepción de Turquía confirmaba la regla: la necesitamos pero no la queremos en Occidente. Unos y otros asisten perplejos a esta marea de libertad que confirma lo que siempre supimos: la relación posible entre el mundo árabo-musulmán y la democracia.
Una revolución democrática recorre el mundo arabo-musulmán. Asistimos al triunfo de las libertades en Túnez y Egipto. Sigue o seguirá en Libia, Yemen, Siria, Jordania, Bahrein… Entusiasmo es la exaltación del ánimo por algo que lo admira y, en este caso, dos son las sensaciones que nos exaltan el ánimo, dos las razones por las que nos entusiasma esta epifanía de la libertad, y dos las almas que se nos alegran: el alma andaluza y el alma democrática. Sentimos a la vez el entusiasmo moral por el triunfo del paradigma liberal-republicano y sentimos además el entusiasmo cultural por nuestra proximidad histórica con los pueblos alzados contra la tiranía.
Sin embargo, nuestro doble entusiasmo debe acompañarse por la prudencia y, sobre todo, por el análisis. Analizar es construir diferencias en el interior de las diferencias y hay un bloque de ellas que nos preocupa en particular. Podemos unificarlas en un nombre: Libia. Las diferencias entre lo que ocurre en Libia y lo que ha ocurrido en Túnez y Egipto (y lo que ojalá ocurra pronto en Yemen, Siria, Jordania, Bahrein…) son esencialmente tres. La primera nos tiene sin cuidado: la probabilidad de la ruptura de la unidad del Estado.
La segunda sí que nos preocupa: el régimen libio ha intentado convertir en invisibles a los rebeldes para deslegitimarlos. Tanto en Túnez como en Egipto, el movimiento popular y pacífico que reivindicaba libertad y democracia, a pesar de una represión violenta inicial, fue creciendo de manera espectacular hasta provocar la caída del régimen. Ahí comenzó la marea. Visible. El mundo contempló con enorme simpatía lo que estaba sucediendo. A todas horas. Por los medios de comunicación. Por las redes sociales. Y la marea llegó a Libia. Pero la reacción del régimen fue diferente. La acción militar sobre la población civil es de una magnitud sobrecogedora. Bombardeo indiscriminado de poblaciones. Desapariciones forzadas. Represión incontrolada a manos de mercenarios afines al régimen. Movimientos masivos de población desplazada y convertida en refugiada. Cierre de frontera para impedir que sean atendidos los heridos… Y censura mundial. Los rebeldes libios están solos frente al terror. Se arman. Estamos en un escenario de claro y desigual conflicto armado con una población civil radicalmente desamparada. La ciudadanía presionó en todo el mundo para ayudarlos. También en Andalucía. Todas las miradas se dirigieron a las Naciones Unidas.
La tercera diferencia: Libia ha provocado un cambio de rol de la ONU y en el Derecho Internacional. El Derecho internacional humanitario define como «conflicto armado» el que se produce entre dos partes (al menos) y genera una violencia continuada sobre la población civil. Eso es lo que está ocurriendo en Libia. Y lo que sitúa el conflicto en el corazón argumental del Derecho Internacional Humanitario. Una de las partes monopoliza casi en exclusiva el uso de la fuerza bruta. Naciones Unidas ha respondido, primero con la resolución 1970 del Consejo de Seguridad estableciendo el embargo de armas, y después con la resolución 1973, que ofrece importantes novedades, y esperanzas, respecto de otras resoluciones históricas o de otros silencios también históricos. No se llegó a salvar la República española. Nunca se llegó a impedir la existencia de Auschwitz. Se llegó muy tarde a Bosnia. Se transgredió la legalidad internacional en Iraq. Nunca se debió llegar tan mal a Somalia. Nunca se llegó a Ruanda. Nunca se llega a los Territorios Ocupados de Palestina…
Por el contrario, esta resolución se fundamenta exclusivamente en la protección del derecho de la población civil a no ser masacrada, situando la primacía de los derechos humanos sobre cualquier otro principio. Prohíbe expresamente la ocupación del país. Demanda a través del Fiscal la intervención de la Corte Penal Internacional. Establece mecanismos de control y autorización por parte del Secretario General de Naciones Unidas y de la Liga de Estados Árabes. Y, por último, autoriza el uso de la fuerza sólo para impedir que continúe la masacre del pueblo libio. ¿Dudas?, muchas. Sin embargo, tenemos la certeza de que hoy no se puede proporcionar la seguridad y el derecho a existir del pueblo libio sin impedir y neutralizar la intervención armada de Gadafi contra su pueblo. Desde Andalucía, apoyamos esta resolución porque queremos creer en ella y estaremos vigilantes para que se cumpla en sus estrictos términos.