Un condenado en el Ayuntamiento de Córdoba

Hace unos días hemos conocido la sentencia del denominado como «caso Malaya», el proceso penal más amplio de nuestro país contra toda una trama de corrupción desarrollada fundamentalmente en la Costa del Sol, pero con conexiones en otros puntos de la geografía andaluza. El resultado global del proceso ha sido claramente a la baja en las condenas respecto a las peticiones que el Ministerio Fiscal formuló en sus escritos de acusación y en su ratificación en el desarrollo del juicio.

Pues bien, uno de los condenados por cohecho  en este proceso penal es un concejal del Ayuntamiento de Córdoba, perteneciente a un partido político denominado Unión Cordobesa, que ha sido condenado a 6 meses de prisión y 150.000 euros de multa. Hay que recordar que las elecciones municipales de mayo de 2011 el Partido Popular obtuvo 16 concejales; Unión Cordobesa 5 (el partido del condenado);  Izquierda Unida 4,  y Partido Socialista 4. Por tanto, el concejal condenado sigue siendo aún el «jefe de la oposición» en el Ayuntamiento de Córdoba.

Aunque la sentencia no ha conllevado pena accesoria de inhabilitación para cargo público, este concejal condenado en proceso penal se niega a abandonar su escaño municipal. Además, este concejal sigue sin abonar al Ayuntamiento de Córdoba una multa de en torno a 24 millones de euros por una sanción urbanística que le impuso el anterior gobierno municipal, y de vez en cuando declara en la sala de prensa municipal que no tiene intención de pagar. Mientras tanto, en la Ciudad de Córdoba 45.871 personas siguen en desempleo, de las que el 52% llevan más de un año en paro, siguen esperando apoyo y ayuda, y en su gran mayoría sin ningún tipo de prestación.

Una persona condenada por delito de cohecho no debe seguir siendo miembro de la Corporación Municipal de Córdoba como concejal. La Política no sólo tiene al Derecho como límite, también tiene a la Ética.  Los tres grupos municipales del Ayuntamiento deben pedir de manera conjunta la dimisión de este concejal condenado. De momento, sólo IU lo ha hecho de manera firme y reiterada. Tanto PP como PSOE, de momento, dejan esa decisión al concejal condenado, y no la han exigido públicamente.

Entiendo que la situación es bastante grave, no es momento de tibiezas sino de  contundencia contra el desprecio a la democracia y a la ética. Este concejal condenado por cohecho deben abandonar cuanto antes el Ayuntamiento de Córdoba, por decencia democrática, por ética y por respeto a la ciudadanía decente que sufre el desempleo y trabaja diariamente para sacar hacia adelante a sus familias con grandes dificultades, mientras el concejal condenado se ríe en sede municipal ante los medios de comunicación y la sociedad cordobesa,  y desprecia a la democracia. Todos debemos exigir su dimisión inmediata.

Ángel B. Gómez Puerto (Córdoba).