Por la igualdad salarial entre mujeres y hombres

Manuela Martínez | Esta semana participo en una mesa redonda bajo el título “Por la igualdad salarial entre mujeres y hombres”, con motivo de la celebración del Día de la Igualdad Salarial el pasado sábado, 22 de febrero.

He recopilado datos de aquí y de allá,  consultado informes y leído artículos de expertos en la materia  y, al final, me ha quedado un sabor amargo al constatar que, no es que no hayamos avanzado en materia de igualdad, es que estamos retrocediendo.  Retroceso que no debería extrañar a nadie,  teniendo en cuenta que las políticas de igualdad, al igual que ocurre con tantas otras políticas que inciden en una mejor calidad de vida para la ciudadanía, no son consideradas prioritarias por el gobierno de Rajoy.

Cierto que quedan muy lejos aquellas ordenanzas laborales que no sólo consentían las diferencias salariales, sino que las garantizaban estableciendo el porcentaje de salario que la mujer debía percibir cuando realizaba “funciones propias de varón”.  Muy atrás queda también la “dote por matrimonio”, con la que “se invitaba” a la mujer a abandonar su puesto de trabajo cuando decidía casarse; o la “licencia marital”,  al no poder trabajar las mujeres casadas  sin el consentimiento del marido.

Cierto también que la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio reconocido y amparado por el ordenamiento jurídico a través de múltiples normas y que el derecho a la igualdad salarial y a la no discriminación retributiva entre mujeres y hombres está reconocido en nuestra Constitución, en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Igualdad.

Pero no es menos cierto que este avance normativo se da de bruces con la cruda realidad: La gestión de la crisis, o si se prefiere, la utilización de la crisis como coartada ha ido desmantelando poco a poco los cauces que se habían creado para facilitar la igualdad entre hombres y mujeres.

De hecho, las sucesivas reformas laborales,  junto a los recortes en educación, sanidad y dependencia, han incrementado de forma exponencial la brecha salarial.  Es como si, de repente, las discriminaciones estructurales contra las que se estaba actuando hubiesen recobrado su vitalidad ancestral.

La diosa “flexibilidad” del mercado de trabajo, ha dejado malherida la negociación colectiva y con ella, los planes de igualdad y las acciones positivas en el ámbito de las empresas. La austeridad ha aparcado la ampliación del permiso de paternidad, la universalización de la educación infantil desde los 0 años y el sistema público de atención a la dependencia.

Durante la crisis, seis años ya, algo más de tres millones de hombres y un millón de mujeres han perdido su empleo.  Las cifras de paro, tradicionalmente peores para las mujeres, se han equiparado, pero se mantienen diferencias muy importantes en las cifras de inactividad y en las cuantías de los ingresos por razón de sexo.  Hay 6 millones de hombres inactivos, en su mayoría jubilados o prejubilados, frente a 9 millones de mujeres inactivas, de ellas, más de 3 millones se dedican a las tareas del hogar.

Estamos caminando hacia un mercado de trabajo cada vez más desigual. Es una auténtica jungla en la que, dentro del empobrecimiento general de las condiciones de los trabajadores, hay muchas mujeres que están en una situación que ronda el riesgo de pobreza.

La brecha salarial se sitúa en el 22,9%.  Es decir, las mujeres tendrían que trabajar 84 días más al año que los hombres para percibir la misma retribución.  De continuar esta brecha salarial, las mujeres deberían trabajar 8 años y 8 meses más que los hombres para recibir la misma cuantía de pensión (47 años y 2 meses, frente a los 38 años y 6 meses necesarios para percibir el 100% de la pensión según el sistema en vigor).

Y es que, las diferencias salariales tienen un impacto muy importante, no sólo en los ingresos de toda la vida laboral de las mujeres, sino también en sus prestaciones por desempleo, incapacidad o pensiones futuras. Ya que un salario más bajo significa peores cotizaciones y, en consecuencia, prestaciones y pensiones más bajas en el futuro, y un mayor riesgo de pobreza para las mujeres cuando salen del mercado de trabajo.

Pero lo que me inquieta sobre manera, es que me da la impresión que el objetivo implícito del gobierno  es reducir el paro masculino a cambio de expulsar a un buen número de mujeres del mercado de trabajo,  aplicando a los hombres la precarización laboral que tradicionalmente sufren las mujeres (subempleo, bajos salarios, temporalidad, tiempo parcial…). Las mujeres expulsadas del mercado de trabajo quedarían recluidas nuevamente a la esfera privada, dedicadas a los trabajos no remunerados de siempre:  Las labores del hogar y al cuidado de hijos y/o familiares  dependientes que el Estado ha dejado abandonadas al desmantelar, entre otros, los servicios de escuelas infantiles y la ley de Dependencia.

Y esto ya sí que es demasiada involución  ¿no os parece?

@Manuela_MJ