Riesgo inminente

Aunque no soy muy partidario de dejarme llevar por este tipo de indicadores, parece que el que señala el peligro de quiebra del Reino de España indica «riesgo inminente». Es normal.
Las autoridades europeas están dejando que los especuladores presionen sin cesar a los estados y esa presión ejercida libremente es siempre definitiva y letal porque, cuando no hay respuestas, juegan con la ventaja de saber casi con la certeza que van a poder someterlos.
España, como Portugal, y antes Irlanda, Grecia y otros varios países del Este de Europa ya capturados, están en situación de emergencia. 
La pasividad de las autoridades europeas empieza a ser, como decía en un artículo reciente el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, mucho peor que criminal, es un error. Un error, que a mí me parece de incalculables consecuencias.
tanto es así, que ya no somos solamente los economistas de izquierdas quienes pedimos una intervención urgente del Banco Central Europeo, comprando deuda y mostrando así a los especuladores que no tienen nada que hacer, para evitar el desastre.
Hasta personas como Felipe González y el portavoz del grupos parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados lo han pedido.
Lamentable e incomprensiblemente, el gobierno se empeña en mirar a otro lado y sigue cediendo al chantaje, como si eso se hubiera demostrado en algún momento que es la solución. Una cesión continuada que nos aboca sin remedio al desastre.
Tengo la impresión de que la presión contra España va a aumentar en los próximos días y que muy posiblemente no lleguemos ni a Navidad. 
Los especuladores no van a parar y los acreedores saben que cuanto antes apuntalen sus créditos más garantías tendrán de hacerlo sin demasiada presión social y con la mayor facilidad que proporciona el factor sorpresa.
El «rescate» de una economía consiste en realidad en salvar a los bancos acreedores y a los grandes capitales imponiendo la suscripción de una financiación leonina acompañada de políticas que les den más libertad todavía y mejores condiciones de negocio. Y los acreedores de España tienen prisa por conseguirlo porque saben que al gobierno se le está acabando la posibilidad de seguir sacando conejos de la chistera para entregárselos a ellos sin provocar un cisma social y un clima político demasiado perturbado: hoy mismo Zapatero ha anunciado nuevas privatizaciones, un regalo más a los grandes capitales para que hagan más negocio todavía a costa del erario público.
La caída de España no será la última. Vendrán después Italia o incluso Francia, mientras que Alemania seguirá tratando de salir tirándose de sus pelos del hoyo que ha cavado la política que ha practicado en estos últimos años: favorecer la obtención de un gran excedente del que se han apropiado los bancos y las grandes empresas y que en lugar de dedicarlo a elevar el nivel de vida y el bienestar de su población lo han destinado a financiar las burbujas de la Europa de la perferia.
Estamos en unos momentos de gran emergencia. La magnitud del «rescate» español puede justificar (y apuesto a que seguramente así ocurrirá) que se tomen medidas excepcionales que permitan reorientar incluso algunos principios constitucionales, como entre líneas apunta el reciente informe que los grandes empresarios han entregado al Rey (¿un gobierno de técnicos sine die?, ¿supresión de ayuntamiento y quizá suspensión de las elecciones municipales? ¿privatizaciones generalizadas? ¿despidos masivos en las administraciones públicas?…).
Es incomprensible que los partidos de izquierda (el propio partido socialista que se arriesga a terminar como el francés con fracaso electoral estrepitoso), los sindicatos y los movimientos sociales no se hagan cargo de esta situación y que no salgan a la calle inmediatamente a reclamar la única medida que puede poner fin a esta caída continuada de las fichas del dominó europeo: la intervención del Banco Central Europeo comprando la deuda, reembolsando los intereses a los estados, y negociando planes bilaterales de recuperación económica vinculados a un pacto de rentas que es lo único que podría evitar el estallido de un conflicto social sin precendentes en Europa y garantizar que se recupere la actividad y el empleo.
Es urgente y cada vez queda menos tiempo para reaccionar para frenar la verdadera hecatombe que está a punto de producirse.