Rafa Rodríguez
a) Estado y gobierno
Es importante diferenciar los conceptos de Estado y gobierno. En un sistema democrático el Estado es el conjunto estable de instituciones políticas y administrativas que se organizan en torno a la división de poderes mientras que el Gobierno es la dirección política del poder ejecutivo y por lo tanto tiene una naturaleza temporal. Diferenciar ambos niveles (todo/permanente y parte/temporal) es clave para el sistema democrático porque éste necesita conjugar el principio de igualdad estricto que debe garantizar el Estado con el principio de pluralismo político en el que se sustenta el gobierno.
b) Las elecciones presidenciales en Francia
Estas elecciones en Francia son para elegir a la persona que representa la unidad del Estado republicano, la persona Presidente del Estado, y por lo tanto, muy distinta de unas elecciones legislativas que producen una mayoría parlamentaria que elige al Presidente del Gobierno quien, a su vez, nombra a los ministros que forman el Gobierno (serán en el mes de junio).
Como sabemos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas han sido elegidos el socialiberal Macrón, antiguo ministro de Economía de Hollande, y Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, un partido neofascista heredero del colaboracionismo del gobierno de Vichy con los nazis.
Precisamente porque no se trata de una confrontación electoral para elegir a los representantes del poder legislativo, siempre ha existido en Francia un pacto político no escrito entre todos los partidos democráticos para impedir que en las elecciones presidenciales pudiese salir elegida una persona enemiga de la democracia y de la República. Sin Estado democrático no hay espacio político para la democracia y éste es un bien superior que está por encima de la confrontación partidista para la formación del gobierno porque es precisamente lo que permite el pluralismo político.
El partido de Le Pen, como ocurrió con el partido nazi en Alemania o con la CEDA en la segunda república española, tiene un plan B para acabar con la democracia francesa que comienza con la salida del Euro y de la Unión Europea y con la extensión de los valores del miedo y del odio a los emigrantes.
Esto lo saben o al menos lo intuye una gran parte de la ciudadanía y por eso son tan peligrosos los discursos que homologan al Frente Nacional como un partido más y lo colocan en la posición de un contrincante político en vez de remarcar su naturaleza distinta porque no juega en el espacio democrático, sino que lo utiliza para socar la democracia. El Frente nacional no es un adversario político sino un enemigo del Estado republicano.
En la operación de “normalización” que intenta Marine Le Pen, hay aliados de la derecha, sobre todo grupos ultracatólicos comno Manif pour Tous – que ha tomado como bandera la oposición al matrimonio homosexual -, el silencio cómplice de la Iglesia católica francesa, pero sobre todo nos preocupa la actitud que ha tomado Melenchón que, tal como han reiterado Varufakis o Piketti, no puede contribuir a que tenga éxito la operación de camuflaje de Marine le Pen sino que por el contrario debería liderar el frente republicano en defensa de la democracia.
Cuando la izquierda ha liderado la defensa de la democracia es precisamente cuando ha alcanzado la mayor cuota de apoyo popular, por el contrario, las posiciones tibias con la defensa del sistema democrático son el error ideológico de mayor calado, no solo desde el punto de vista de los valores sino también para articular mayorías que permitan gobernar y cambiar la dinámica económica del capitalismo global.
Es la forma en que las élites del capitalismo global están gestionando la crisis de la globalización, optando por una alternativa autoritaria en vez de por una alternativa reformista, lo que hace hoy aún más decisiva que la izquierda construya su acción política sobre la base de la defensa de la democracia y la oposición frontal a sus enemigos y a su programa.
c) La moción de censura contra Rajoy
La distinción entre Estado y gobierno también es pertinente para valorar la moción de censura que ha anunciado Unidos Podemos contra el Presidente del Gobierno español. No se trata solo de que haya cientos de altos cargos y empresarios afines al PP en las cárceles españolas, ni de que el propio Presidente haya sido llamado a declarar o de que los últimos escándalos con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid hayan colmado la paciencia de la opinión pública. Es que además han programado un asalto al Estado para utilizarlo en su favor. Y esto también requiere un frente para la defensa de la democracia y la censura al Presidente que es el responsable político directo de este asalto al Estado desde el gobierno.
Los primeros indicios surgieron cuando conocimos que el anterior ministro del interior estaba manipulando a determinados sectores de los cuerpos de seguridad y de la fiscalía. Ahora también hemos conocido grabaciones y mensajes de Ignacio González, Enrique Cerezo, Zaplana y el Ministro de Justicia de donde se deducen planes para manipular a fiscales y jueces mediante ascensos y traslados, incluso amenazas (¿aquí que queda, pegarle dos tiros a la juez?). Ellos si tienen claro la distinción entre Estado y Gobierno, y si no lean esta conversación entre Ignacio González y Zaplana “Yo no me corto en decirle a Rafa (en clara alusión al Ministro de Justicia): oye Rafa, el aparato del Estado y los medios de comunicación van a parte, o los tienes controlados o estás muerto”.
No se trata de hechos aislados, la convivencia del Secretario de Estado de Seguridad con Ignacio González, a través de su hermano, las actuaciones del Fiscal General Anticorrupción y de la llamada “policía patriótica” son el resultado de la manipulación de los instituciones del Estado que tienen que velar por el principio de igualdad desde los dos Ministerio, el de Interior y el de Justicia, que son los vasos comunicantes más complejos en las relaciones entre gobierno y Estado porque administran a los cuerpos de seguridad y al Poder Judicial, quienes detentan las máximas prerrogativas públicas en “monopolio de la violencia” que ha sido una de las definiciones clásicas de Estado.
El Ministerio de Justicia ha preparado un proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y, paralelamente, del Estatuto Fiscal para que los jueces no incoen la instrucción en los juicios penales y lo hagan los fiscales, haciendo borrosa la separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, cuya independencia es, sin duda, la gran garantía del Estado democrático.
Más aun, los casos de corrupción del Partido Popular afectan a la financiación ilegal que costea las campañas electorales rompiendo la igualdad de condiciones en la confrontación política que es el núcleo de la democracia, incluso para llegar al límite de las sospechas en la vulneración de las garantías democráticas, la empresa contratada que ha gestionado informáticamente los últimos procesos electorales también está investigada en la operación Lezo.
Por eso es pertinente la moción de censura, no solo por higiene democrática ante los cientos de casos de corrupción que han convertido al PP en un partido estructuralmente corrupto que, sin embargo no asume ningún tipo de responsabilidad política, sino también por salud democrática, para impedir que la corrupción del gobierno contamine a las instituciones del Estado, consideradas internacionalmente como una de las administraciones menos corruptas del mundo (en contraste con el gobierno), aunque presenta una debilidad: que tiene una Jefatura del Estado que al no ser republicana, como ocurre en Francia, no está sujeta a ningún tipo de responsabilidad, tampoco ante la corrupción (artículo 56.3 de la Constitución española).
La imagen es una pintura de Fransisco Clemente.