Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
La precariedad laboral, antesala de la social, no es producto de la crisis económica. Es resultado de la salida, austericida e irresponsable, que aplicaron las elites económicas y políticas del país.
La reforma laboral implementada en connubio por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, una más de las humillantes y graves concesiones que el PSOE y el PP hicieron expeditiva y súbitamente a la Troika en pago del “rescate” de la banca española –recuérdese que el MEDE prestó a España, a las ciudadanas y los ciudadanos españoles, la friolera de 60.000 millones de euros para “ayudar” al sistema financiero-, ha contribuido fundamentalmente a acentuar los peores rasgos del mercado laboral: empleo a tiempo parcial, trabajo barato, temporalidad y, en definitiva, precariedad.
La desregulación asimétrica –a favor del capital- de los mercados laborales, como ha puesto de manifiesto la historia del trabajo –véanse en nuestro país las investigaciones, entre otras, de historiadoras como Carmen Sarasúa, Cristina Borderías o Lina Gálvez-, no favorece un uso racional ni eficiente de la fuerza de trabajo. Al contrario, lo que cuenta la historia, y como afirmó el historiador Enric Tello, “La historia cuenta”, es que en mercados regulados a favor de la demanda de trabajo (del comprador de fuerza de trabajo) la lógica del máximo beneficio y el rendimiento económico inmediato se imponen implacablemente.
En esa lógica, cuando la oferta de trabajo (mujeres y hombres dispuestos a vender su fuerza de trabajo) manual es abundante y la demanda (puestos de trabajo o jornales) es escasa, como sucede en momentos de depresión del crecimiento económico, la inexistencia de una presencia institucional sólida (sindicatos, normativas e inspecciones laborales, etc.) favorece que, bajo el imperativo de la “ley” de la oferta y la demanda, se imponga la devaluación de los costes salariales. Es la mano visible de la búsqueda por parte del capital del beneficio individual la responsable, en este caso, del trabajo barato.
Además, en épocas de crisis, escasez de empleo y desprotección laboral, la asignación o reparto de las oportunidades de trabajar se realiza de forma extraordinariamente desigualitaria. La razón principal del reparto injusto e ineficiente del trabajo radica en el carácter segmentado –por razones de etnia, procedencia, género o clase social- del mercado de trabajo. En un contexto de devaluación salarial, donde la demanda de trabajo no tiene que preocuparse por comprar el trabajo más barato, como el de los inmigrantes, jóvenes y mujeres, distintos factores (institucionales, culturales y sociales) contribuyen a desplazar de las oportunidades del trabajo temporal o estacional a aquellas mujeres y hombres en situación de más debilidad en el mercado laboral.
Un lacerante ejemplo de esta situación se está dando en los últimos años en los tajos de los olivares andaluces. Los inmigrantes, muchos de ellos sin protección laboral alguna, que durante los años de la burbuja económica se desplazaban para vender su fuerza de trabajo a bajo precio a los municipios rurales andaluces en el invierno para recoger la aceituna, fueron las primeras víctimas de este desplazamiento de las oportunidades de trabajo; las mujeres, que combinaban el trabajo doméstico reproductivo con el trabajo mercantilizado productivo como jornaleras en esos mismos tajos, han sido también -como está sucediendo en esta campaña de la recogida de la aceituna en la provincia de Jaén- progresivamente expulsadas del mercado de trabajo agrícola temporero. Los activos masculinos autóctonos de los pueblos andaluces, que antes se ocupaban en duras actividades manuales mejor remuneradas en la construcción y el turismo, han sido quienes han vuelto a rellenar el nicho laboral del trabajo temporero.
La solución a tan lacerante situación puede venir, desde mi punto de vista, antes que a través de la concurrencia “fraticida” entre los distintos grupos de trabajadores que constituyen el mundo del precariado laboral en Andalucía (trabajadores inmigrantes, trabajadoras de clases populares y trabajadores manuales), por medio de tres niveles coordinados de respuesta:
1ª La regulación y protección social del funcionamiento del mundo del trabajo, un mundo donde se compra y vende un tipo de energía (fuerza de trabajo) que transciende el mero carácter de mercancía. De tal manera que se garantice el derecho al trabajo digno, con independencia del sexo, naturaleza o edad de los trabajadores.
2ª La activación inmediata de la demanda de trabajo digno en el mudo rural como en el urbano a través de mecanismos keynesianos o neokeynesianos. En este sentido, la inversión pública en empleo y en actividades productivas sostenibles, intensivas en trabajo y con valor añadido parece, dada la dejación de funciones en la creación de empleo de las multinacionales y grandes empresas, la única forma inmediata de que el trabajo (manual o no) deje de ser una mercancía escasa y barata para convertirse en una forma de energía humana abundante, igualitaria y digna.
3ª Y, en último lugar expositivo pero probablemente en la primera posición secuencial, esto solo podrá suceder si se logra que los hombres y mujeres que sufren directa o indirectamente la precariedad laboral y social, una proporción escandalosamente abultada de la sociedad andaluza rural y urbana, consigan acceder democráticamente al poder político.
El próximo 20 de diciembre las andaluzas y los andaluces contamos con una extraordinaria y seguramente histórica oportunidad de lograrlo.
David Martínez López
Profesor Titular de Historia Contemporánea (Universidad de Jaén)
Candidato de PODEMOS al Congreso de los Diputados
