¿Podemos independizar al Estado del capital global?

La globalización (evolución lógica del capitalismo que es un sistema con una estructura global desde su origen) ha conseguido por vez primera convertir al planeta en un espacio financiero unificado, donde circula el dinero y el capital sin obstáculo ni control alguno. Como consecuencia de este nuevo escenario, se pueden identificar tres niveles de actuación entre los que EE.UU. sigue actuando como el principal conector de los centros de poder públicos y privados.

Por una parte, el sistema financiero internacional en el que interactúan: EE.UU. a través de la FED como emisor de la moneda reserva internacional (el dólar como pasivo no exigible); los Bancos Centrales de los diversos Estados y de la UE a los que se les ha asignado un estatuto de independencia con respecto a los gobiernos; los mercados financieros y los paraísos fiscales, en un entorno monetario donde el papel moneda ha cedido su protagonismo a los apuntes virtuales desvinculado no ya de cualquier referencia real sino incluso del PIB mundial, al que duplica o incluso triplica en su crecimiento.

En segundo lugar, las multinacionales, que se han transformado en algo muy diferente a la idea tradicional de empresas, ya que se han convertido en unas organizaciones más parecidas a un nuevo tipo de bancos globales, sin regulación alguna, que a las empresas productivas que quedan subordinadas en los ámbitos locales. Las multinacionales crean  dinero financiero (dinero en la sombra) con los que movilizan ingentes cantidades de capital ajeno para sus propios negocios, utilizando las acciones como medios de pagos para comprar empresas y recompensar a sus directivos, tal como ha puesto de manifiesto Naredo.

En tercer lugar, los Estados, con sus territorios cada vez más jerarquizados y especializados, tanto económica como ambientalmente (en su función de comprar o suministrar recursos y de trasladar residuos o ser usados como sumideros), afectados en su conjunto por el desplazamiento del poder hacia el control privado que les hurta la capacidad real de intervención económica.

Las interrelaciones entre estos tres niveles han hecho que la política estatal esté determinada directa o indirectamente por los movimientos internacionales de capital y por los intereses del capital transnacionalizado. Como explica Hirsch, el sometimiento a las presiones del capital global obliga a cada Estado a poner en práctica “una política de lugar óptimo” para crear dentro de sus respectivas fronteras las condiciones más favorables para la valoración flexible del capital internacional.

La crisis de la globalización ha acentuado esta dinámica porque ha añadido un contexto de mayor competencia, y por lo tanto de mayor presión, en el chantaje político a los Estados que, a su vez, están sustituyendo internamente los mecanismos de adormecimiento democrático que permitía la sociedad de consumo por el empleo de la represión contra la resistencia social por el empeoramiento de las condiciones de vida que provoca la carrera entre Estados para crear entornos propicios a los requerimientos del capital financiero.

Las consecuencias de este escenario de dominio del capital global y de sometimiento de los Estados a una dinámica de mutua competencia tiene al menos cinco consecuencias determinantes para la autonomía de las políticas estatales que, además, trasladan a la opinión pública como derivaciones de una realidad que no se puede cambiar y, por lo tanto, que forma parte “del sentido común” que reconstruye permanentemente el pensamiento único,:

 

1. El capital global escapa de cualquier coste fiscal estatal haciendo que las cargas para mantener el estado del bienestar recaigan sobre los salarios y sobre las empresas locales.

 

2. Los Estados tienden a aumentar la precarización del trabajo; la disminución y la privatización de los servicios sociales; la disminución de los estándares ambientales y el aumento de la represión, en una especie de “austeridad competitiva con deriva autoritaria” que ata a las poblaciones mientras que el capital escapa a cualquier control público.

 

3. Se produce una “desdemocratización” o en terminología de Colin Crouch una “postdemocracia” en donde las decisiones políticas fundamentales se desvinculan de los procesos democráticos de formulación de voluntad electoral y de los intereses expresados por la población, al estar sometidos los Estados a un chantaje permanente por parte del capital global que socava dos principios básicos para el funcionamiento democrático, “el principio de gobierno responsable” y el de “la capacidad del pueblo para decidir entre distintas alternativas políticas”.

 

4. La contradicción entre los riesgos ambientales globales y la instigación para reducir los costes derivados de la lucha contra la crisis ecológica, convierte a los Estados en una especie de polizones o esquiroles (free rider problem) frente al inaplazable interés común de contribuir en sus territorios a frenar el deterioro ecológico y dificulta la conexión entre las reivindicaciones ecológicas y los intereses económicos inmediatos de la población.

 

5. La paradoja entre la movilidad del capital global y los obstáculos a los crecientes movimientos masivos de migrantes y refugiados, provoca el aumento del racismo y la xenofobia centrada sobre todo en la competencia por los puestos de trabajo, las condiciones laborales, la convivencia en los barrios pobres y en el uso por los inmigrantes de los servicios y prestaciones sociales que aun no han sido suprimidos por el Estado.

 

La esperanza en la construcción de la Unión Europea consistía en crear un poder público lo suficientemente potente para hacer frente al capital global e incluso dotarse de una moneda que pudiera diversificar el monopolio del dólar como moneda reserva internacional. Sin embargo la Unión Europea desde finales de los años ochenta viene desmantelando entre sus miembros el estado del bienestar e impidiendo cualquier avance en su democratización generando una tecnocracia que se ha convertido en el principal instrumento del capital global contra el poder públicos de los Estados que conforman la Unión y en especial de la zona Euro. Así en las próximas elecciones las opciones políticas se pueden agrupar en la defensa de tres modelos: democracia, tecnocracia o populismo.

El endeudamiento privado en los Estados de la periferia de la zona euro durante los primeros años del siglo XXI y su conversión en deuda pública a partir de la crisis, sin que haya supuesto una disminución de la deuda total (privada + pública), añade un elemento aún mas funesto a la dependencia de estos Estados respecto al capital financiero global.

En España además se añade la situación de dominio de las élites económicos sobre el Estado al que han expoliado y utilizado para expoliar a la población.  En particular, la privatización de las grandes empresas y monopolios públicos durante los años ochenta ha permitido la incorporación de una parte del capitalismo especulativo español a los circuitos del capital global. El desvelamiento ante la opinión pública del neocaciquismo sobre Caja Madrid o sobre la “guerra eléctrica”, muestra la connivencia entre las élites económicas y políticas del sistema e ilumina una realidad ocultada pero que ha sido y es determinante para comprender el desarrollo de la política incluido el diseño de la transición española.

La democracia y el Estado se han convertido en centro del conflicto social. Es imprescindible una alternativa política que obtenga la mayoría social con un proyecto para independizar al Estado del dominio global y local de los poderes económicos, impulsar un nuevo protagonismo de lo público como el sujeto principal para luchar contra la crisis y reformar el conjunto de las instituciones para profundizar en la democracia a través del reforzamiento de la participación ciudadana porque el gran reto está en cómo una fuerza política transformadora puede realmente sustraerse del chantaje del capital global y desarrollar políticas orientadas al interés común en el conjunto del planeta al mismo tiempo que crea empleo y asegura los niveles de protección social óptimos en el interior del Estado.