Privatizaciones porque sí

Manuela Martínez | Curioso cómo hay noticias que pasan sin pena ni gloria mientras que otras se amplifican hasta la extenuación. Imagino que no es casual, que es así como el poder quiere que sea y son muchos los medios a su disposición para conformar una opinión pública mayoritariamente favorable, neutra u hostil, según les interese.

Hoy me he topado con una de esas noticias efímeras que dará poco que hablar. Y no es sólo porque estemos en pleno verano. Me refiero a la privatización del superhidroavión de lucha contra el fuego “Bombardier CL-415”, adjudicado por vía de urgencia, sin concurso público, a la compañía INAER. Un avión que nos costó la friolera de 26,5 millones de euros y que ahora el gobierno entrega a una empresa privada, en lugar de hacerlo al Ejército del Aire, que lleva años gestionando a plena satisfacción y con un ahorro importante para las arcas públicas, los aviones apagafuegos propiedad de Medio Ambiente.

Tejerina, la sucesora de Cañete en el ministerio, utilizó las palabras mágicas para justificar la opción de privatizar la gestión del avión: “ofrecía mejores garantías y le costaba menos a los ciudadanos españoles”.

Lo de mejores garantías habrá que ponerlo en cuarentena, teniendo en cuenta el buen historial del Ejército del Aire en esta materia, y lo del menor coste para los ciudadanos es un auténtico camelo, como demuestran las privatizaciones de servicios públicos que conocemos. De hecho, independientemente del precio del contrato, desde el propio sector hay voces que sugieren que el verdadero negocio de INAER está en llevarse el avión a Chile en invierno. O sea, una empresa privada alquilará un bien que es propiedad del Estado español, o sea de todos nosotros, y los beneficios que obtenga engordarán su cuenta de resultados. ¡Menudo negocio hemos hecho los españoles!

Una vez más, el gobierno utiliza la crisis económica y la manida austeridad para enmascarar decisiones puramente ideológicas, como es la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento de lo público en general. Recuerdo que hace un mes otra noticia “efímera” quedó medio oculta en la vorágine mediática que conforma los estados de opinión. Me refiero al desmantelamiento de los Servicios Públicos de Empleo (SPEs) y, más concretamente, al proceso de privatización de los servicios públicos de inserción e intermediación laboral que venían prestando los SPEs a las personas inscritas como desempleadas.

Se trata de una decisión de gran calado que supone, de facto, recortar en un 50% la partida presupuestaria destinada a la modernización de los SPEs y en un 30% el presupuesto de las políticas activas de empleo para financiar 80 agencias de colocación privadas. Y esto ocurre en el país europeo campeón del desempleo y de la precariedad laboral. El mismo que decidió prescindir de 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajaban en los SPEs cuando España rozaba los 6 millones de parados. Pura coherencia, vamos.

El riesgo de esta privatización es obvio, el afán de lucro puede convertir a los demandantes de empleo en mera mercancía y a los objetivos generales de las políticas de empleo en papel mojado, ante la ausencia de control del gobierno central y la discrecionalidad de los convenios entre las Comunidades Autónomas y las agencias privadas de colocación.

Se trata, pues, de una nueva reforma de gran calado, impuesta por el gobierno, sin los preceptivos periodos de consulta y negociación con los interlocutores sociales, y que se salda con un nuevo incumplimiento que deja entrever el escaso interés del gobierno por el principal problema de nuestro país, el paro. Me refiero al compromiso de dotar a los SPEs con los medios humanos, materiales y técnicos adecuados, que les permitan prestar con garantía los servicios de calidad a los que todos los ciudadanos tienen derecho.

Otra vez por Real Decreto, de forma precipitada y con poco ruido mediático, para eso, para que pasen sin pena ni gloria sus privatizaciones porque sí, por pura ideología.

@Manuela_MJ