UNIÓN EUROPEA. ANÁLISIS DAFO. LAS OPORTUNIDADES (3)

Rafa Rodríguez

UNA EUROPA SOCIAL, FEMINISTA Y ABIERTA

1. EUROPA SOCIAL

La Unión Europea es el factor clave para la defensa del Estado de bienestar porque al ser la UE un mercado único también es necesario tener instituciones compartidas en el mercado laboral, la igualdad y las prestaciones sociales y la inmigración. Mientras que las competencias básicas del Estado de bienestar sean de diseño de cada país, habrá una descompensación a favor de los mercados y en contra de los derechos sociales.

Como un primer paso todos los Estados deben adherirse al Pilar Europeo de derechos sociales para crear la “unión europea de estándares sociales”.

Uno de los objetivos claves es recuperar los niveles salariales de antes de la crisis. Entre 2010 y 2017 los salarios han crecido en Europa sólo un 1,7%, cuando en los sietes años anteriores a la crisis (2000 a 2007) lo hicieron al 2,5%. Esto ha provocado que hayan perdido peso en el PIB con respecto a las rentas del capital, ya que mientras en 2010 los salarios suponían el 57% del PIB, ahora representan sólo el 55% y la perspectiva es que vayan a seguir decreciendo. En especial hay que evitar que se den situaciones jurídicas que permitan el precariado, el exceso de trabajo temporal o contratos a tiempo parcial indeseados.

La lucha y protección contra el desempleo es clave. Aunque el paro en la UE esté ahora en el 6,4%, aún afecta a cerca de los 16 millones de parados, con una distribución muy desigual por territorios y edad. Los jóvenes siguen duplicando la tasa media del paro y territorios como Andalucía triplican esa tasa media de paro.

Por ello para avanzar en la Europa social es necesario:

• La creación un marco legal europeo para salarios y rentas para dignificar el trabajo y rechazar las políticas estratégicas basadas en bajadas de salarios y despido libre.
• Organizar un verdadero espacio social sostenible en sanidad, educación, empleo y protección social.
• Políticas económicas para la creación de empleo.
• Una agenda social de derechos mínimos sociales y laborales garantizados en toda la Unión Europea.
• Hacer efectiva la Autoridad Laboral Europea.

En este contexto, la política económica económica de la UE debe incorporar de forma obligatoria los principios del pilar social y no sólo las reglas fiscales y presupuestarias. Para ello proponemos insertar las dimensiones sociales en los procedimientos de coordinación económica, incorporando a los ministros de trabajo en los debates del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).

La agenda social debe garantizar a toda la ciudadanía de la UE, al menos:

• Un salario mínimo (solo rige, todavía, en 22 de los 28 Estados miembros).
• Seguro de desempleo europeo, que incluya a los parados de larga duración, y una directiva sobre acceso universal a la protección social, que conduzcan a mejores derechos y condiciones de trabajo más justas para todos los trabajadores y trabajadoras europeos, independientemente de su situación laboral, incluidos los trabajadores precarios, de plataformas y autónomos.
• Un acuerdo ambicioso para la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, que garantice que el principio de igualdad de retribución por el mismo trabajo se respete plenamente en toda Europa.
• Renta básica europea para todas las personas sin ingresos mínimos.
• Reducción de la jornada laboral.
• Políticas activas de empleo, reforzando la Garantía juvenil.

La Autoridad Laboral Europea, creada en 2019, no está prevista que alcance capacidad operativa hasta 2024. Necesitamos adelantar esta fecha al 2020 para combatir los abusos y fraudes transfronterizos y ayudar a las autoridades públicas y los interlocutores sociales a entablar un diálogo social sólido y negociar colectivamente, resolver conflictos a nivel transnacional y lograr una transición justa hacia una economía baja en carbono y una digitalización y globalización más justas. Para ello es necesario la creación del cuerpo de inspección y ejecución que vigile y controle los estándares laborales, coordinado con las inspecciones laborales estatales y regionales con el objetivo de que las empresas que están intentando evitar pagar un salario apropiado o incumplir los derechos laborales con creaciones maliciosas puedan ser multas por esas prácticas.

2. EUROPA FEMINISTA

La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los que se incluye la igualdad, y promueve la igualdad entre hombres y mujeres [artículo 2 y artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE)]. Estos objetivos también están consagrados en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) también otorga a la Unión el cometido de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad a través de todas sus acciones (este concepto también se conoce como «integración de la dimensión de género»). La Unión y los Estados miembros se comprometieron, en la Declaración n.º 19 aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, a «combatir la violencia doméstica en todas sus formas […] [,] prevenir y castigar estos actos delictivos y […] prestar apoyo y protección a las víctimas».

Sin embargo, la desigualdad y la violencia contra las mujeres sigue siendo una insoportable realidad dentro de la UE.

Necesitamos soluciones comunes entre los países de la Unión Europea, y eso sólo se consiste con normas vinculantes, organización, concienciación e intercambios de buenas prácticas. Es imprescindible ir más allá de medidas puntuales y tener una estrategia europea sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

La violencia contra las mujeres constituye una forma brutal de discriminación y una violación de los derechos humanos que se produce en todas las sociedades y países de la UE. Según los datos disponibles (el Instituto Europeo de Igualdad de Género ni siquiera ha logrado una estadística sobre violencia machista que abarque a todos los Estados de la UE.):

• Una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años.
• Una de cada veinte mujeres ha sido violada.
• Más de la mitad (55 %) de las mujeres ha sufrido acoso sexual.
• Una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja.
• Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia.

La lucha contra la violencia de machista debe ser una prioridad política para Europa, con la aprobación de la Directiva europea contra la violencia de género, en la que se tomen medidas para que ninguna mujer en la UE se sienta insegura por serlo y que se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, y las víctimas pueden moverse a través de las fronteras sin temor a perder la protección legal, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO).

El Convenio de Estambul del Consejo de Europa es el tratado internacional más completo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El Convenio se presentó en 2011 y entró en vigor en agosto de 2014. El Convenio de Estambul reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. Aborda la violencia contra las mujeres a través de medidas dirigidas a la prevención de la violencia, la protección a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores.

Aunque el 11 de mayo de 2017, el Consejo adoptó dos decisiones relativas a la firma del Convenio del Consejo de Europa (Convenio de Estambul) sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, adhiriéndose al Convenio de Estambul y todos los Estados miembros de la UE han firmado ya el Convenio, es necesario aplicarlo en todos los Estados de la Unión Europa, incluyendo medidas contra las nuevas formas de violencia de género como el ciberacoso.

La Unión Europea debe garantizar el fin de la brecha salarial de género y la brecha digital. La UE no puede permitir que en un Estado de la UE pueda haber sentencias judiciales machistas y tiene que garantizar que se prohíba cualquier mensaje discriminatorio en la publicidad de los medios de comunicación. Existen diferencias considerables entre los países de la UE, llegando a más del 20% en países como Austria o la República Checa. Pero la brecha salarial no se analiza de manera aislada, sino junto con otros indicadores del mercado laboral. Por ejemplo, aquellos indicadores que reflejan los diferentes patrones de trabajo de las mujeres o los puestos que suelen ocupar ellas. El problema de la brecha salarial está directamente relacionado con la desigualdad en los puestos de trabajo asociados a hombres y los asociados a mujeres. Actualmente, el 31,1% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, frente al 8,2% de los hombres y el 31% de las que no están en el mercado laboral sostienen que la razón es el cuidado de un familiar.

Reclamamos la aprobación inmediata de la directiva sobre permisos parentales, incrementando los mínimos del actual proyecto y su rápida puesta en práctica, ya que todavía hay 11 países en los que no se dan 10 días en el momento del nacimiento de los hijos; 12 Estados no prevén permisos no transferibles y en 9 durante ese periodo no se cobra nada.

En materia de salud y derechos sexuales y reproductivos está habiendo retroceso en países de la UE como Polonia, por lo que es necesario una actuación más decidida de la UE. Además, la perspectiva de género debe estar en todas las políticas comunitarias empezando por la transición a energías limpias tal como explica el manifiesto “En energía, no sin mujeres”, en las políticas migratorias y en los tratados comerciales, en las políticas europeas sobre ciencia o en las políticas agrícolas.

Para hacer efectiva la política europea para la igualdad de género necesitamos mecanismos que garanticen su aplicabilidad en todos los Estados y que los presupuestos europeos aborden la perspectiva de género en todos sus epígrafes. También es preciso que se incluya en los tratados comerciales y de inversión un capítulo específico sobre igualdad de género con el fin de promover la igualdad en terceros países.

 

3. UNA NUEVA POLÍTICA PARA LA EMIGRACIÓN

La impotencia de la Unión Europea ha tenido como realidad y como símbolo su incapacidad para gestionar, de acuerdo con los derechos humanos, el flujo migratorio tras el estallido de Siria y Libia, que constituye una tragedia humana de terribles dimensiones.

La crisis migratoria divide profundamente a los países e impulsa a la ultradeeacha, especialmente en Italia. Hoy más que nunca, cuando el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio para miles de personas que huyen de la guerra y del hambre, es necesario una política migratoria común que canalice los flujos migratorios de acuerdo con los derechos humanos y ponga en marcha una política de inversiones en los Estados que no pueden atender a sus poblaciones para equilibrar el desarrollo económico.

La caída de la fertilidad y el envejecimiento de la población hace insostenible el Estado de bienestar construido después de 1945 a no ser que haya cambios radicales en la política de inmigración.

Las contradictorias reacciones de los Estados ante esta coyuntura migratoria es exactamente lo contrario de lo que debe ser el comportamiento de la UE. La UE recurrió a un acuerdo vergonzoso con Turquía a la que concedió 6.000 millones de euros a cambio de que se hiciera cargo de la crisis migratoria. Dinero y concesiones políticas de calado para devolver en masa a todas las personas que desembarcaban en Grecia de forma irregular, aunque las expulsiones masivas están prohibidas por el derecho internacional y lo hizo además cuando Turquía más ha retrocedido en sus estándares democráticos. Varios Estados vulneran la libre circulación de personas y hay Estados como Dinamarca que aprobó una ley que incluye confiscarles dinero y objetos de valor a los inmigrantes, aunque Alemania y Suecia revirtieron sus políticas de acogida.

Frente a esta ruptura práctica de la Unión Europea, defendemos una política común que se base en dos pilares, a) Un desafío de esta naturaleza solo se puede abordar adecuadamente atendiendo a las causas y b) al mismo tiempo debemos cambiar el enfoque de las políticas migratorias de la Unión Europea, actualmente centradas en el control de fronteras y en la seguridad, desarrollando una nueva política de asilo con un sistema común en el que se priorice a las personas y los derechos humanos, en coherencia con los valores fundacionales de la Unión Europea.

Hay que ir a las causas. Entre los múltiples factores que empujan a la gente a abandonar sus hogares, cabe identificar dos: por un lado, las guerras y los conflictos armados; por otro, la expulsión de la población de un territorio que se deriva de la destrucción de los hábitats donde viven. No son factores que actúan aisladamente, sino que se retroalimentan entre sí construyendo un entramado que incide sobre la población en una misma dirección.

En la actualidad hay treinta y seis conflictos armados registrados en el mundo y noventa y seis escenarios de tensión que están provocando la huida de millones de personas ante el temor fundado de que serán perseguidas o aniquiladas en caso de permanecer en sus hogares.

Pero, junto al hecho incontestable de que los conflictos armados provocan la huida masiva de la gente, nos encontramos con otros procesos menos evidentes como el acaparamiento de tierras, el extractivismo minero y energético, la desertificación o el anegamiento de zonas densamente habitada, que están expulsando (y en el futuro inmediato lo harán de manera más intensa) a innumerables personas de sus hábitats por motivo de simple supervivencia.

Por ello hay que abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados desde una mirada holística e integral actuando en los países de origen y tránsito, mediante un plan global de desarrollo humano coordinado por Naciones Unidas y liderado por la Unión Europea para trasladar más allá de sus fronteras sus valores fundacionales de paz, cooperación y solidaridad: es imprescindible un “Plan “Marshal” para la reactivación económica y ecológica de los Estados emisores de migrantes económicos en el marco del  Pacto de migraciones de la ONU.

Como medidas urgentes es necesario poner en marcha en el Mediterráneo una operación de rescate y salvamento eficaz, con un mandato humanitario claro, que cuente con los medios y el alcance necesario, de acuerdo con el deber de socorro y habilitar vías legales y seguras (concesión de visados humanitarios, programas de reasentamiento permanentes, facilitar las solicitudes de asilo en embajadas y consulados, eliminación de obstáculos como el visado de tránsito impuesto en España para personas que proceden de países en conflicto, etc.) con el fin de que las personas refugiadas no se vean obligadas a utilizar rutas cada vez más peligrosas poniendo en riesgo sus vidas, aplicando las sentencias del tribunal de las CCEE

Hay que hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias, la Directiva 2001/55CE del Consejo que, pese a su antigüedad, nunca ha sido aplicada y que habilita medidas que pueden beneficiarse del Fondo Europeo para refugiados. La directiva provee de iniciativas para hacer seguro y equitativo el deber de solidaridad entre los Estados miembros de la UE. Es decir, ya existen las bases de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), existe una normativa en vigor que hace posible adoptar medidas y existe dotación presupuestaria.

Para implementar las vías legales de solicitud de asilo es preciso crear la Oficina Europea de Asilo encargada de armonizar las legislaciones nacionales y garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y de tránsito y que se abra así el expediente de asilo, sin que sea necesario llegar a territorio europeo para tramitarlo, e incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que deberían multiplicarse, asegurando en ellas la presencia de representantes de ACNUR. La UE debe y puede multiplicar las oficinas diplomáticas y consulares (esa es una contribución de los Estados Miembros. No hace falta que todos los países las abran en todos los países de riesgo o en sus Estados limítrofes). Se trata de coordinar la aportación de los Estados miembros para ese incremento, sobre todo en los países limítrofes de aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados y llevar a la práctica la Iniciativa legislativa de visas humanitarias impulsada por una amplia coalición izquierda y partidos europeístas, liberales, verdes y socialistas

Entre esas medidas se incluye también eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto y mejorar los programas de reunificación familiar.

Para todo ello es necesario la creación de una Autoridad Única Europea. No basta con la FRA (Agencia Europea de derechos fundamentales) ni con FRONTEX (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores). La política común necesita contar con una autoridad o agencia específica para la gestión del sistema de asilo, refugio y la protección subsidiaria, con especial atención a los programas de reasentamiento.

 

(*) Obra de Esther Ferrer (serie de artistas plásticos europeos contemporáneos)