Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Editorial de P36
Como consecuencia de los resultados de las próximas elecciones en Cataluña y en el Estado es probable que se configurare un nuevo modelo de distribución del poder territorial cuyos cambios solo serían comparables a los que tuvieron lugar durante la transición a la democracia. Al igual que entonces Andalucía tiene el riesgo de no ser reconocida como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización como comunidad nacional y de sufrir un desplazamiento hacia posiciones de discriminación territorial.
Durante aquella transición las y los andaluces intuyeron que la democracia, el reparto del poder territorial y el autogobierno eran las herramientas para salir del atraso y avanzar en la justicia social y la igualdad. Y su esperanza ganó las calles en los días históricos del 4 de diciembre de 1977 y 1979 y en las urnas el 28 de febrero de 1980. A pesar de tener en contra al gobierno de la UCD y de tener que superar un referéndum en el que se exigía no solo ganar sino que el sí superase el 50% del censo en cada provincia, conquistamos el derecho a ser reconocidos como nacionalidad histórica: a no ser como “los demás”, sino a ser como “los que más”.
Andalucía, después de conquistar la Autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, ha vivido uno de los períodos más relevantes de nuestra historia con luces y sombras. Entre las luces: el regreso a la democracia, la conquista de la autonomía, la integración en Europa y una sustancial mejora en el bienestar absoluto de los andaluces y andaluzas.
Entre las sombras: el modelo económico andaluz se ha basado en el consumo del territorio, en la insuficiente transformación industrial de nuestros recursos, en la dependencia exterior de importaciones tan importantes como la energía y en servicios con escasa innovación. Hemos perdido el músculo financiero, nuestra industria es débil y, salvo honrosas excepciones, la neoindustria apenas existe. La corrupción nos avergüenza. Y la cultura y la identidad andaluzas, que han sustentado históricamente nuestros valores de resistencia, están tan desactivadas que apenas son reconocibles.
En el Estado, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP paralizaron el desarrollo esperado del Estado de las Autonomías hacia una estructura plenamente federal fundamentado en la naturaleza plurinacional del Estado, al mismo tiempo que imponían un desarrollo económico desarticulado y fuertemente especulativo.
Ambos procesos, la mala orientación del modelo económico y político andaluz, que ha agudizado la las consecuencias del modelo especulativo que los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han impulsado en el Estado, y la frustración del desarrollo federal, que ha sido sustituido por un proceso de recentralización y asimetría, han impedido corregir la desigualdad con la media española: el PIB sigue siendo un 25% inferior a la media española y la tasa de paro andaluza, que a comienzos de los 80 se distanció 10 puntos de la española, se ha mantenido fija durante todo este tiempo e indiferente a las coyunturas de la economía.
Especialmente significativa son las diferencias de renta con el País Vasco, Navarra o Madrid. Estas comunidades son las que tienen un régimen propio de financiación de concierto económico (País Vasco y Navarra), o en el caso de Madrid goza de los privilegios, de facto y de iure, de beneficiarse del “efecto capitalidad”. Por el contrario, Andalucía ha figurado habitualmente entre los territorios más perjudicados desde un punto de vista financiero, pero sobre todo con el vigente acuerdo de financiación autonómica. Todo ello ha provocado que actualmente seamos la región de Europa con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea.
Además, la debilidad democrática, territorial y económica del modelo español hizo que la crisis global se transformara en una crisis del Estado. Los últimos gobiernos del PP han convertido esta crisis en una crisis social y territorial mediante un duro proceso de recentralización, privatización de los servicios públicos y recorte de los derechos sociales y laborales.
Frente a la crisis del Estado ha habido dos potentes reacciones. Por una parte, el 15M que logró generar una interpretación colectiva de la crisis opuesta a la que se propagaba desde los poderes dominantes y que reivindicaba la democracia, el espacio público y el protagonismo ciudadano frente a la dinámica de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas y por otra la movilización de la sociedad catalana frente a la frustración que supuso la sentencia del tribunal Constitucional menospreciando los Estatutos de Autonomía al tratarlos como simple ley autonómica y no como un pacto bilateral entre una comunidad y el Estado, elaborado y aprobado por las Cortes Generales y refrendado directamente por los electores de la Comunidad Autónoma.
Desde Andalucía nos solidarizamos con el Pueblo catalán por su demostración de fuerza y conciencia nacional y no podemos ocultar una sana envidia por su unidad y determinación que en cierta forma nos recuerdan las manifestaciones que durante algunos años protagonizó el Pueblo andaluz el 4 de diciembre. La ciudadanía catalana tiene derecho a decidir por cauces democráticos su configuración dentro o fuera del Estado y este derecho no tiene por qué significar dramatismo alguno ya que al formar parte de la Unión Europea los cambios no serían sustantivos: ni moneda ni fronteras distintas.
Desde Andalucía y desde el respeto a la decisión que puedan tomar los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, entendemos que la solución federal basada en la naturaleza plurinacional del Estado es mucho más efectiva para defender los intereses populares frente al neoliberalismo depredador y que el riesgo para Andalucía es que como consecuencia del conflicto se opere una redistribución del poder territorial que acentúe aún más la asimetría y la desigualdad que sufrimos.
Ante la extraordinaria trascendencia del escenario político posterior a las elecciones generales y la perspectiva de una reforma constitucional que podría pretender la consagración de una realidad contraria al desarrollo territorial equitativo, equilibrado y sin privilegios, el nuevo andalucismo ecologista y social puede proporcionar un proyecto de construcción de un modelo de Estado desde la justicia, la equidad y el pluralismo pero que en ningún caso permita la aparición de desigualdades y privilegios. Los antecedentes de Navarra y País Vasco son bien elocuentes de que este tipo de errores pueden volver a producirse.
Reivindicamos una reforma constitucional que diseñe un modelo federal, cooperativo y plurinacional, en el que todos los poderes estén distribuidos, limitados y sometidos a la Constitución y los Estatutos, bajo el principio de distribución de competencia entre ellos y no en el de jerarquía. Defendemos la separación de los conceptos de estado y nación y la soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, Estado central y Comunidades Autónomas). Reivindicamos el autogobierno real para las Comunidades en un plano de igualdad y el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea y la previsión de mecanismos para hacer efectivo el derecho a decidir de un territorio de forma pacífica y democrática tal como dictaminó por ejemplo la Corte Suprema de Canadá o como sucedió con la separación entre Chequia y Eslovaquia o en el referéndum escocés.
Necesitamos refundar nuestra Autonomía para, además de defender un modelo federal en España y en Europa, poner nuestro Autogobierno al servicio de Andalucía y construir un modelo propio económico, social, político y cultural capaz de generar empleo y afrontar los retos de la crisis de la globalización, defender los derechos sociales y laborales, tener capacidad de presión en el estado y en la UE y profundizar en la democracia participativa.
Por ello es imprescindible que la sociedad andaluza recupere su dinamismo: necesitamos una marea por la igualdad de Andalucía con unos objetivos sociales muy claros y con la prioridad de avanzar en la creación de empleo para conseguir alcanzar al menos la misma tasa que la media de la Unión Europea.
