Retroactividad en renovables, descrédito internacional para España

Esta es la idea de base detrás del concepto de retroactividad, una figura asumida por el Ministerio en la reunión que mantuvo con las asociaciones fotovoltaicas el pasado miércoles, en la que propuso una rebaja retroactiva del 30% sobre las tarifas que él mismo aprobó para instalaciones ya en uso. Esta rebaja se argumenta por parte del Ministerio en una supuesta sobreproducción de las plantas fotovoltaicas, lo que es totalmente falso y desmonta por sí solo el argumento de base utilizado por el Ministerio.

La Asociación Empresarial Fotovoltaica, a la que pertenece mi empresa, ha expresado siempre su rechazo a esa figura, que considera contraria a derecho. Es una medida que pone en serio peligro los más de 23.000 millones de euros invertidos en el sector. Además, con la retroactividad se estaría dañando, quizá de forma irreversible, la imagen de nuestra política económica ante los mercados internacionales.

Al margen de otras consideraciones, hay un argumento falso que suele emplearse al hablar de retroactividad y que conviene precisar. Me refiero a las supuestas elevadas rentabilidades de los activos fotovoltaicos antiguos. Es falso porque esas inversiones se hicieron a costes antiguos, con riesgos diferentes, y sus rentabilidades ya fueron ajustadas en su momento. Los ingresos están en línea con los previstos, con las variaciones positivas y negativas provocadas por la irradiación, que en general compensan años de mayor sol con años más lluviosos. No hay palancas que les permitan bajar ahora las tarifas.

El fuerte crecimiento experimentado por el sector fotovoltaico en 2008 ha permitido tanto su consolidación nacional e internacional como la inmediata y acentuada curva de abaratamiento de componentes seguida desde entonces. Ahora bien, ese abaratamiento posterior no supone en absoluto que los precios anteriores no fuesen mucho más elevados. De hecho, las rentabilidades obtenidas por los inversores que pusieron en marcha instalaciones en 2007 y 2008 fluctúan entre el 6,5% y el 8% a un horizonte de 25 años, plenamente en línea con lo que la Ley del Sector Eléctrico define como «rentabilidades razonables».

Todas las inversiones que se efectuaron antes de septiembre de 2008, y se acogieron al Real Decreto 661, tuvieron un coste de inversión mucho más elevado que las actuales, debido al menor desarrollo de la tecnología, al mayor coste de fabricación de los paneles, al elevado precio del silicio y al mayor coste de instalación de las plantas, en gran parte precios especialmente altos por la enorme demanda provocada por el hecho de que en España, si las plantas no estaban conectadas el 29 de septiembre, no tenían tarifa, y entonces no se conocía el régimen económico posterior.

Una parte sustancial de los 23.000 millones de inversión acumulada en el sector fotovoltaico se produjo esos años. El apalancamiento medio de dichos proyectos oscila entre el 80% y el 90%, con los tipos de interés cerrados a coberturas a largo plazo y unos spreads muy inferiores a los actuales. El resultado es una deuda cercana a los 20.000 millones de euros, repartida mayoritariamente entre cajas y bancos nacionales e internacionales y sin posibilidades de refinanciación.

Con estas circunstancias, en proyectos tan intensivos en capital como son los fotovoltaicos, donde además ya hay muy reducidos costes de explotación, no existen palancas que permitan asumir una bajada de las condiciones tarifarias respecto a las que se emplearon en su momento para tomar las decisiones de inversión. Se trata de costes hundidos, inmodificables, que, de no poder recuperarse ante una modificación regulatoria de las tarifas, implicarían pérdidas patrimoniales completamente ajenas a la gestión y a las decisiones de los inversores.

Hemos dicho varias veces que el recorte retroactivo de las primas hunde la energía solar, y, lamentablemente, es así. De hecho, todo el sector de las energías renovables estaría en serio peligro de desaparición. Las condiciones del mercado pasarían a ser totalmente arbitrarias, con unas reglas del juego que podrían cambiarse a voluntad en cualquier momento. ¿Quién va a querer invertir en España con semejante incertidumbre? Esto puede contagiar a otros sectores regulados, como el de las infraestructuras, donde el Ministerio de Fomento está ofreciendo estas semanas rentabilidades de hasta el 10%.

El ruido sobre la posible retroactividad en la regulación de las renovables está llegando a los mercados financieros internacionales de forma preocupante, agravando la pérdida de confianza de España y poniendo en riesgo la llegada de capitales a nuestro país.

Además de subvertir la confianza internacional en nuestro país y de condenar a la extinción al sector de las energías renovables, el resultado de la retroactividad será demoledor para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que se quedarían sin uno de los muy escasos instrumentos de captación de recursos y creación de empleo de los que disponen en estos momentos.

En lo que respecta a la energía solar fotovoltaica, después de que España haya conseguido una posición internacional destacada y del esfuerzo que ha supuesto en inversiones, resultaría una triste paradoja que la retroactividad y la inseguridad jurídica e inversora extingan, solo dos años después, todo ese tejido industrial y tecnológico. Justo cuando los avances en tecnología permiten abaratar gradual y significativamente el coste de la fotovoltaica y cuando nuestra experiencia nacional e internacional podría haber empezado a rendir sus frutos en materia de empleo y generación de riqueza.

La incertidumbre regulatoria tiene ya paralizados más de 10.000 millones de euros en nuevos proyectos, tanto fotovoltaicos como de otras tecnologías renovables. Se trata de una cifra significativa en un momento en el que la inversión pública está cayendo y todos los apoyos son pocos para crear empleo e impulsar el crecimiento del país.