Renta Básica Andaluza ¡Ya!

En medio de la mayor crisis económica que hemos conocido se cumplen dos años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. Las fuerzas políticas andaluzas mantuvieron posiciones diferenciadas sobre el texto estatutario, fundamentalmente por lo que se refiere a financiación y la asunción de nuevas competencias. Sin embargo, los capítulos dedicados a nuevos derechos sociales, suscitaron un acuerdo básico general en el Parlamento y, sin duda, suponen un progreso democrático de trascendencia.
Dos años después de su aprobación, los treinta y seis nuevos derechos sociales que contemplaba el nuevo estatuto siguen sin haber recibido el imprescindible desarrollo legislativo y, lo que es peor, aún no se ha establecido un calendario para su aprobación en los próximos meses. Sin embargo, consideramos que el desarrollo de los nuevos derechos sociales del Estatuto resultan inaplazables para la ciudadanía andaluza, mucho más en la actual situación económica.
Vamos a referirnos, fundamentalmente, a la llamada renta básica de Andalucía. Dice el Estatuto en su artículo 23, apartado segundo, lo siguiente: “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”.
En el momento de la aprobación del Estatuto, casi medio millón de andaluces se encontraban en riesgo de exclusión social y en un grave estado de necesidad. Ahora esta cifra se ha incrementado vertiginosamente ante el gran número de personas que agotan las prestaciones de desempleo o , simplemente, carecen de tal derecho. Basta decir que un tercio de las personas paradas en Andalucía, casi trescientas mil, no disfrutan de ningún tipo de cobertura social.
En esta situación, el desarrollo del artículo 23 del Estatuto de Autonomía debe convertirse en una prioridad del gobierno andaluz y de todas las fuerzas políticas y sociales de nuestra comunidad. Se trata de una medida de un fuerte contenido social ya que aliviará la situación de pobreza y de exclusión de centenares de miles de hombres y mujeres de Andalucía, pero también es una inversión que el conjunto de los andaluces hacemos en integración y en solidaridad.
Es preciso diseñar este nuevo modelo de protección de Andalucía de una forma ambiciosa y no cicatera para que no se convierta en una prolongación del actual salario social con sus enormes deficiencias. Así, es imprescindible que la Comunidad Autónoma garantice unos ingresos equivalentes al Salario Minímo Interprofesional, a todas las personas que se encuentren en paro o en situación de desprotección social, sin distinción de ciudadanía y tomando como base el derecho individual que les asiste. Del mismo modo también es necesario complementar las rentas de aquellos que reciben algún tipo de prestación pero que no alcanzan los recursos necesarios para una subsistencia digna.
Desde Paralelo36 hacemos esta exigencia sin ningún tipo de afán partidario y desde posiciones políticas diversas, convencidos de que el desarrollo de las políticas sociales es un instrumento fundamental para combatir los peores efectos de la crisis económica que se ceba en los más débiles.
Andalucía debe emprender, por fin, una profundización en el Estado del Bienestar, dando respuesta a los nuevos retos que plantea la globalización, con nuevos derechos, nuevas responsabilidades y nuevos sujetos. La pobreza de una gran parte de nuestra población no puede ser ignorada por un Estado que se define a sí mismo como Social y que tiene en las políticas de servicios sociales uno de sus justificantes legitimadores. Por ello, reclamamos un proyecto de ley urgente que de cumplimiento al mandato estatutario y hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales andaluzas para que se unan a la reclamación de este derecho social básico, incluso si es necesario recurriendo a la Iniciativa Legislativa Popular que permite que la ciudadanía reclame en forma de ley lo que los gobernantes han olvidado.