Seis apuntes sobre el auto de Chavez y Griñán

Francisco Garrido. Me he leído el auto que inculpa a Chávez , Griñón y a  24 cargos públicos de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos Magdalena Álvarez, y bien:

1. El auto describe de forma rigurosa  un mapa operativo del clientelismo político con el que se ha gobernado Andalucía.
2. El auto describe también el nulo respeto por la derecho administrativo de los gobiernos socialistas en Andalucía..
3. De los hechos descritos en el auto de imputación se puede comprobar como esta política clientelar y sin control de ayudas y subvenciones englobada en el denominado “procedimiento especial”; ha establecido no intencionalmente, las condiciones   operativas en la labor de gobierno que han permitido la emergencia de casos de corrupción como “los intrusos” en los ERE o las comisiones abusivas. Existe pues , una simbiosis perversa entre determinadas formas de gobernar y hacer política (clientelismo y arbitrariedad) y la corrupción política criminal pura y dura.
4. El auto muestra también que el magistrado valora muy poco tanto la legislación como las instituciones andaluzas. ¿Seria juzgado con tanta severidad penal la discrecionalidad política de un gobierno y parlamento si del gobierno y el parlamento español se tratara? Por lo menos creo que hay un amplio margen para la duda.
5. En el auto se califica constantemente los hechos ilícitos como “irregularidades” (en 74 ocasiones), un concepto que no es ni indeterminado, porque simplemente no existe jurídicamente. ¿Porque en solo 13 ocasiones, y casi siempre dentro de citas jurisprudenciales, se usa expresiones como “ilegal” o “ilícito”’ ?Parece como si la magistrado le temblara la convicción sobre al ilicitud de los hechos, pero esto último que digo en fin, es  un simple intuición hermenéutica.
6. En el auto se presupone la intencionalidad de la elusión de los controles legales  de la acción de gobierno en determinadas  materias presupuestarias. Y para ello descalifica, las llama “escusas”, las razones de interés general y social que aducen los imputados. Pero del relato de los hechos que realiza el auto se deduce lo contrario; que es un objetivo político y social el que guía estas “irregularidades” y que las mismas son meramente instrumentales. De lo contrario habrá que deducir que Chávez y Griñan son unos prevaricadores compulsivos innatos que encuentran recompensa en la burla misma de los procedimientos, puesto que no hay imputación de enriquecimiento personal alguno. Mas bien parece que el magistrado ha evitado presuponer la “intencionalidad política” de las irregularidades puesto que aunque este supuesto eleva la gravedad política de los hechos , debilita la imputación penal de estas conductas. ¿Es ese el objetivo verdadero de todo este proceso; la imputación mediática penal? ¿ Oculta la intencionalidad política del gobierno andaluz por sesgo profesional juridicista o porque existe otra intencionalidad política oculta en el macro proceso de los ERE, y no precisamente del gobierno andaluz? Todas las hipótesis están abiertas.
7. Del auto se deduce algo terriblemente perturbador y que en coherencia debería haber dado lugar a otras imputaciones penales más graves: la existencia de toda una política presupuestaria y de gasto criminal, pues no sólo es ilícita admirativamente sino que quiere y sabe que lo es. En esta estrategia política criminal (“procedimientos especiales”) han participado de forma coordinada el gobierno, el parlamento y parte de la administración y empresas públicas Mucho ¿no? como para terminar imputando solo por prevaricación y malversación.

En síntesis, los hechos descritos en el auto tienen una gravedad política enorme y suponen un autentico juicio severo a la gestión del PSOE en Andalucía que debería haber producido ya la inmediata dimisión de Susana Díaz y la nueva convocatoria de elecciones autonómicas pero la imputación penal no creo que este fundamentada. Aunque la intención del magistrado  no haya sido, cosa que no dudo ni afirmo; otra que elevar el rango de responsabilidad de los autores de los ilícitos cometidos; sienta peligrosos precedentes y sigue caminando por la senda, que inicio la jueza Alaya,  de disociar  y confrontar al principio democrático y al principio de legalidad.