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Los empleados públicos que se manifestaron ayer en Sevilla defienden un modelo de gestión pública transparente, fiable y con publicidad de todos los gastos púbicos y de su destino. Defienden una administración pública garante de igualdad y de imparcialidad para el administrado, sin huir del Derecho Público. Y todo esto lo hacen con un símbolo en la mano un símbolo que los une a todos y todas, la bandera andaluza. Y otro símbolo en la garganta antes de comenzar la marcha en dirección al Parlamento Andaluz. Juntos entonamos el himno de Andalucía, cual presignación antes de iniciar el viaje, antes del primer paso del camino.

La Junta de Andalucía inició hace ya algún tiempo un proceso de externalización de servicios públicos mediante la constitución de un entramado de empresas públicas y fundaciones, y la contratación de autónomos a través de la figura de asistencias técnicas en los propios Servicios Centrales y Periféricos, que ha supuesto la creación de una auténtica administración paralela a la que se han atribuido funciones reservadas a los funcionarios públicos que implican el ejercicio de potestades administrativas, y ello, con la evidente finalidad de sustraer la actuación de las mismas a un adecuado control administrativo y fiscal, y de contratar personal sin un proceso que garantice los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, personal que en la actualidad asciende a la nada despreciable cifra de 26.000 personas, superando el número de empleados públicos existentes. La finalidad última de esta reforma y de las que a buen seguro le seguirán es “administrativizar” a todo el personal seleccionado en las fundaciones y sociedades mercantiles sin los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, e integrarlo en la Administración Institucional de la Junta de Andalucía en condiciones de igualdad con los empleados públicos, lo cual, y lo reitero nuevamente, supone una clara, fragante y absoluta vulneración del artículo 23 de la C.E, menoscabando gravemente la función pública y con ello, la seguridad jurídica que ésta representa para los ciudadanos que se van a ver privados de algo tan esencial como el principio de imparcialidad. La invocada crisis económica lo que exigía era la supresión de estas estructuras creadas por el poder político, absolutamente opacas, deficitarias, e innecesarias al duplicar funciones ya desempeñaban los empleados públicos.