Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Manuel González de Molina, David Soto y Antonio Herrera
Universidad Pablo de Olavide
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Los autores de este texto somos historiadores y enseñamos año tras año a nuestros estudiantes que la historia no se repite, que es una frase hecha que no se corresponde con la realidad histórica. Sin embargo, parece como si esta quisiera llevarnos la contraria. Las teorías del subdesarrollo, muy en boga en la España de finales de los setenta y principio de los ochenta, impregnaron los discursos políticos del momento. Entre los intelectuales de la izquierda se generalizó la idea de una Andalucía subdesarrollada y arcaica, asociada a la imagen de un mundo rural inmóvil, apático y escasamente permeable a los avances de la modernidad urbana. Más de treinta años después, la historia se repite. Y lo que es más sorprendente, vuelve a calar entre aquellos que precisamente propugnan un cambio político. Andalucía es “una región” retardataria, lastrada por el atraso, en el que aún está sumido el mundo rural y la cultura política de los andaluces. Eso es lo que parece desprenderse del análisis electoral del Secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, contenido en un reciente artículo publicado en el diario Público (11 de Enero de 2016).
Los autores de este texto comparten en lo esencial el análisis de Errejón: “Los partidos políticos del turnismo resisten (…) pero no tienen fuerza para una restauración normal, que no comprometa el pluralismo interno al régimen. Por su parte, Podemos y el resto de fuerzas del cambio consiguen bloquear cualquier intento de recomponer el sistema resquebrajado, pero no tienen aún fuerza como para conducir un nuevo tiempo político”. En buena medida ello es debido a que Podemos no ha conseguido convertirse en la fuerza mayoritaria de la izquierda, donde el PSOE sigue manteniendo, aunque por poco, la primera posición. Aunque desde un punto de vista programático, el PSOE se diferencia poco del PP en cuestiones clave, como por ejemplo la política económica, ese lugar a la izquierda sigue ocupándolo gracias, entre otras razones, a que en Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha el PSOE ha quedado por delante. Pese a haber sufrido una importante pérdida de votos, sigue siendo el partido que más votos ha cosechado, aventajando a Podemos en más de 350,000 votos. Ello tiene consecuencias para el cambio por cuanto el PSOE, como bien dice Errejón “ha sido garantía de integración de los sectores subalternos y periferias al orden de 1978”. En la mayoría de las ciudades y provincias españolas Podemos ha superado a los socialistas; sin embargo, los más de 600.000 votos de diferencia que el PSOE le ha sacado a Podemos en Andalucía han sido decisivos para relegar a esta fuerza política al tercer lugar.
Errejón sostiene que “en media España el cambio ya está ganando y el tablero político ha cambiado de forma drástica -entre los jóvenes y adultos jóvenes, en las grandes ciudades y zonas más densamente pobladas y dinámicas y en las periferias”. Pero, dada la consideración que tiene de la otra media, es poco probable que Podemos gane unas elecciones y provoque el cambio político que queremos. Para el secretario político de Podemos, “El Partido Popular aguanta como la primera fuerza fundamentalmente gracias a un sólido suelo en las provincias más rurales y entre la población de mayor edad y especialmente jubilados (….) El Partido Socialista Obrero Español (…) ha perdido un millón y medio de votos con respecto a las elecciones de 2011, que ya fueron las peores de su serie histórica desde que gobernasen. Se mantiene por 300.000 votos como segunda fuerza gracias a su firme asentamiento en las comunidades autónomas del sur de España, pero es ampliamente superado por Podemos en casi todas las grandes ciudades, en todas las regiones económicamente más dinámicas (Euskadi, Catalunya, Madrid, País Valenciano, entre otras) y entre la población de adultos jóvenes y sectores medios. Esto reconfigura el poder en su seno en favor de los barones del sur y le acerca a su configuración de “partido del mezzogiorno” y de clases pasivas (subrayado nuestro), lo cual no constituye una perspectiva muy halagüeña para un partido que se quiere estatal y encarnando un horizonte de futuro”.
De acuerdo con este análisis, las fuerzas del cambio “ha demostrado especial auge en las grandes ciudades, entre la juventud y la población activa, y en las regiones económica, cultural y cívicamente más dinámicas”. En tanto que las fuerzas “retardatarias”, que se resisten al cambio son los viejos, muchos de los cuales viven en el medio rural y en la parte sur de la Península. Para Errejón, “Las tres fracturas o clivajes más importantes que marcan el alcance o fortaleza del cambio son así el territorial y el de edad, que a menudo se cruza con el campo-ciudad”.
El análisis, sin embargo, es desalentador por cuanto refleja una imagen de Andalucía que abunda en el tópico, es profundamente injusta y, lo que es peor, muestra una incapacidad para entender lo que aquí sucede que puede tener consecuencias para la pretensión de su partido de ganar las elecciones y promover el cambio político en España. Efectivamente, el dirigente de Podemos asume ideas erróneas y tópicos sobre Andalucía que, pese al avance de la investigación histórica, siguen teniendo predicamento entre las élites políticas. De sus palabras se deduce que en Andalucía está poblada de gente mayor; que el medio rural, con un gran peso en nuestra Comunidad, constituye un factor retardatario; y que de ningún modo es vanguardia en la resolución del problema territorial de España. Las ideas, conceptos y análisis expresados por Errejón presentan de nuevo a los andaluces como ciudadanos de segunda, que obstaculizan el cambio político. No cabe duda, este diagnóstico erróneo puede tener consecuencias negativas, legitimando por ejemplo un trato asimétrico que perjudique a Andalucía en la futura reforma constitucional; e incluso puede impedir que el apoyo al cambio político se convierta en mayoritario. Sin Andalucía y sin la mayoría de los andaluces, ningún cambio político es posible. Conscientes de que nos encontramos de nuevo en una encrucijada histórica para nuestra Comunidad, nos proponemos en este artículo desmentir los tópicos sobre los que se vuelve a insistir, con la esperanza de que las fuerzas políticas que promueven el cambio varíen su opinión preconcebida o por lo menos les genere dudas: ni Andalucía es tierra de ancianos, ni el medio rural es una rémora para el cambio, ni aquí se desconoce o se rechaza la diversidad nacional de España.
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Andalucía no es, desde luego, una comunidad autónoma donde predominen las personas de edad avanzada; y, aunque es un territorio donde la agricultura y los espacios rurales tienen una gran importancia, tampoco puede decirse que la población andaluza tenga un mayor carácter rural que el conjunto de España. Los tópicos, de indudable fuerza comunicativa, chocan aquí con la realidad de los datos. Las cifras del último censo de población (2011) confirman que Andalucía, al igual que el conjunto de España pero también de la Unión Europea, tiene una población envejecida. Pero este envejecimiento no es mayor que el español, más bien al contrario, en Andalucía hay más jóvenes y adultos menores que en el conjunto de España en porcentaje. No obstante, el predominio de la población adulta con una esperanza de vida entre las más altas del mundo, debería motivar una reflexión sosegada y sin a prioris a la hora de articular propuestas de cambio político: los jóvenes no componen por sí mismos la mayoría social que exige el cambio, es necesario contar con los adultos, incluidos los más ancianos. Podemos ha tenido muchos aciertos y ha sabido articular una propuesta de transformación política absolutamente inédita en la historia reciente de este país, pero también ha cometido errores, y olvidarse de los “viejos”, asumiendo que la victoria es mera cuestión de tiempo, no es un error menor.
Algo similar se puede decir del carácter eminentemente rural de Andalucía. No cabe duda de que el mundo rural andaluz juega un papel político relevante, tanto por su peso económico, como por el enorme capital simbólico que las luchas campesinas tienen en la identidad de muchos andaluces y andaluzas. Pero esta constatación no debe hacernos olvidar que el peso del mundo rural no es mayor tampoco en términos cuantitativos que en el resto de España. De hecho la población considerada formalmente rural (la que vive en municipios de menos de 10.000 habitantes) es un poco inferior, en términos relativos a la media española. Tan sólo es un poco mayor (un 0,3%) si incluimos los municipios menores de 20.000 habitantes. Las encuestas poselectorales disponibles (a la espera de que se publique la del 20D) muestran que Podemos tiene problemas de penetración en el mundo rural y que no ha conseguido desbancar al bipartidismo entre los votantes de mayor edad. Entender a la población rural y a la población de mayor edad como un residuo de la España que bosteza y que no puede ni quiere cambiar es quizás uno delso mayores errores del análisis de Errejón.
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El texto de Errejón insiste en la imagen mitificada de Andalucía, una “región” atrasada, donde pese a todo sigue predominando la incultura, la dependencia de los subsidios y el clientelismo. El PSOE ha sabido aprovecharse de esta situación, creando una red clientelar que se ha convertido en un sólido anclaje del sistema y que constituye un factor determinante para el mantenimiento de la hegemonía de las fuerzas conservadoras. A diferencia de las ciudades, en el medio rural no es posible que se dé ningún movimiento de cambio, habida cuenta de su natural atraso cultural y político.
Los que firmamos este artículo, junto con otros profesionales de la historia contemporánea de Andalucía, llevamos ya tiempo mostrando, con investigaciones sobre el comportamiento político de los andaluces del campo, la falsedad de este sambenito. Los trabajos realizados muestran el papel decisivo jugado por el medio rural y por Andalucía en su conjunto en el cambio político en España desde mediados del siglo XIX. Si analizamos los tres momentos de la Historia Contemporánea en los que se ha conseguido establecer un régimen de democracia formal en España (1873 con la Primera república, La Segunda República y el actual Régimen Democrático surgido de la Constitución de 1978), se constata que el cambio ha venido precedido siempre de una movilización social en la que el mundo rural y Andalucía han desempeñado un papel decisivo. Como señaló hace ya unos años el historiador Geoff Eley, la democracia no se concede, se conquista, se construye y en ese proceso de construcción, las movilizaciones sociales resultan cruciales, tal y como muy bien ha destacado John Markoff. Hoy sabemos que la Primera República española, y el propio Sexenio Democrático en el que se enmarca, fueron resultados de las movilizaciones que promocionaban una cultura democrático-republicana que caló entre sectores populares de la población no sólo urbanos, sino también rurales. Son varios los historiadores, dentro y fuera de nuestras fronteras, que, al amparo de nuevas investigaciones, han realizado una relectura de las llamadas “agitaciones campesinas andaluzas” que desmiente la tradicional consideración de estas protestas como “pre-modernas” o fruto de una especie de primitivismo rural. Los trabajos de Juan Antonio Linarejos, Guy Thompson o Santiago Jaén han mostrado que la movilización política de la Andalucía rural de esos años en muy poco se diferencia de lo ocurrido en el resto de España o Europa, situándose pues muy lejos del primitivismo o el apoliticismo.
El segundo proceso de cambio democrático se produjo, como es bien sabido, en 1931 con al proclamación de la Segunda República. Su instauración vino precedida de un vuelco electoral propiciado por unas elecciones locales en las que el voto rural fue también decisivo. Son muchos los trabajos de investigación publicados en las últimas décadas que desmienten la clásica imagen divulgada por la historiografía española y por cierto hispanismo y que describía una Andalucía rural desmovilizada, apática políticamente y marcada por un caciquismo que ahogaba cualquier intento modernizador proveniente de las ciudades. Los expertos en democracia saben que este sistema de autogobierno no puede surgir de semejante desierto político. Lo ocurrido en 1931 no pudo aparecer de la noche a la mañana. La acumulación de capital social generado por la movilización y la experiencia de socialización política son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de un régimen democrático. Bajo la restrictiva estructura política de la Restauración Borbónica o más bien frente a esa estructura oligárquica, se desarrollaron prácticas de movilización, participación y deliberación que fueron construyendo desde finales del siglo XIX una verdadera cultura democrática en el mundo rural andaluz. Sólo así es posible entender que a la altura de 1931, en un momento en el que en buena parte de Europa triunfaban los fascismos, floreciera en España una democracia. Estas afirmaciones están basadas en publicaciones y proyectos de investigación que han descendido al ámbito rural andaluz. Los trabajos de Salvador Cruz Artacho, Francisco Acosta, Manuel González de Molina, Antonio Herrera, John Markoff son trabajos en esta dirección que cualquiera puede consultar. De entre las conclusiones que es posible extraer de ellos conviene poner de manifiesto dos que refuerzan lo aquí argumentado
Un reciente estudio sobre el comportamiento electoral de los andaluces, que utiliza como soporte empírico los resultados de las elecciones a diputados en Cortes en los municipios de Andalucía desde 1890 hasta 1931, pone de manifiesto que la mayor parte de los votos progresistas (antidinásticos) provinieron de poblaciones menores de 10.000 habitantes y no de las grandes ciudades como tradicionalmente se había pensado.
Por otro lado, el tipo de conflictividad y protesta social que predominó en el medio rural andaluz durante el primer tercio del siglo XX no fue muy distinto al desarrollado en las ciudades o en otras latitudes del país, bien es verdad que con las diferencias lógicas existentes entre la actividad industrial y los servicios y la actividad agraria. Al poner el foco no el estudio de la protesta social de menara agregada y preferentemente en las ciudades, sino enfocando lo ocurrido en los pueblos se constata que la tendencia hacia la negociación como estrategia para alcanzar los objetivos laborales fue común en todos los ámbitos y sectores, también en el agrario. La historiografía tradicional ha difundido siempre la idea de que la institucionalización del conflicto laboral fue un logro modernizador de las ciudades entre los empresarios de la industrial y el proletariado industrial, frente las viejas relaciones entre latifundistas y jornaleros, presididas por el enfrentamiento y la movilización incluso violenta. Somos conscientes de que la huelga, como instrumento de movilización y protesta laboral, es sólo una expresión más y en ocasiones no la más representativa de la protesta social, pero en los trabajos de investigación mencionados se ha demostrado, con casos concretos sobre Andalucía, que la huelga como instrumento de presión y negociación laboral, visto como expresión de la modernización de la relaciones laborales, fue utilizada profusamente en el mundo rural de estos años. Ello desmiente el pretendido abismo que, según la idea tradicional, ha existido y sigue existiendo por lo visto entre el mundo urbano, situado en la vanguardia del cambio político y la modernidad, y el campo, situado justamente en el lado contario.
La Transición Democrática, desde su inicio en noviembre de 1975, ha sido también objeto de múltiples revisiones en los últimos años. La imagen de una Transición pilotada por unas sabias élites que llevaron a buen puerto el proyecto ha sido ampliamente “matizada”, cuando no abiertamente desmentida. Desde hace tiempo pocos dudan de la importancia de los movimientos sociales que empujaron dicho proceso y que obligaron a los líderes políticos a improvisar, sin ningún tipo de hoja de ruta preestablecida. Entre estos movimientos cabe destacar el de los estudiantes, el movimiento obrero, los movimientos nacionalistas (incluido por supuesto el andaluz, en la vanguardia) o los movimientos vecinales. Pero también los movimientos campesinos hace tiempo se han incluido en la “agenda”. En la Andalucía rural, sin el desmontaje de las estructuras de poder franquista enquistadas tras cuarenta años, hubiera sido impensable el cambio democrático. De nuevo el ámbito local jugó un papel clave. Mujeres y hombres de muchos pueblos tuvieron que enfrentarse a unos poderes locales autoritarios y poco dispuestos a la trasformación.
Mientras los grandes pactos se firmaban en Madrid, en los pueblos se libró en estos años una auténtica “batalla” por superar las limitaciones impuestas por la falta de práctica democrática tras cuarenta años de privación. Una lucha que en sí misma constituye el gran proceso de democratización y normalización política que permitió que los pactos sociales y políticos firmados a escala nacional tuvieran éxito. La normalización de las estructuras de poder municipal no fue fruto de la evolución natural del modelo de relaciones laborales propio de las sociedades capitalistas avanzadas, fue, sobre todo, consecuencia de las reclamaciones agrarias que desde finales del régimen franquista superaron el marco restrictivo y controlado que representaba el franquismo.
Lo ocurrido en estos años resulta fundamental para entender, con sus virtudes y sus defectos, la democracia en nuestro país. Sin la conquista de este ámbito, sin la normalización de las estructuras de poder, sin la generalización de valores democráticos y sin la sustitución de la arbitrariedad por el principio de responsabilidad cívica de los cargos públicos en el ámbito municipal, difícilmente se entendería que a la altura de 1979-1982 fuera posible un cambio de signo político en el país, algo que no había tenido lugar desde 1936.
Desde el punto de vista de la movilización social, el mundo rural de los setenta fue muy activo y consiguió desbordar las estructuras franquistas de representación vertical. No sólo en la mitad norte del país, donde las tractoradas de los campesinos acabaron por rebasar el modelo de representación del sindicalismo vertical, sino también en el sur. Especialmente interesante fue lo ocurrido en los pueblos de Andalucía entre junio de 1977, fecha de las primeras elecciones legislativas democráticas, y el 3 de abril de 1979, primeros comicios municipales. Durante estos casi dos años coexistió un parlamento y un gobierno nacionales elegidos democráticamente con ayuntamientos aún gobernados por alcaldes franquistas, no refrendados por las urnas.
En muchos pueblos hubo que hacer frente a actitudes autoritarias y desplegar campañas de concienciación democrática al denunciar y hacer públicas numerosas irregularidades. La actividad fue incesante con la celebración de mítines, charlas y actividades de muy diverso tipo, en las que la población rural debatía y reivindicaba cuestiones concretas relacionadas con la política municipal, la gestión del ayuntamiento, el paro, la educación o la sanidad. Es precisamente en este contexto donde debemos situar una de las reivindicaciones que mayores malentendidos y tópicos ha generado y sigue generando, dando pábulo a la imagen de una Andalucía subsidiada. Nos referimos a la demanda de un mayor y mejor control en la concesión y distribución de los fondos destinados al Empleo Comunitario. Por la vía del control de estos fondos públicos, muchos pueblos pudieron acceder por fin a la normalización democrática. Si tenemos en cuenta los niveles de desempleo del momento, resulta lógico pensar que esta fuera una reclamación prioritaria para las familias andaluzas. Pero es necesario destacar que se reclamaba no sólo el aumento de las partidas económicas, sino sobre todo el control democrático en la gestión de los fondos y su distribución. Sobre todo si tenemos en cuenta que los ayuntamientos no eran aún democráticos. Era, por tanto, una manera de acabar con la arbitrariedad con que en este asunto habían manejado los poderes locales. En última instancia, con esta reclamación no hacían sino introducir en el mundo rural valores de responsabilidad política en el manejo de los fondos públicos, algo novedoso tras los años de la dictadura.
Las elecciones a Cámaras Agrarias, que precedieron a las primeras municipales de 1979, son también un buen ejemplo de la importante movilización prodemocrática que recorrió el medio rural andaluza durante estos años. Pocos conocen este episodio, pero resulta significativo de lo que aquí estamos señalando. Tan sólo unos meses antes de las primeras elecciones municipales, el gobierno de la UCD se vio forzado por las organizaciones progresistas del campo a convocar unas elecciones a Cámaras Agrarias, organismos todavía con mucho peso en el ámbito local. Estas elecciones se convirtieron en una enrome escuela de democracia que culminó su labor en las primeras elecciones municipales. Hubo que aprender a ejercer el voto libremente y a reclamar transparencia ante unos comicios de enorme importancia para los agricultores y los trabajadores del campo. Se denunciaron prácticas fraudulentas y se pusieron de manifiesto las deficiencias de las estructuras del poder local. El aprendizaje político de las elecciones a Cámaras sirvió, pues, de antesala a las Municipales y constituyó una valiosa experiencia preventiva frente a la corrupción y el engaño. El miedo y la coacción se volvieron más débiles tras desmontar uno de los instrumentos de control político franquista más enquistado en el mundo rural. En otras palabras, tras las elecciones a Cámaras, el mundo rural se había desembarazado de las viejas estructuras de poder y se encontraba en condiciones de votar más libremente. Resulta fácil entender que fueron precisamente los que ayudaron a crear esta conciencia de libertad, socialistas y comunistas, los que mejores resultados obtuvieron. Gracias a ello los socialistas pudieron contar con el apoyo electoral de buena parte de la población rural andaluza primero en las elecciones autonómicas y luego en las generales de 1982.
(*) Pintura de Marlene Dumas: “La maestra” (The Teacher), 1987
