¿Por qué molestan a la ultraderecha los derechos de la infancia?

 

Roberto del Tío

Desde que el gobierno anunció medidas legales contra el veto parental a determinadas actividades en horario lectivo en los centros educativos una sensación de alivio vino a cubrir un gran espacio que me estaba ocupando la preocupación por la medida. Una medida que, en el mundo de la docencia ya se conocía (en Andalucía forma también parte del acuerdo para aprobar los presupuestos de la Junta) pero que no ha levantado la tremenda polémica que hemos conocido -y aún no ha terminado- hasta que el gobierno apostó por una rotunda firmeza en este tema: o se suprime la medida ya implantada en Murcia y o se denunciará en los tribunales.

 

Quizá influido por mi profesión de docente, siempre he pensado en los niños y las niñas al comentar este tema. ¿Qué dirían si se les preguntara? ¿Cómo actuarían si dispusieran de un “pin filial”? Las respuestas a estas preguntas son conocidas por todos los profesionales relacionados con la educación e incluso por sus padres y madres. Hagan la prueba. Sus respuestas son previsibles. Pero este asunto no gira en torno a esas respuestas, de hecho, no importa cuáles sean. El mundo de la infancia y la adolescencia es muy conocido, su alta vulnerabilidad también. Por eso, la infancia goza de un status de sujeto de derecho propio, independientemente del que legítimamente les proporcionan sus padres y madres. Es decir, tienen derechos exclusivos por ser niños y niñas, además de todos los demás, lo que se denomina un “derecho superior”. De ahí la preocupación en el mundo de la docencia; cercenar los derechos del alumnado no se puede aplicar como una medida administrativa más y es lógico que nos tiemble la mano a los docentes que pudiéramos vernos obligados a tal aberración.

 

Es difícil recordar una polémica con alguna medida relacionada con la Educación Pública como la que se ha mantenido en torno a la medida que la ultraderecha ha logrado que acepten algunos gobiernos autonómicos, de coalición entre PP y Cs, para aprobar los presupuestos de sus respectivas comunidades autónomas. Pero es precisamente eso, que la polémica gire sobre la Educación Pública, lo que la ha engrandecido. La educación, en general, y la pública, en particular, está considerada como el buque insignia de la convivencia social en todos los países democráticos con un mayor o menor grado de desarrollo. La Educación Pública suele contar con unos mínimos consensos entre quienes ocupan el gobierno en cualquiera de esos países. Se modifican ciertos aspectos con las alternancias de gobierno, en algunos casos de alto calado administrativo y que necesitan un tiempo largo para implantarse, pero nunca se había modificado lo sustancial, es decir, nunca se ha discutido el hecho de que la Educación Pública debe ser un reflejo de los valores democráticos y constitucionales.

 

¿Cuántas veces hemos oído que algunos de los problemas con más impacto social son “un problema de educación”? ¿Cuántas veces se ha oído que los asuntos de violencia contra las mujeres, aparte de atajarse con medidas inmediatas, se debe abordar “desde la educación”? ¿Cuantas veces se ha dicho, desde todos los ámbitos sociales que “falta educación sexual en las escuelas” como medida preventiva para evitar los abusos y violaciones que son objeto de noticias de alcance? ¿Cuántas veces se apela a la “educación” para ampliar la mentalización sobre medidas de protección medioambiental y ahorro energético? En mi trabajo suelo estar presente, anualmente, en talleres que ofrecen técnicos del ayuntamiento sobre “alimentación saludable”, o con personal de Cruz Roja que imparten talleres sobre “los objetivos del milenio de la ONU”. Aplíquese la burocracia del veto parental y algunas alumnas y alumnos, sin la autorización de casa (que puede faltar por simple descuido) perderían su derecho de escuchar lo que se dice allí. Algo inconcebible y aberrante.

 

Hasta ahora no ha habido ningún agente social que discutiera la bondad de que estos contenidos se impartieran en relación con los currículos educativos y en horario lectivo, precisamente para alcanzar a todos los niños y niñas a la vez. Ni ampas, ni profesorado, ni sindicatos, ni asociaciones, ni ongs… Actualmente, a raíz de la polémica, se han tratado de contabilizar casos de protestas incluso individuales de alguna familias contra esas charlas que se dan por expertos ajenos a los centros docentes y el resultado es que el supuesto problema que quiere atajar el denominado “pin parental” es inexistente.

 

Tampoco los partidos políticos habían discutido sobre esto, sí sobre otros aspectos relacionados con la educación, pero no sobre esto.. hasta ahora. De forma sibilina, en el 2019 ha surgido uno, desde la ultraderecha, y no ha sido hasta la implantación de la medida en alguna comunidad autónoma y la respuesta contundente del gobierno recién salido de las urnas que el asunto ha aparecido en portada de los grandes medios de comunicación y se ha desatado un debate enorme. Debate alimentado, sobre todo, por la inexplicable postura del PP, apoyando, a través de su líder y principal portavoz, la posibilidad de implantación de esa medida. De esta forma el PP actúa, en la práctica, como una organización que impugna o actúa como oposición de su propio partido al rechazar lo hecho por ellos mismos cuando ocupaban el gobierno. Algo ridículo que no se explica más que por la obsesión de su líder de aparecer en temas de alcance como “líder de la derecha”.

 

No existe el problema, no habían propuesto medidas similares ni cuando estaban en el gobierno, no llevaban nada remotamente parecido a este veto parental en su programa, pero ahora lo defienden con tal grado de agresividad que denota que sus motivos son lejanos al interés de la educación pública. Y no digamos respecto al interés de los niños y niñas de toda España.

 

Hay que reconocer un mérito a la estrategia de la derecha, de PP y Vox, en este asunto, y no es otro que alejar a los menores escolares del marco de la discusión. Con conceptos tan sencillos como la “libertad de los padres para educar a sus hijos” o “mis hijos son míos” están obligando a explicar lo que está consensuado e incluso establecido en toda la normativa educativa, incluida la propia constitución. Resulta que esa libertad de los padres está garantizada con la actual organización y desarrollo del sistema educativo y, siendo así, hay que pensar que esa demanda de Vox responde a otros intereses. Son tales sus incoherencias en este tema que acaba resultando difícil pensar que quieren beneficiar a la educación pública con ello, ni siquiera a sus propios hijos. Veamos.

 

¿Sería descabellado pensar que el origen de la propuesta de la posibilidad de vetar por parte de los padres ciertas actividades en la escuela en la que puedan participar sus hijos procede de las mismas instancias que en los años 40 del siglo pasado obligaban a rezar en los colegios públicos? No ¿verdad? Por otra parte, da la impresión que piden esa posibilidad de veto para los hijos e hijas de las demás familias, y no de la suya; tampoco sería descabellado pensar que alguien como Casado, que ha hecho toda su formación en centros privados, matricule a sus hijos en esos mismos centros, centros en los cuales no se aplicaría el veto parental.

 

Entonces, si ellos verían con buenos ojos ciertas obligaciones en los centros públicos pero quieren vetar otras actividades y piden con tanto énfasis la medida para que se ponga a disposición de otras familias y no la suya… ¿qué es lo que realmente están persiguiendo? ¿Por qué esa apelación a la “libertad de los padres” para aislarse socialmente? ¿Qué es lo que se persigue con esa “libertad para mí” que usa a los hijos e hijas para cuestionar la “libertad de los demás”?

 

Para responder a eso habría que volver a poner el foco de este falaz debate en el alumnado, en las niñas y los niños, que no tienen ni voz ni voto. Todo esta polémica nos obliga, sobre todo a los docentes, a volver a explicar que la infancia goza de derechos por el solo hecho de ser niños y niñas y que esos derechos están reflejados tanto en nuestra Constitución como en la Convención para los Derechos de la Infancia que se aprobó en 1989 en la ONU y que es de obligado cumplimiento para todos los países miembros, sea cual sea el signo de su gobierno. A tal punto llega el reconocimiento de derechos de la infancia con tal de garantizar su protección y su integración social en plena libertad. Pues bien, el mayor instrumento que tienen los países democráticos para garantizar esos derechos -y este es sin duda el quiz de la cuestión- es la Educación Pública.

 

A esta altura de los debates surgidos a raíz de la polémica ya se ha explicado perfectamente que nuestra normativa básica garantiza perfectamente, por una parte, la libertad de los padres para elegir modelo educativo y, por otra, los derechos de los menores sin la necesidad de ningún veto parental dentro de la Educación Pública. Quizá ese sea su objetivo, la Educación Pública, y por eso llevan todo el primer trimestre hostigando la figura del profesorado, y ahora esto. Además, tras la revisión de las vergonzosas “fake news” que desde Vox se han distribuido en forma de vídeos falsos que pretendían hacer creer episodios que ocurrían en las escuelas españolas, se ha podido incluso revisar que lo que ocurre en las escuelas públicas nada tiene que ver con lo que la derecha tanto teme. Si fuera eso lo que temen pedirían su pin para el uso de los teléfonos móviles, pero no: van a por la Educación Pública.

 

Sin duda, la Educación Pública tal y como la conocemos, como depositaria y garante de los valores democráticos y constitucionales es un objetivo para la ultraderecha, un objetivo que no dejarán de perseguir y, para ello, desde el principio de curso han puesto su diana en el profesorado. Hasta ahora, gracias a la firmeza del gobierno y a la respuesta contundente desde el ámbito social, las poderosísimas razones, con el derecho superior de la infancia en primer lugar, están eclipsando las mentiras y los argumentos fraudulentos y perversos de la ultraderecha.

 

Por último, al tener tan de cerca, tanto el lugar donde se pretende implantar la medida como el seguimiento político de la polémica, a veces me dejo llevar por un pesimismo fruto de ser un poco “mal pensado” y me aborda la idea “exagerada” de que los derechos de la infancia “molestan” a la ultraderecha.

 

No es la primera vez que, inoculando una idea perversa fácilmente asumible por sus simpatizantes, ponen en el punto de mira a los niños y niñas. Incluso han llevado en su programa electoral alguna propuesta que incumpliría la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU, cuando incluyeron la repatriación a los menores inmigrantes, algo prohibido en esa Convención. Después vimos cómo, en plena campaña electoral, señalan a las niñas y niños de un centro de acogida de Sevilla, como causantes de delitos de todo tipo en el barrio de la ubicación de ese centro. Ahora, el veto parental que ataca sus derechos… Cuando pienso que los niños y las niñas sin nóminas, sin firmar hipotecas, sin pagar IRPF, sin cotizar a la seguridad social … tienen derecho al alimento, a la sanidad, a la educación, a tener criterio propio, a la vivienda… derechos que la ultraderecha no dudaría en calificar como “izquierdistas”, entonces me vuelvo perverso y empiezo a pensar que la infancia puede ser otro “gremio” que sufra su actividad. Y para ello, también la Educación Pública puede estar en el punto de mira.

 

Queda por ver lo que puede ocurrir en Andalucía con este tema de la censura parental en las escuelas públicas, que está en el acuerdo firmado por las 3 organizaciones de derecha con representación en el Parlamento Andaluz para aprobar los presupuesto, pero tengo claro que no van a renunciar a ello, ya sea escondiéndolo, o disimulándolo, como parece que está ocurriendo en Madrid.

 

Es fácil deducir que tienen razones para ir detrás de estas medidas con saña, porque ven mucho futuro en ellas para abrir camino a su política excluyente. Cabe esperar que la contundencia del gobierno y de las autoridades educativas no sea un farol, los niños y las niñas lo merecen.