Recuperar la calidad de la sanidad pública andaluza

Rafael Cañada Núñez

(Miembro de Marea Blanca de Málaga)

El gobierno andaluz actual no sólo no soluciona el deterioro continuado de la Sanidad Pública, sino que además la está privatizando a marcha forzada, utilizando para ello métodos diversos. La Ley General de Sanidad de 1986 en su artículo 90 ya preveía la contratación de servicios privados, pero advertía que: “A tales efectos, las distintas Administraciones Públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios” (1). Esta ley se ha estrujado y tergiversado al máximo en distintas comunidades autonómicas externalizando y privatizando servicios a la vez que se menguaban los propios públicos. Ya hay varias áreas sanitarias en Andalucía cuyo hospital de referencia es totalmente privado, sobre todo en Cádiz y Sevilla.

En Andalucía ha aumentado durante 2022 el gasto  y la derivación  de pacientes a centros privados para operaciones y estudios diagnósticos (radiografías, resonancias,…), infrautilizando los servicios propios. En 2023 está previsto un incremento del número de  un 25% más.  Esto está ocasionando, por ejemplo, que los residentes en formación de Cirugía General y Traumatología del Hospital Regional de Málaga corren el peligro de no poder formarse adecuadamente por falta de operaciones.

La Atención Primaria sigue colapsada con 10 días de media de demora presencial, abandono  de la atención comunitaria, y de actividades de prevención y promoción de la salud. Hay pueblos que han visto reducida la atención o directamente se han quedado sin médicos o sin pediatra.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, que este año dispone de recursos europeos extra en su presupuesto, pretende seguir usando el dinero que hace falta para reponer plantillas y recursos de la Sanidad Pública en derivaciones al sector privado, que actúa de forma opaca, cara e ineficaz.  Y acaba de cruzar una línea roja que pone la Atención Primaria en peligro extremo: abren la puerta de los centros de salud para que pasen consulta médicos subcontratados por compañías privadas (2), quebrando de esta forma la continuidad de la relación beneficiosa médico-paciente: “La duración de la relación médico general-paciente se asocia significativamente con un menor uso de los servicios de urgencias, menos ingresos hospitalarios agudos y menor mortalidad” (3).

Hay un estudio británico que indica que la privatización/externalización de servicios  de la Sanidad Pública llevada a cabo en el Reino Unido la década pasada, aumentó la mortalidad evitable y disminuyó la calidad asistencial de cuidados (4).

La ciudadanía andaluza respondió masivamente en las calles el 25 de marzo pasado, convocada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas en defensa de su Sanidad Pública y exigiendo al gobierno actual el fin y la reversión de las privatizaciones, y la recuperación de la calidad del Servicio Andaluz de Salud.  Sabemos que este clamor del pueblo andaluz llegó al  Gobierno, ahora esperamos que reaccione. Las andaluzas y los andaluces seguiremos en las calles defendiendo nuestra Sanidad Pública.

Las siguientes medidas son las habitualmente consensuadas por diferentes organizaciones que defienden la Sanidad Pública:

1. Retirada de la Orden de 23 de febrero de la Consejería de Salud y Consumo, sobre tarificación de conciertos con entidades privadas con el fin de prestar asistencia en Atención Primaria en los centros del Servicio Andaluz de Salud.
2. Aumentar la inversión per cápita hasta al menos alcanzar la media del Estado.
3. Es necesario tener plantillas bien dimensionadas en todos los centros sanitarios y estabilizarlas en su puesto de trabajo, mediante convocatorias de oposiciones y de traslado, al menos, cada dos años.
4. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) ya hizo una estimación y propuesta sobre las necesidades de personal:

• 4000 contratos nuevos estables en Atención Primaria (1200 facultativos, 1800 de enfermería y 1000 de otros) para recuperar la atención presencial en 48h, 10 minutos por paciente, urgencia rural y atención comunitaria y preventiva.
• 4000 contratos nuevos estables en Atención especializada y hospitales (1500 facultativos, 1800 de enfermería y 700 de otros) para mantener abiertos por la tarde (hasta las 22h) 20 centros andaluces en funciones necesarias para afrontar las insoportables listas de espera.

5. Sustitución de las bajas por enfermedad, por conciliación familiar y periodos vacacionales. Cubrir todas jubilaciones.
6. Atención especial e incentivación de plazas de difícil cobertura, sobre todo de centros rurales y hospitales comarcales.
7. Dotación adecuada de Salud Mental de todas las especialidades terapéuticas.
8. Aumento del personal de cuidados y sanitario en las residencias de mayores.
9. Retribución adecuada de todos los estamentos profesionales sanitarios y estabilidad en sus puestos. Ni un profesional formado en Andalucía que emigre por falta de una oferta de trabajo decente y prolongado.
10. No a nuevas privatizaciones/externalizaciones. Revertir las existentes y evitar los despilfarros en el gasto de farmacia. El dinero de la Sanidad Pública para sus centros propios.
11. Participación real de los municipios y de usuarios en la planificación y programación de actuaciones por los centros de salud en la comunidad  a través de los Consejos de Salud.

(1) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Artículo 90. BOE nº 102, de 29/04/1986.

(2)Orden de la Consejería de Salud y Consumo de 23 de febrero de 2023.BOJA, nº 43, 02/03/2023.

(3)Continuidad en la práctica general como predictor de mortalidad, hospitalización aguda y uso de atención fuera de horario: un estudio observacional basado en el registro en Noruega. (Bergen PhD). British Journal of General Practice, 2022 febrero; 72 (715); E84-E90

(4) Tasas de mortalidad tratable en Inglaterra y subcontratación-externalización de servicios sanitarios con el sector privado, 2013-20: un estudio observacional en relación con la privatización del Servicio Nacioinal de Salud (NHS) de Reino Unido.(B Goodair MSc, A Reeves PhD), Lancet Public Health 2022;7; e683-46.

 

30 de febrero de 2023