Una proposición muy decente

La propuesta que ha lanzado Pablo Iglesias tras su cita con Felipe VI de estar dispuesto a formar un gobierno “de cambio y de progreso” entre PSOE, Podemos (y sus coaliciones) y UP-IU en Común, estaría avalada por los 11.643.131 votos obtenidos el 20D, más, indirectamente, por los votos de aquellas formaciones políticas que apoyasen la investidura de Pedro Sánchez para formar un gobierno así o se abstuviesen.

Teniendo en cuenta que el Partido Popular ha gobernado contra la sociedad española desde las elecciones del 20 de noviembre de 2011 con el producto de 10.830.693 votos, no cabe duda de que la legitimidad democrática de la propuesta de gobierno de Iglesias es aplastante. Nada, por tanto, que objetar al respecto.

La comparecencia de Pablo Iglesias ante los medios de comunicación ha sido tan elocuente como la sorpresa y la clara desazón (por utilizar una expresión suave) que se detecta en los titulares que ofrece toda la prensa oficial; basta el ejemplo de este titular de El País: “Sorpresa y estupor en el PSOE ante la iniciativa de Iglesias de formar Gobierno”, que atribuía al PSOE en general y a nadie de su ejecutiva en particular.

La presencia junto al líder de Podemos de Xavier Domenech portavoz parlamentario de En Comù Podem (ganadora de las elecciones generales en Cataluña) acompasada en un segundo plano por el ex Jefe del Estado Mayor del ejercito, José Julio Rodríguez, desactivaba por completo, junto con las palabras de Iglesias al respecto de la unidad de España y de la necesidad de avanzar democráticamente para resolver constitucionalmente la cuestión territorial, al ala dura del PSOE que se opone a cualquier pacto con Podemos.

Con esta oferta para recuperar la decencia política de España, perdida durante lustros de bipartidismo, y vilipendiada definitivamente en la acción del gobierno de Rajoy, Pablo Iglesias y sus coaliciones dejan claro que no han llegado para que la gramática de la política siga siendo la del quítate tu para ponerme yo.

La separación del control del poder político sobre el poder judicial, la reforma de la ley electoral para cumplir el mandato constitucional de la representatividad proporcional, la prohibición de las puertas giratorias, la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza van en esa dirección. Al igual que la conversión de TVE en un ente público democrático que no esté de manera infame al servicio del gobierno.

Pero la prioridad que Iglesias ha planteado para los primeros cien días de gobierno es la de recuperar la dignidad de las personas y garantizar el derecho a vivir sin miedo a quedarse sin techo, sin comida, si energía y sin futuro.

No ha faltado la alusión directa a la participación de España en el concierto internacional convirtiéndola en un referente de la defensa de los derechos humanos y contra el TTIP, una potencia en la producción y exportación de democracia.

Se observa en todas las propuestas de negociación de Iglesias un denominador común, la defensa de un Estado democrático. Y aquí, en esa cuestión aparentemente sobre entendida se sitúa el centro neurálgico del miedo que produce a los poderes económicos de dentro y fuera de España. A quienes nos han venido diciendo que no se podían hacer las cosas de otra manera, que teníamos que sufrir cada vez más para salvarnos.

En la guerra abierta entre capital y democracia, el primero, para resolver su crisis de crecimiento, una vez presente el abismo de los límites naturales planetarios y agigantada la ficción de la financiarización de la economía, necesita controlar los estados más que nunca para reproducirse. Necesita a la derecha política para privatizar bienes comunes y servicios públicos de manera irreversible, necesita concentrar el poder territorial para laminar las economías, las culturas y las relaciones económicas de proximidad limitando las soberanías libremente pactadas de los pueblos, y, consiguientemente, necesita destruir derechos y garantizarse el control de la coerción de la reivindicación y la protesta.

Sobre esos desmanes actúa la propuesta de Pablo Iglesias intentando crear un cortafuegos que defienda a la mayoría social. Ese cortafuegos puede además convertirse en un nuevo frente europeista. Justo cuando la Unión Europea sufre su crisis de legitimidad más grave, el hecho de que el gobierno de España se convierta en aliado del gobierno de Portugal y Grecia puede producir un efecto contagio en toda la izquierda europea, una redefinición del proyecto de Europa que ponga por delante a las personas y sus necesidades frente a la economía del capital y las bolsas.

Por nuestra parte, aquí en Andalucía, a la espera de la reacción de Pedro Sánchez y, como no, de Susana Díaz, no podemos más que alegrarnos de esta impactante iniciativa política de Pablo Iglesias que, al poner por delante los intereses de la mayoría, antes que los de su partido, pone al Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ante la tesitura de convertirse en presidente del gobierno, pasar el Rubicón, dejando en el pasado las políticas antisociales que su partido inició, y no sólo después de que Zapatero sucumbiera ante Merkel, o delegar en Susana Díaz y observar desde la distancia como el PSOE entra en barrena en unas elecciones generales forzadas por su propia incapacidad de formar gobierno, arrastrando con toda probabilidad a la tumba la histórica fuerza electoral del PSOE Andaluz.

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos momentos Rajoy acaba declinar «de momento» intentar formar gobierno «por falta de apoyos.»