Rafa Rodríguez
Si ayer conocíamos la detención de Zaplana, quien ha sido un personaje central en la historia del PP, hoy hemos conocido la sentencia del caso Gürtel en la que, además de condenar a 51 años de cárcel a Correa, 33 para Bárcenas y altas condenas para otros 27 encauzados, ratifica la condena al Partido Popular como organización que se lucró de la trama y que contaba con una caja B en donde ocultó decenas de millones.
El PP está cercado por los procesos judiciales en los que se están juzgando a cientos de responsables políticos de ese partido, inmersos en los grandes escándalos de corrupción: están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de CCAA, cinco expresidentes de diputaciones, cinco parlamentarios, 18 consejeros de CCAA, tres extesoreros nacionales y hasta 800 concejales y cargos menores.
Ya no es posible seguir eludiendo las responsabilidades. Rajoy no puede seguir siendo el Presidente de Gobierno porque también es el presidente de un partido condenado por corrupción mediante sentencia judicial. La sentencia de Gürtel es todo un catálogo de los delitos del Código Penal: los 29 condenados lo son por esta ristra de delitos, asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.
Un partido con esos niveles de corrupción estructural no puede ocupar el gobierno del Estado ni representar a la ciudadanía ni quedar impune ante la opinión pública internacional. Se trata de defender lo básico, la salud democrática.
Si desde el Parlamento no hay capacidad para echar a Rajoy, a pesar de ser un gobierno de minoría parlamentaria, tiene que ser la ciudadanía la que defienda la democracia y diga basta¡ porque hoy la pasividad nos haría cómplices de esta burla a la democracia.
Pedimos la dimisión inmediata de Rajoy como Presidente de Gobierno para que asuma sus responsabilidades, como presidente de un partido con múltiples casos de corrupción y condenado él propio partido por corrupción, y la convocatoria de elecciones generales.