¿Por qué ningún político falsea su curriculum para decir que es limpiadora o camarero?

Estela Goikoetxea, la joven telonera de la presentación de la candidatura de Susana Díaz a las primarias del PSOE, ha dimitido como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria tras demostrarse que había falseado su curriculum en el que decía que era licenciada en Biotecnología. Nada más enterarme de la noticia me he preguntado por qué nadie falsea su curriculum para decir, yo que sé, que es albañil, limpiadora, auxiliar de ayuda a domicilio o cajera.

Se ha extendido la creencia de que para poder ser representante del pueblo hay que ser titulado, aunque ni ser titulado superior te hace experto automáticamente en ninguna materia ni no tener estudios superiores te invalida para representar a tus ciudadanos.

Es más, no lograremos que los diputados y diputadas dejen de ser vistos como extraterrestres hasta que en el Congreso se sienten jornaleros, camareros, cristaleros, transportistas, cajeras, camareras de piso, barrenderos o electricistas, entre otras muchas profesiones infravaloradas socialmente, con bajas remuneraciones y que de entrada invalida a quien ejerce estos oficios para representar al pueblo.

Que el clasismo es la epidemia del siglo XXI, sin que nos demos cuenta porque el discurso y el insulto contra las personas trabajadoras es algo socialmente aceptado, lo evidencia que nadie falsee su curriculum para decir que tiene una profesión manual, históricamente asociada a la clase trabajadora a la que han convencido de que no ha llegado a la universidad porque no se ha esforzado lo suficiente.

De todos los logros del neoliberalismo, como sistema cultural y no solamente económico, es la invisibilización del mundo del trabajo de los espacios públicos de decisión. En el Congreso abundan médicos, abogados, catedráticos, periodistas, profesores, economistas y jóvenes yuppies con un master MBA en la universidad privada americana más remota. Sin embargo, no están representadas las personas que están soportando con más crueldad los recortes y las políticas de empobrecimiento. Primero se invisibilizan del espacio público y luego se les empobrece , se les criminaliza como a los estibadores o como a los trabajadores de la empresa municipal de limpieza de Málaga (Limasa), a los que el año pasado se les acusó de privilegiados durante una huelga en contra de los recortes que quería imponer el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol.

Si en el Congreso hubiera personas sencillas, de profesiones manuales –vitales para el funcionamiento de la sociedad, por cierto-, probablemente la ciudadanía se sentiría mucho más representada con sus políticos que en la actualidad. Por mucha potencia que tenga un diputado de izquierdas defendiendo los derechos laborales, nada convence más que escuchar hablar del mercado laboral a Rosa, una mujer sevillana de 32 años que cobra 400 euros al mes como camarera de piso y que no pudo estudiar porque se crió en un ambiente familiar de pobreza, desigualdad y violencia.

¿Imaginamos a Rosa hablarle cara a cara a Rajoy, con su lenguaje, su realidad y en primera persona sobre la reforma laboral, sobre cómo el estado de abandono de los barrios periféricos en España, sobre la violencia que aún se sufre en muchos hogares y que frena el talento de muchos niños y niñas?

Seguramente, la reforma laboral no se habría aprobado y las camareras de piso no habrían sido empobrecidas porque la sociedad hubiese empatizado con la injusticia de tener a mujeres de esclavas de los turistas alemanes e ingleses, cobrando sueldos de miseria, teniendo que ir cada día empastilladas a trabajar para soportar los movimientos repetitivos y poder limpiar entre 20 y 24 habitaciones al día, con ocho minutos para cada una, y mover carros insoportables de ropa sucia, productos de limpieza y toallas recién lavadas.

Si nos damos una vuelta por los niveles de participación electoral, donde más abstención existe es precisamente en los barrios obreros, que en algunos casos roza el 50% sin que nadie se pare a pensar por qué hay zonas donde la mitad de la población no se siente interpelada con la democracia.

Estela Goicoetxea ha hecho bien en dimitir porque ha engañado, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es por qué el derecho a ser elegido representante público se ha reducido a los titulados universitarios. O mejor dicho, ¿por qué nuestro sistema democrático ha normalizado que un fontanero o una limpiadora no puedan ser representantes públicos si la democracia precisamente de lo que va es de que estén presentes todas las ideologías, todas las clases sociales, todos los géneros, todas las orientaciones sexuales, todas las razas?

Hasta que las peluqueras, las cajeras, los camareros o los albañiles no se sienten en el Congreso de los Diputados y sean incluidos en listas electorales con la misma autoridad moral que lo hacen los periodistas, catedráticos, enfermeros, médicos profesores o abogados, los diputados serán extraterrestres. Pero como el discurso que triunfa es el del clasismo, pues claro, luego nos vemos a una joven de 29 años falseando su curriculum para decir que es licenciada en Biotecnología. Que ya podría haber dicho que era, no sé, Técnico de Laboratorio.

Pero no, si hubiera dicho que era Técnico de Laboratorio no habría sido válida para ocupar un alto puesto en la administración pública, porque los representantes públicos tienen que tener estudios superiores, un MBA de Harvard, hablar siete idiomas y, a ser posible, tener apellidos compuestos. La gente trabajadora, además de haber sido empobrecida, ha sido expulsada del relato público y de las instituciones sin que nos estemos dando cuenta. Como defienden Arantxa Tirado y Ricardo Romero, autores del libro ‘La clase obrera no va al paraíso’, ¿y si empezamos a pedir cuotas de clase en las listas electorales para que sean los más parecidas a la composición real de la sociedad y se pueda ser diputado siendo limpiadora con la misma autoridad moral que una catedrática de Derecho Constitucional?

@RaulSolisEU