Público y Privado: Equidad y Economía

Antonio Aguilera / La defensa de un estado público potente o la apuesta por un desarrollo amplio de todo tipo de actividades desde la iniciativa privada, hace tiempo que ha superado el ámbito de las ideologías.

Es necesario entender que una posición ideológica de izquierdas no tiene por qué aferrarse al concepto de que determinados servicios, determinadas actividades sólo puedan ser desarrolladas desde el ámbito público, desde todos y para todos. Y los que se sientan en posiciones neoliberales en estos momentos deben renunciar al concepto de privatización por el simple hecho de adelgazar los servicios del estado.

El debate, la dicotomía entre lo público y lo privado se me empieza a parecer a cuando, de niños, nos preguntaban si queríamos más a papá o a mamá. Para adoptar hoy una postura y una decisión en este ámbito, resulta necesario ir un poco más lejos de una simple posición y clásica postura ideológica en la que a veces nos refugiamos para justificarnos ante el mundo y ante nosotros mismos. Posiciones férreamente defendidas, en demasiadas ocasiones sin mayor calado que las provocadas por las reminiscencias del color del último voto depositado en la urna.

Aunque la ciencia avanza que es una barbaridad y la exploración de nuevas dimensiones no cesa, para ir decidiendo sobre una ubicación de qué servicios y actividades deben realizarse desde lo público y cuales desde lo privado, quizás baste con dos dimensiones: La Ética y la Economía, las cuales pueden aplicarse, debidamente ponderadas, y compendiadas en dos criterios, los de Equidad y Eficiencia.

Porque cualquier servicio, producto o actividad que resulte necesario y valioso para una sociedad debe ser administrado con un sentido de equidad, y porque cualquier actividad que necesite recursos debe ser tratada bajo términos de eficiencia.

El debate se coloca entonces en el peso que deben tener en cada uno de los servicios, en cada una de las actividades, la equidad y la eficiencia. Es más, considerando que la obtención de resultados eficientes es una máxima en toda actividad humana, la cuestión radica en qué servicios y productos deben ser tratados en términos de equidad.

La equidad, en sentido literal es igualdad de ánimo. Su etimología, nos lleva al latín, a “aequitas”, y la mitología hasta la diosa del comercio justo y los comerciantes honestos. Tal prestigio cogió, que la aequitas augusti era considerada una virtud del emperador.

Así pues equidad asociada a justicia, a honestidad, a virtud, a verdad, a imparcialidad. Pero ¿dónde? ¿Hasta dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? La respuesta debe ser clara, para cuantos más, mejor, cuanto más lejos mejor, cuanto más tiempo mejor. Conseguir la equidad con todos, desde luego con todos los que convivimos, e incluso con los que llegarán, debe ser un reto básico en cualquier sociedad que pretenda evolucionar que aspire a mejorar.

En esencia los servicios públicos deben llegar entonces hasta donde alcance nuestra equidad. O hasta donde seamos capaces de soportarla, según se mire. Los servicios y actividades que deban de considerarse de interés general, al que todos tengan acceso en igual de condiciones serán aquellos que permitan que la sociedad en su conjunto sea un poco mejor cada día.

Aquello que de manera honesta consideremos equitativo, necesario para todos, no puede gestionarse preferentemente con criterios de eficiencia económica, sin menoscabo de que sus gestores deberán operar de manera responsable en su diseño, planificación y ejecución.

La misma afirmación, considerada desde otro ángulo permite concluir que tratar los servicios que permiten acceder a derechos fundamentales, esencialmente con criterios de eficiencia económica, provoca ineludiblemente exclusiones y desigualdades.

Entre la equidad social y la eficiencia económica se traza una gruesa línea en la que resulta complejo vislumbrar cuando debe imperar una u otra, y para colmo, de manera interesada, en la refriega política, dicha línea se hace curva hacia un lado u otro, con profusa verborrea, sin recatos, sin miramientos, eludiendo que el intencionado trazo perjudica o beneficia a determinados segmentos de la población.

El debate entre lo público y lo privado es inagotable, forma parte de lo que entendemos por comunidad, es una pieza esencial del modelo de sociedad en la que nos gustaría participar, no es una cuestión colateral, pero hagamos un debate de altura, no lo pongamos encima de la mesa como si de una estraza de churros se tratase, desde luego el tema lo merece.

Reflexionemos hasta donde alcanza nuestra equidad, la individual y la colectiva, estaremos descubriendo con ello que servicios públicos nos gustaría tener.