Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Manuela Martínez / Empezaron con los 8 de Airbus y la fiscalía parece haberse especializado en acusar a sindicalistas por haber participado en piquetes informativos durante alguna de las huelgas organizadas en estos años de crisis. Ya son varias decenas de sindicalistas acusados y , por los visto, la intención de la fiscalía es meterlos a todos en la cárcel. En total, las acusaciones suman 140 años de cárcel.
No quiero ser mal pensada, pero la realidad me obliga. Confío en la Justicia, pero desde que el bastón de mando lo tiene Gallardón, cada vez confío menos. Demasiadas casualidades que dejan impunes los delitos que cometen “sus amigos”, sea cual sea la gravedad de los mismos, y exceso de celo y alharaca para acusas a quienes ejercen un derecho fundamental, el derecho a la huelga, e informan y ayudan a otros compañeros y compañeras a poder ejercerlo.
La ruleta de la fiscalía ha señalado hace poco a otros dos compañeros, en este caso de UGT Madrid, José Manuel Nogales y Rubén Sanz. Ambos pertenecen a la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo y su delito no es otro que haber participado en los piquetes informativos de la huelga general del 29 de marzo de 2012. La fiscalía los acusa de atentado contra la autoridad, lesiones y atentado contra la libertad de los trabajadores y pide para cada uno de ellos siete años de prisión y una multa de 7.500 euros.
No me cabe ninguna duda que esto forma parte de la estrategia del gobierno para preparar el terreno ante una futura huelga general. Supongo que tiene en el cajón unas cuantas “reformas estructurales” para después de las elecciones y, por si acaso, quiere meter miedo a los sindicalistas porque sabe perfectamente que sin piquetes informativos muchos trabajadores y trabajadoras no tendrían la valentía de enfrentarse solos a sus patronos, agacharían la cabeza y entrarían a trabajar ante la presión que ejerce quien tiene la posibilidad de echarlos a la calle si deciden hacer huelga.
Así es como quieren a los trabajadores, solos ante el peligro, sin la protección de los sindicatos, para hacer y deshacer a su antojo, sin tener que dar explicaciones a ningún delegado o delegada sindical cada vez que el empresario quiere obligar al trabajador a aceptar, sí o sí, condiciones laborales indignas, horas extraordinarias no remuneradas, traslados forzosos, etc. Por eso, cuanta más caña den a los sindicatos y a los y las sindicalistas, mucho mejor para conseguir sus objetivos.
Esta situación es más preocupante de lo que parece y se extiende por toda España. Nos afecta en primera persona a quienes somos sindicalistas, pero también como trabajadores, porque nos están arrebatando un derecho fundamental utilizando a estos compañeros y compañeras como chivos expiatorios.
Como dijo recientemente Cándido Méndez en una rueda de prensa sobre esta cuestión, la petición de la fiscalía es “desproporcionada y predemocrática porque no tiene en cuenta el marco constitucional que en nuestro país refleja el ejercicio del derecho de huelga y en ese sentido”, ha anunciado que UGT y CCOO “se van a dirigir a las instancias internacionales, a la Organización Internacional del Trabajo, entre otras iniciativas, para denunciar esta situación”.
Ante este sinsentido, no sólo los sindicatos y los sindicalistas, sino todos los trabajadores y trabajadoras deberíamos estar preocupados… Con las barbaridades que están haciendo en el mercado de trabajo, ¡no quiero ni pensar lo que pasaría si no tuviéramos el recurso de la huelga!
@Manuela_MJ
