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Representantes de PSOE-A, PP-A, IULV-CA y Partido Andalucista (PA) mantendrán este viernes una reunión en el Parlamento andaluz para intentar alcanzar un consenso en relación con la proposición de Ley Orgánica, presentada por el grupo parlamentario socialista, para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz y sobre lo que el Congreso de los Diputados tendrá la última palabra.
El PSOE-A ha tomado la iniciativa de celebrar esta reunión con el fin de que la citada proposición de ley pueda contar con el respaldo unánime del Parlamento en la sesión plenaria extraordinaria que se celebrará el próximo martes.
Aunque el Partido Andalucista no cuenta actualmente con representación en el Parlamento andaluz, sí participará en la reunión ya que, en su día, sí estuvo presente en los debates para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que contaba con diputados en la Cámara autonómica.
El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, expresó ayer que, con esta reunión, «estamos ante una oportunidad de oro para que en una cuestión vital haya posibilidad de alcanzar un acuerdo y un consenso». A su juicio, sería muy importante que esta iniciativa llegara al Congreso de los Diputados con el aval y el respaldo del conjunto de fuerzas en el Parlamento.
La proposición de ley orgánica plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.
Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).
La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.
La Junta de Andalucía gestiona provisionalmente, desde el pasado mes de abril y por un periodo de seis meses, los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Guadalquivir que se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución transitoria, acordada con la Administración central y concretada en una encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, permite asegurar la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión de la cuenca, cuyos medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de evitar que la sentencia del TC suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.
