Sobre las “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”

Valoración por la Asamblea de la Universidad de Jaén en defensa de una universidad pública del documento “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”.

Como ciudadanas y ciudadanos, como universitarios y universitarias, quienes formamos parte de la Asamblea de la UJA nos sentimos comprometidos en la mejora y defensa de la enseñanza y la investigación universitarias. Por este motivo, toda iniciativa que afronte una reflexión sobre la situación del sistema universitario merece nuestra atención.
Por ende, estimamos que este documento, que parte de un Acuerdo del Consejo de Ministros, y donde se establecen los pilares de una radical transformación del sistema universitario español, debe ser debatido por la comunidad universitaria.
Con este propósito, la Asamblea de la UJA procedió a su estudio y discusión. Las reflexiones y conclusiones que a continuación se exponen pretenden recoger de manera sumaria la posición crítica que la Asamblea asumió al respecto.

1. El documento elaborado por la comisión de expertos designada por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, no sirve al objetivo proclamado de mejora del sistema universitario español. Y esto por dos razones:
Porque responde a una iniciativa inoportuna. Apenas culminada la reforma global del sistema universitario español en su adaptación al EEES, se impulsa una radical transformación del mismo. Ignorando el esfuerzo que ha supuesto la implantación de los nuevos títulos de grado y posgrados, obviando que el principal obstáculo en este proceso radica en el receso de la financiación, y sin apenas tiempo para evaluar las consecuencias del mismo, se propone súbito una nueva reforma del sistema universitario.
Porque, antes que a un diagnóstico cabal de la situación de la universidad, responde a una propuesta ideologizada de universidad. Una propuesta que asume la privatización de la financiación, del uso y de la gestión de la universidad pública. Y una propuesta que identifica a la universidad como factoría de recursos humanos, desvalorizando su función docente y desfigurando su capacidad para generar saber y conocimiento.

2. El documento elaborado por la comisión de expertos no se sostiene en un diagnóstico de situación del sistema universitario español; y es desleal con la Universidad pública.
Sin contar con un análisis pormenorizado y contextualizado del diverso y complejo sistema universitario, y sin atender a la opinión de la comunidad universitaria, el texto ampara explicita o tácitamente sus propuestas en informes y documentos sobrevenidos de dispares iniciativas [como los patrocinados por la Fundación BBVA, por la Fundación Alternativas, o en instrumentos estratégicos de otros gobiernos (Estrategia Universidad 2015, Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la EU2015 “Audacia para llegar más lejos” 2011].
A falta de un análisis fundamentado, su descripción del sistema universitario descansa en lugares comunes del acervo argumental empleado por el neoliberalismo en la demolición y privatización de los sistemas sociales de protección y bienestar: entre ellos, la inviabilidad financiera de un sistema sobredimensionado y en exceso dependiente del erario público, la desconexión entre la educación y los requerimientos del mercado laboral, la desorientación productiva de la investigación, la ineficiencia y pesadez de los órganos ejecutivos de la universidad, la insostenibilidad de su ineficiente sistema de reclutamiento incapaz de captar a los mejores docentes e investigadores, etc.
En dicho informe no hay espacio para un reconocimiento ponderado del avance de la universidad española en las últimas décadas, ni para la valoración de los servicios que a través de la docencia y la investigación ofrece la universidad pública a la sociedad.

3. El documento es políticamente irresponsable, pues no se adecua a los principios constitucionales del sistema de enseñanza e investigación superior en nuestro país.
Al reclamo de unas estructuras docentes, de investigación e innovación más dinámicas, propone una serie de medidas acerca de la selección del personal docente e investigador y acerca del gobierno de las universidades que, como se reconoce en la addenda de los profesores Oscar Alzaga Villaamil y Mariola Urrea Corres, confrontan con los pilares constitucionales de nuestro sistema universitario.
Así, la pretendida “desfuncionarización” del cuerpo docente y su segmentación dual (mitad de pdi funcionario y mitad de pdi contratado) socava directa (al no ser titulares los PDI contratados de la libertad de cátedra) e indirectamente (al no disfrutar de las condiciones de libertad necesarias) la libertad de cátedra y de ciencia que según mandato constitucional debe impregnar a la universidad pública.
Por otra parte, la necesidad que se esgrime de establecer un nuevo sistema de “gobernanza”, sostén de una gestión eficiente, que se sustanciaría en la concentración del poder ejecutivo (en el Consejo de la Universidad y en el Rector), en la supeditación de éste a los representantes políticos de las comunidades autónomas y en la pérdida de protagonismo de los diferentes órganos colegiados de representación y decisión (Consejos de Departamentos, Juntas de Centros y Claustros), vulneraría otro pilar fundamental del derecho público universitario: el de la autonomía universitaria.
La erosión de ambos principios de la constitución universitaria, el de la libertad de cátedra y el de la autonomía universitaria, tendrían como corolario inmediato la “desdemocratización” de la universidad.

4. El documento elaborado por la comisión de expertos es socialmente irresponsable, pues ni se corresponde con los principios sociales del sistema universitario en nuestro país ni atiende en sus repercusiones sociales a la dramática crisis actual.
A la sombra de los apremios financieros de la hacienda pública, el informe diseña un grave cambio estructural en la financiación del sistema universitario; pues el desembarco de la financiación privada y empresarial en la orientación de las actividades docentes y de investigación quebrantaría el compromiso social de la universidad con el saber; y por ende traicionaría su razón de ser.
Además, en el logro de la autosuficiencia financiera del sistema, se contempla un inquietante incremento de la participación de los estudiantes y de sus familias en el pago del coste de los estudios. Esta vía que significaría un recorte sobrevenido a las rentas del trabajo y al nivel de vida de las familias, desdibujaría un principio fundamental del estado social democrático: el de la igualdad de oportunidades.

De llevarse a cabo las radicales propuestas del informe, la calidad del sistema universitario público sufriría una seria merma que, paradójicamente, erosionaría el servicio público que en las últimas décadas viene desempeñando las universidades públicas en materia de formación de la juventud y como fuente de conocimiento.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión de Expertos han desperdiciado una oportunidad de abordar un debate serio sobre el futuro de la universidad española. De hecho, algunos puntos de interés del informe (como la necesidad un mapa de titulaciones equilibrado, el aligeramiento de trabajo burocrático del PDI, los cambios en el baremo de las acreditaciones, la necesidad de retener a los investigadores más jóvenes, etc.) quedan desdibujados cuando no oscurecidos por un planteamiento general radical e irresponsable.

A tenor de todo esto, la Asamblea de la Universidad de Jaén solicita al gobierno del Reino de España y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, recién constituidos en una comisión mixta Gobierno-Universidades para tratar la reforma del sistema universitario español, que planteen bajo nuevas premisas la siempre loable y necesaria iniciativa de mejora del sistema de enseñanza e investigación superior.