Manuela Martínez | Hoy 7 de octubre, volvemos a reivindicar en la calle, junto a millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, trabajo decente, de calidad, para todos, en una convocatoria promovida por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
El trabajo decente es un concepto acuñado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y con salario digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.
Según la OIT, el trabajo decente se logra a través de la aplicación de cuatro objetivos estratégicos: creación de empleo, derechos en el trabajo, protección social y diálogo social, con la igualdad de género como objetivo transversal. Basta un vistazo al proyecto de Presupuestos Generales de 2014 para comprobar que estos objetivos no están en la agenda del gobierno de Rajoy, muy al contrario, su capacidad para destruir derechos laborales, dinamitar el diálogo social, abandonar a su suerte a los ciudadanos más vulnerables y obviar el derecho a la igualdad, no tienen parangón con ningún otro gobierno de la etapa democrática. De ahí el convencimiento de que el trabajo decente sólo será posible en España con un cambio radical en la política económica y con la derogación de la reforma laboral que ha destruido casi 1 millón de empleos desde su puesta en marcha.
Pero la reforma laboral no sólo destruye empleo, es mucho más dañina: está deteriorando la calidad del empleo que se ha salvado, devaluando salarios y precarizando el poco empleo que
se crea, además de debilitar la negociación colectiva y judicializar las relaciones laborales en las empresas.
Sólo hay que echar un vistazo a las estadísticas oficiales de los Servicios Públicos de Empleo para darse cuenta de la gravedad de la situación. En el mes de septiembre, no es sólo que el paro siga aumentando, sino que además se reduce el número de afiliados a la Seguridad Social y la contratación es cada vez más precaria. De hecho, ganan peso los contratos a tiempo parcial (mayoritariamente involuntarios), tanto en la contratación indefinida, que vuelve a caer, como en la temporal, que se incrementa; y se registra la mayor cifra mensual de contratos de formación y aprendizaje desde 2007. Precisamente los que ofrecen salarios más bajos y peores condiciones laborales.
Con este panorama, es natural que la emigración en España se haya convertido en una opción “forzosa” para decenas de miles de trabajadores y trabajadoras. Al parecer, 225.000 personas han emigrado de 2008 a 2012, según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y 700.000, según el estudio realizado por Amparo González-Ferrer, investigadora del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, titulado: La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no.
Por todo esto y porque con el pretexto de la crisis económica y financiera a nivel mundial están precarizando las condiciones de trabajo, destruyendo empleo y degradando la vida de millones de personas y abocándolas a la pobreza, nos movilizamos por un empleo decente en España y en el resto del mundo.
Yo voy ¿y tú?
@Manuela_MJ