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Esta nueva norma implica el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años y el alargamiento del período de cómputo para calcular la pensión de 15 a 25 años. El manifiesto firmado por numerosas asociaciones de mujeres titulado, ‘Por la igualdad de género en el sistema de pensiones’, explica que la menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres, marcadas por la feminización del cuidado de hijos, hijas y familiares dependientes, provoca en las mujeres ‘lagunas de cotización’.
Este fenómeno, unido a los restos del franquismo que excluyó a las casadas del empleo, lleva a que la pensión media de las mujeres sea actualmente de 599 euros, casi un 40 por ciento inferior a la de los hombres. Además, la Pensión No Contributiva en España (PNC) es de unos 340 euros mensuales y son mujeres más del 70 por ciento de las personas beneficiarias de dichas pensiones. Todos estos factores unidos explican que una de cada cuatro mujeres en este país viva bajo el umbral de la pobreza (401 euros mensuales).
Incrementar de 15 a 25 años el período de cálculo incrementará la discriminación de las mujeres debido a esas ‘lagunas’ cuya mayor penalización, dice Pazos Morán, sería razonable si se eliminasen “las causas de esas lagunas que luego se penalizan. Desgraciadamente, ese no es el enfoque”.
Nina Infante, del Fórum de Política Feminista, considera que esta reforma supone un absoluto trato discriminatorio para las mujeres. “Nos hemos incorporado más tarde al trabajo y trabajamos mucho más a tiempo parcial debido a ese tradicional esquema del cuidado. Con esta ampliación, tendremos que cubrir muchos más años que los hombres para alcanzar la misma pensión”, explica.
Los parches
Entre los cambios introducidos en el texto legislativo a lo largo de su trámite parlamentario, se encuentra, por ejemplo, la introducción de una enmienda, tras llegar a un acuerdo con CCOO y UGT, para integrar a las personas trabajadoras del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. El Partido Popular, por su parte, presentó una enmienda en el Senado para retirar dicha inclusión por considerarla un aumento de los costes económicos “incongruente”, que finalmente no salió adelante.
Otras de las ‘mejoras’ introducidas es que las viudas que carezcan de otras rentas verán incrementada la base reguladora de su pensión del actual 52 por ciento a un 60, o la posibilidad de sumar cinco años de cotización a quienes hayan interrumpido su carrera profesional para el cuidado de su descendencia. Se computará como período cotizado “la interrupción de la cotización derivada de la extinción laboral o de la finalización del cobro de prestaciones producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres anteriores a la adopción o acogimiento permanente, y a la finalización del sexto año posterior a dicha situación”. Este derecho solo se reconocerá a uno de los progenitores, que en caso de controversia siempre será la madre.
Para Carmen Bravo, secretaria confederal de la Mujer de CCOO, estas iniciativas suponen “medidas de acción positiva para compensar el perjuicio laboral que supone para las mujeres actualmente la atención a la descendencia”. Pazos Morán tiene otra visión. Considera que no compensa: “Echemos cuentas y veamos el perjuicio de que una madre interrumpa su carrera profesional para tener descendencia”. En su opinión esta medida es una “penalización a todas las mujeres” que serán vistas por las personas empleadoras como “ausencias” potenciales.
Infante coincide en que se trata de una “trampa que parece un regalo”. En su opinión, lo que consigue esta medida es volver a depositar en manos de las mujeres las tareas de cuidado en vez de compartirlas al 50 por ciento con los hombres. Así “no se favorece la corresponsabilidad”.
Las propuestas de las mujeres
“Cuando las mujeres jóvenes se deciden a tener hijos, se encuentran sin servicios públicos de educación infantil accesibles, con maridos que no comparten, con empresarios que las penalizan y, además, con importantes incentivos económicos a las familias para que ellas abandonen definitivamente sus empleos”, apuntaba en su artículo María Pazos.
Lo ideal, en opinión de la autora del libro ‘Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI’, sería que ninguna persona tenga que interrumpir su carrera profesional por tener hijos o hijas, lo cual, por otra parte, constituye un bien social. “Hay que aumentar la tasa de fecundidad para la sostenibilidad del sistema pero, precisamente, no se conseguirá hasta que las mujeres no estén en condiciones de elegir ser madres sin perjuicios para sus empleos”. Infante añade que el camino que se está siguiendo no es el adecuado para acabar “con la actual huelga de vientres”.
Para Carmen Bravo la solución pasa por crear empleo porque “las mujeres seguimos en un paro estructural al que perjudica el ensanchamiento en los períodos”. Según ella, existe la necesidad de crear empleo entre las personas jóvenes o “no tendrán trabajo ni hombres ni mujeres. Sin embargo, los hombres tienen más expectativas de quedarse en el mercado laboral una vez que han accedido a él”.
Las propuestas de las asociaciones de mujeres son claras. Lo primero, no elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación, pues el incremento de cotizantes pretendido se conseguiría más ampliamente con la incorporación de 1,8 millones de mujeres al empleo, sin perjudicar la salud y el desempleo de las personas de 65 a 67 años. Además, no aumentar de 15 a 25 años el periodo de cotización ni el cómputo para la pensión, porque penalizaría especialmente las lagunas de cotización de las mujeres.
En cuanto a la conciliación, proponen la reducción general de la jornada laboral y su compatibilidad con el cuidado de menores o dependientes, y no incentivar el tiempo parcial de mujeres. Consideran, además, que el reparto familiar del cuidado no basta: piden la cobertura pública de la demanda de educación infantil de calidad desde los 0 años y de servicios profesionales públicos de atención a la dependencia.
También equiparar las Tasas de ocupación de mujeres y hombres, sin incentivar las excedencias y prestaciones para el cuidado incompatibles con el empleo y la cotización normales. Lo permisos de maternidad y paternidad deben ser, según su manifiesto, iguales e intransferibles. Por ello, exigen restituir el permiso de paternidad de cuatro semanas ya legislado.
Por último, proponen una transformación progresiva de la pensión de viudedad que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la dependencia de las casadas jóvenes así como la equiparación de las PNC al mínimo general de las pensiones. Pazos Morán concluye que el confinamiento de las mujeres en el hogar proporciona a las empresas hombres totalmente disponibles y el capitalismo salvaje no entiende de razones sociales.
La nueva reforma de las pensiones perjudica a diversos colectivos como jóvenes o mayores. Desgraciadamente, una vez más, el género se convierte en una discriminación transversal, un problema añadido. Porque la difícil situación de una persona joven, una persona mayor, una persona inmigrante o una persona con discapacidad se complica si además es mujer.
