Siempre pensé que la palabra indignados era acertadísima para definir el estado de ánimo de una buena parte de la ciudadanía. Alude directamente a la pérdida de la dignidad. La dignidad es algo íntimo, solo se reconoce de dentro hacia fuera. La dignidad es propiedad individual. El movimiento 15M comenzó con el reconocimiento mutuo de la dignidad perdida, robada, una toma de conciencia colectiva. Tras al menos un par de decenios de avance del individualismo/consumismo
Califico la reforma pactada por PPSOE de indignante, porque es un agravio a la conciencia política de miles de personas que se manifiestan, toman las calles, se concentran contra la injusticia, la desigualdad, contra el poder de los poderosos.
Hay motivos políticos para estar en contra de esta reforma de la Constitución española. Pretende garantizar en la carta magna el pago de una deuda de la que las personas no son responsables. Y pretende que la paguen las rentas medias y bajas durante decenios.
La deuda privada de las entidades financieras, causada esencialmente en España por la burbuja inmobiliaria, se ha convertido en deuda pública tras las políticas de inyección monetaria a la banca y las cajas de ahorros practicadas por el gobierno. La deuda pública ha disparado el déficit público al colocarla en los mercados financieros al precio de intereses cada vez más crecientes por la saña de quienes ordenan a las agencias privadas de calificación.
El incremento del déficit se agrava por las políticas fiscales reaccionarias que no gravan las rentas altas, los grandes patrimonios, la productividad de las grandes empresas, los beneficios bancarios, las transacciones financieras, la economía especulativa, las prácticas antisociales y contra la igualdad de género, los daños ambientales, las emisiones, los residuos, y el uso intensivo de materias primas, los gastos militares,…
Todo ello bloquea la transición hacia otro modelo económico que nos saque de la crisis. Un modelo eficiente que avance hacia su conexión total al sol, residuos cero, igualdad radical, justicia social y valorización del desarrollo humano frente al crecimiento del PIB, respeto por el patrimonio ambiental y cultural.
La reforma pactada por PPSOE del artículo 135 de la Constitución, a más de ser innecesaria, pues el gobierno puede hacer y deshacer en la ley de presupuestos, pretende priorizar de aquí a 2020 el pago de una deuda que será creciente. Pues el problema de la economía es un problema de límites.
De esta crisis no se va a salir por la senda del crecimiento capitalista. Los recursos no renovables son cada vez más limitados, cada vez que hay un repunte del consumo, una esperanza de mejorar el indicador de crecimiento económico, choca contra la subida del precio de las materias primas (contra la escasez). El cambio climático agravará aún más esta situación.
Merkel y Sarkozy lo saben, porque los economistas al servicio de los dueños del capital se lo han dicho.
Saben que la única fuente de recursos para pagar la deuda, consecuencia del incremento de nuestro déficit público, si no se quiere actuar reformando la fiscalidad desde parámetros de justicia redistributiva social y ambiental, vendrá de los recortes a los derechos públicos básicos, sanidad y educación. De la privatización de lo que queda de los servicios esenciales. Del olvido de las políticas de solidaridad con los mayores, los jóvenes, con las personas dependientes, las personas desempleadas. De los recortes en investigación y cultura. De la incapacidad para nuevas políticas agroecológicas, de movilidad.
Merkel y Sarkozy se reunieron con la intención de prestar un gran servicio a sus bancos y al Banco Central Europeo antes de que pierdan sus gobiernos. Exigieron al gobierno de España el blindaje del pago de la deuda contraída y sus intereses. España es el símbolo que necesitan. Si la reforma sale adelante la soberanía de nuestro estado rodará guillotinada sobre el patíbulo de los mercados financieros.
El hecho de que en la nueva redacción del artículo 135 se diga: «El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros…,» indica que nuestras leyes de presupuestos y nuestra ley de hacienda pública ya no será nuestra. Será del eje franco alemán que es quien manda en la economía de una Europa sin Constitución Europea. Aquella que no se aprobó y que incrementaba el poder del parlamento europeo, que incrementaba el poder de los votos representativos frente al poder de los ministros de finanzas, del Ecofin.
Y todo ello sin que en la agenda europea esté la existencia de una política económica y fiscal común controlada por el parlamento europeo.
La reforma agravará además los desequilibrios y desigualdades entre comunidades autónomas. El hecho de que nuestro Estado no disponga de una cámara alta federal (al igual que Alemania), con una ley electoral que favorece el bipartidismo y los nacionalismos de derechas instalados en Cataluña y País Vasco, con privilegios forales que arrancan de la edad media en comunidades como Navarra y Euskadi, garantiza que las mayorías parlamentarias se producirán con negociaciones bilaterales y no multilaterales. Este escenario hará un daño enorme a comunidades autónomas como la andaluza, condenadas para las próximas décadas a tasas de desempleo récord en la Unión Europea.
La reforma además transfiere la hipoteca de las políticas económicas actuales y de los años pasados a las generación actual, con tasas de desempleo superiores al 45%, y a las generaciones futuras.
La reforma es antidemocrática, tiene un enorme calado y se quiere hacer en unos días, sin debate ciudadano y a las bravas.
La reforma no estaba en ningún programa electoral.
Esta reforma va a ser alimento de una indignación compartida. Rubalcaba quiere convencernos con cuatro palabritas finas, pero nos roban, nos roban.¡Basta ya! Es indignante.