Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
J. Martín-Arroyo – El País. Sevilla – 03/02/2011.
Un ex alto cargo de la Junta de Andalucía ha revelado que existía «un fondo de reptiles» para ayudar a empresas en crisis al margen de la ley. La Consejería de Empleo dispuso de 647 millones de euros que se repartieron presuntamente «de manera arbitraria» y sin el «procedimiento legalmente establecido», según la declaración ante la policía del ex director general de Trabajo desde 1999 hasta 2008, Javier Guerrero. La comparecencia policial abre un escándalo de dimensiones imprevisibles para el Gobierno regional, derivado del caso Mercasevilla, en el que se ha destapado graves irregularidades.
«Era un fondo de reptiles para crisis, con procedimiento distinto, una masa económica para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar», detalló Guerrero a la policía el pasado 21 de diciembre. A continuación la policía subraya cómo Guerrero dispuso de fondos públicos «sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello», según establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. «Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello», añade el escrito, que se refiere al periodo en el que fueron consejeros de Empleo José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE en Sevilla y Antonio Fernández, director del Consejo Regulador del vino de Jerez.
La policía explica en un informe el modus operandi para dar salida a las ayudas ilegales: «Consistía en una transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se transformó en la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) que desde el año 2000 hasta la fecha ha dispuesto de 647 millones». El desglose de las cifras detalla que tras el cese de Guerrero, también en 2009 y 2010 se destinaron 70 y 52,4 millones respectivamente a este fondo, aunque el fondo de 2010, se ha gestionado directamente desde la Consejería sin ser transferida a IDEA.
La policía judicial se dirige a la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, para que solicite «los convenios de todo tipo» suscritos desde 2000 por Empleo con el IFA, así como los convenios entre Empleo y empresas cuyo pago se ha canalizado directamente a través del IFA o IDEA. Además, le pide a la magistrada los informes emitidos por la intervención y el gabinete jurídico de la Junta para cada convenio suscrito.
Guerrero menciona las ayudas percibidas por la empresa pública Egmasa «con el tema de los incendios, que había que darle salida a la gente mayor y tener un cuerpo de incendios apto». Asimismo el ex director general menciona los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) llevados a cabo en Santana (que afectó a unos 1.200 trabajadores), Franja Piritica de Huelva, Cárnicas Molina, Dhul o Yogures de Andalucía, entre otros.
«Era un asunto no regulado, tuvimos debates respecto de la regulación con ocho borradores de Decreto, diez borradores de órdenes, pero como era un tema de atención exclusiva a crisis muy particularizadas en el territorio nunca se llegó a tramitar», reconoce el alto cargo ante la policía judicial. Fuentes de la Consejería de Empleo han rechazado hacer declaraciones sobre la comparecencia de Guerrero ante la policía y que implica de lleno la gestión de su departamento.
