Concha Caballero.El País.01/10/2011.
Cuando los gobiernos empuñan las tijeras su discurso se vuelve paternal y tecnocrático. Nos dicen que somos una gran familia, que vamos en el mismo barco y exhiben las cajas de caudales vacías como supremo argumento de autoridad. Pero la caja vacía no avala, en absoluto, la necesidad de recortes sino de reformas imprescindibles.
La falta de recursos de la que se lamentan no es más que la demostración de su ineficacia y de la injustísima recaudación de los ingresos. Y el argumento de que somos una familia es realmente sarcástico, porque si así fuera ¡vaya familia desigual, insolidaria, arbitraria y esquilmadora! En el año 2010, según datos de la Agencia Tributaria, los trabajadores de esta familia aportaron en impuestos 430.000 millones de euros para el mantenimiento de la casa común, mientras que los familiares que disfrutan de rentas del capital proporcionaron sólo 75.000 millones. No es que sean pocos, no. Es que tienen un tratamiento fiscal privilegiado como demuestra su contribución real a esa caja común que hoy exhiben vacía.
La idea de que en España solo pagamos los trabajadores por cuenta ajena y las pequeñas empresas no está muy alejada de la realidad. Si usted vive de su trabajo, la presión fiscal rondará el 38%; sin embargo, si sus ingresos provienen de rentas de capital el tipo real al que cotizará no llegará al 20%. Además, si usted pertenece al selecto club que dispone de gabinetes jurídicos especializados en ingeniería financiera, puede ver reducida su aportación hasta un insignificante 1%.
Con tan solo un pequeño equilibrio en esta desequilibrada balanza, se conseguirían los ingresos necesarios para pagar los servicios públicos que hoy están en riesgo.
A pesar de esto, nadie plantea seriamente una reforma fiscal que ponga fin a esta injusticia evidente. Los ricos consideran que tocar sus privilegios es «desincentivador». Por el contrario, reducir los sueldos de los trabajadores o atacar sus derechos sociales no sólo no desincentiva la economía sino que es un «sacrificio necesario». La familia de la que nos hablan es realmente tenebrosa en su reparto de cargas y ahonda a diario en las brechas sociales y en la desigualdad.
No es que la crisis haya puesto en solfa el Estado del Bienestar. Si el problema fuese este se encontrarían soluciones viables. El problema es que a una parte de las fuerzas políticas y a las fuerzas económicas más potentes de nuestra sociedad nunca les ha gustado el Estado del Bienestar. Han visto la universalización de la sanidad y de la educación como un exceso al que habría que poner freno en cualquier momento. Y ahora han encontrado la ocasión de oro y el pretexto perfecto para su desmontaje.
Si tenemos la suficiente memoria -esa cualidad tan peligrosa cuando se ejercita en la ciudadanía- recordaremos que la FAES y la CEOE en plena época de prosperidad proponían recortes drásticos de la educación pública y de la sanidad. Incluso, en fecha ya más reciente, publicaron un retrógrado y sexista estudio sobre la educación en la que argumentaban que el gasto educativo es inútil porque los resultados escolares están determinados biológicamente. Con respecto a la sanidad pusieron en circulación la idea que acríticamente utilizan algunos comentaristas y es que llegó el fin del «gratis total», como si la asistencia fuese un regalo y no un servicio sufragado, fundamentalmente, por los impuestos de los trabajadores. En cuanto a los recortes que CiU acomete con furor en la comunidad catalana, consiste en la misma política que llevó al Gobierno de Pujol a entregar en su día el sistema sanitario a las empresas privadas, solo que ahora lo envuelven en el paquete de la crisis y del chantaje del «déficit fiscal» de Cataluña. No nos entienden, al parecer, a los malagueños y a los sevillanos, pero a ellos se les entiende perfectamente su discurso insolidario y antisocial.
No somos una familia. No. Somos una sociedad que funciona todavía con una mínima cohesión que algunos se empeñan en romper, derribando los muros maestros de los servicios esenciales.