Primavera Andaluza exige la prórroga de la ayuda de 420 euros para evitar más episodios de desesperación social

Primavera Andaluza. Nota de Prensa |  Pilar González, portavoz de Primavera Andaluza, pide al ministro del Interior que retire la “orden de persecución” contra los sindicalistas del SAT, porque “no es ni un juez ni un sheriff”. Y recuerda al ministro de justicia “o actúa con la misma agilidad contra los responsables de Bankia y del fraude de las preferentes, o estará inhabilitado por demostrar que la justicia no es igual para todos.”

González compara la urgencia con la que el Gobierno central está actuando para “perseguir” a los líderes sindicales y la “insensibilidad” que refleja el hecho de que aún no se haya anunciado si se piensa prorrogar la prestación de 420 euros para las personas sin empleo porque el Gobierno está de vacaciones. En este sentido, González recuerda que la prestación de 420 euros termina esta semana y su no renovación “condenará a la pobreza extrema a más 500.000 andaluces sin ningún tipo de ingresos”.

Para Pilar González “es insultante que 76 años después del asesinato de Blas Infante sigan existiendo miles de andaluces con hambre y con pobreza”. En esta línea, la portavoz de Primavera Andaluza está convencida de que la solución pasa por la autonomía andaluza, ya que el Gobierno central “está más preocupado en rescatar con dinero público a los bancos que desahucian a las víctimas de la crisis que en prorrogar la ayuda económica para quienes carecen de cualquier ingreso”.

Por último, en caso de que el Ministro del Interior no retire la persecución contra los líderes del SAT, estará inhabilitado como gobernante. Igual que si el Gobierno no resuelve la prórroga de la ayuda de 420 euros a las personas que no tienen más esperanza, la Ministra de Trabajo, el de Hacienda y el propio Presidente del Gobierno deberían presentar su dimisión por su incapacidad demostrada para resolver un problema que afecta de manera vital a cientos de miles de personas. La líder de Primavera Andaluza no justifica la acción del SAT, pero  reclama al Gobierno central que “atienda el fondo del problema y sus futuras consecuencias en lugar entrar en el juego mediático para demostrar quién es el sheriff del condado.”