Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
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1. No hay cambio de modelo económico
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el instrumento más potente para cambiar el modelo económico. La más inquietante del proyecto para 2017 no es sólo la falta de interés por avanzar en un cambio en nuestro modelo productivo, sino que sigue una dirección opuesta, la de optar por la desinversión. No existe mayor ataque a las condiciones de vida y trabajo de las clases populares que el continuismo del modelo económico actual.
Durante estos años de crisis se ha sustituido un modelo que asignaba los recursos por criterios especulativos con alta rentabilidad inmediata para determinadas élites económicas, basado sobre todo en la inversión inmobiliaria financiada con endeudamiento exterior, por otro que pretende ganar productividad mediante el desempleo, la bajada de salarios y la disminución del gasto social, es decir, mediante la desigualdad, lo que está aumentando la brecha social, territorial, de género e incluso generacional.
Si aquel modelo fue compartido por el bipartidismo, esta huida hacia adelante es responsabilidad del PP, por eso es urgente desalojarlo del gobierno porque cuanto más se tarde en afrontar el problema de fondo de la economía española, más complicada va a ser el cambio de rumbo.
El continuismo implica el aumento exponencial del riesgo porque la economía española tiene tres grandes problemas: una tasa de paro superior al 25%; una deuda pública y privada superior al 250% del PIB y unos niveles creciente de desigualdad que supera cualquier límite de resistencia social. La combinación de estos tres factores son también una amenaza para el sistema bancario, atenazado entre los efectos de las pasadas operaciones inmobiliarias fallidas y la exposición a las ingentes cantidades de títulos de deuda en sus activos. Con esta vulnerabilidad, cualquier cambio en el contexto internacional sobre el precio del dinero o el precio del petróleo, puede ser letal.
Los PGE 2017 no solo no se plantean un cambio de dirección, sino que ni siquiera frenan la desaceleración de la actividad económica en términos reales, cuyo ritmo bajará desde el 3,2% de 2016 al 2,5% previsto por el Gobierno para este año ni tienen la intención de resolver la profunda crisis de empleo que perjudica sobre todo a los territorios con mayores tasas de paro y desigualdad. Sus previsiones disminuyen el ritmo de crecimiento del empleo, pasando del 2,9% al 2,5% en 2017. Igual sucederá con la previsión de la tasa de paro, que, si en 2016 se redujo 2,4 puntos, en 2017 caerá solo 2,1 puntos, hasta el 17,5%.
Sabemos que es posible otro modelo basado en la conexión entre la estructura productiva y la estructura territorial, a través de un tejido de PYMES industriales que potencien el empleo indefinido, con menores costes energéticos (energías renovables) e inversiones en activos inmateriales (aplicaciones informáticas e I+D, sobre todo), tal como ocurre por ejemplo en Alemania, para adaptarse a los cambios de la economía digital, luchar contra el cambio climático y crear empleo de calidad.
Reforma fiscal, nueva Financiación Autonómica, planificación e inversión pública con la participación de las CC.AA. (modelo federal) son las herramientas que tiene el Estado para una asignación de los recursos financieros y productivos (predistribución) de acuerdo con los intereses generales, pero en estos PGE la inversión pública ha caído en 22.000 millones desde el año 2007, lo que se acentúa en estos presupuestos ya que en términos generales se reduce en un 3,3%; entre los programas que mayor recorte sufren destaca el de Desarrollo industrial (- 60,22%) y el de la lucha contra el cambio climático (- 45%).
La mejora de la recaudación y la rebaja del déficit público están condicionadas por las previsiones de inflación. Se confía en la inflación para aumentar la base imponible de los impuestos y para rebajar también el déficit.
Al mismo tiempo no compensa la subida de los precios en pensiones, subsidios, becas y ayudas por lo que el Gobierno mejora el saldo de las cuentas públicas a costa de la pérdida de poder de compra de las personas receptoras de gasto social. La inflación funciona como un impuesto que grava más a los que menos tienen por lo que no es cierto que el gobierno no suba los impuestos, lo hace y de manera regresiva.
El aumento previsto en la recaudación para este año (7,9%) parece poco creíble, sobre todo, cuando se compara con la subida del 1,8% de 2016. Es necesaria una reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando la presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumentando la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio).
Este exceso en las previsiones de los ingresos públicos puede conducir a un recorte del gasto en la ejecución del presupuesto, de forma que los créditos asignados a las distintas partidas tienen un componente más aparente que real.
Las principales deficiencias en la asignación de las partidas de gasto son:
– Es necesario aumentar el gasto en protección por desempleo, para elevar la tasa de cobertura que está en el 56%, 24 puntos por debajo de su nivel en 2010. Asimismo, no se introduce previsión alguna para una Renta Básica que reduzca los elevados índices de pobreza y exclusión social.
– El peso de la educación y la sanidad en términos de porcentaje del PIB va a bajar también;
– Los pensionistas van a seguir con una pérdida continuada del poder adquisitivo. En los próximos cinco años pueden llegar a perder el 10%.
– El incremento de sólo 100 millones para el conjunto del Estado en la Dependencia es claramente insuficiente
– El presupuesto en acciones a favor de los inmigrantes se mantiene estable (crece un millón con respecto a 2016), a pesar de que durante este año ha aumentado el flujo de inmigrantes en más de un 50%.
– El PP ha vuelto a eliminar la partida dedicada a la Ley de Memoria Histórica, aunque se calcula que hay aún unas 2.000 fosas por abrir.
Los PGE tienen dos instrumentos fundamentales para corregir las diferencias territorios del Estado: la inversión regionalizable y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). En ambos son determinante por un lado su cuantía y por otra su distribución.
a) La inversión regionalizable en los PGE para 2017
La inversión regionalizable ha descendido desde los más de 16.500 millones de 2011 a los 11.128,2 millones del pasado ejercicio y a los 8.597 de estos PGE.
Además, su caída afecta a algunas CC.AA. más que a otras, lo que contribuye todavía más a acentuar las disparidades. Andalucía recibe 138€ por habitante mientras que Castilla y León, por ejemplo, recibe 405€.
La distribución, ante la falta de canales para la participación de las Comunidades Autónomas, se hace por criterios partidistas en función de las necesidades de apoyo que tiene el gobierno del PP para obtener los votos necesarios para aprobar estos presupuestos y la representación en el Congreso de partidos de ámbito subestatal. Por ejemplo, Canarias es la única Comunidad Autónoma para la que se prevé un incremento de las inversiones en infraestructuras.
b) El FCI en los PGE para 2017
El FCI es el instrumento que prevé la Constitución para luchar directamente contra la desigualdad territorial mediante la transferencia de créditos de inversiones que son ejecutadas por las CC.AA. para hacer efectivo el principio de solidaridad. Lo perciben las siguientes: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Suman más de la mitad de la población (58%) y también copan el desempleo: dos de cada tres parados del Estado viven en estos territorios.
Para 2017, el FCI tiene una consignación propuesta de 432,4 millones de euros, lo mismo que en 2016, pero si se compara con 2011 (774,4) la caída es notable: un 44,2% menos. Estas cantidades son del todo insuficientes para cumplir con su finalidad constitucional por lo que las diferencias de renta entre las CC.AA. lejos de achicarse están creciendo año tras año.
Estos PGE suponen un duro golpe para Andalucía que, a pesar de ser la Comunidad Autónoma más poblada, la que tiene la tasa de paro más alta y la renta per cápita más baja, discriminan y castigan a Andalucía no tiene un Partido propio con representación en el Congreso que defienda nuestros intereses.
– Los PGE incumplen las previsiones de financiación contenidas en el Estatuto de Autonomía ya que no incluyen la deuda del Estado con Andalucía de 2.228 millones por inversiones, desde 2008 a 2014.
– Andalucía recibirá en 2017 un total de 1.156,76 millones correspondientes a la inversión real del Estado, lo que supone el 13,5% del total regionalizable (nuestra población supone el 18%), y un 36,6% menos en comparación con los 1.825,24 millones presupuestados para 2016.
– Proyectos tan determinantes como las conexiones ferroviarias de Almería y de Granada carecen de financiación.
– Especial importancia tiene el olvido para con las infraestructuras del Campo de Gibraltar porque esta comarca soporta por un lado la condición de ser la que sufre la tasa de paro mayor del Estado y por otra la incertidumbre de las consecuencias del Brexit en sus relaciones con Gibraltar. El Puerto de Algeciras, el más importante del Mediterráneo y uno de los cuatro más importantes de Europa, líder en España en el tráfico de contenedores con cerca de 100 millones de toneladas transportadas durante 2016, es el nodo en el que deben coincidir los dos corredores europeos, tanto el Mediterráneo como el Atlántico y su posible conexión con la red de alta velocidad de Marruecos, por lo que se trata de un proyecto de “Estado” para Andalucía.
– El Gobierno del PP ha destinado 5.084 millones de euros en sus presupuestos entre 2012 y 2016 para obras ferroviarias del corredor mediterráneo a su paso por Valencia, Cataluña y Murcia, pero olvida a Andalucía.
– Los PGE sólo incluyen una partida de 20 millones de euros para ejecutar actuaciones en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Esta infraestructura requiere todavía una inversión de 1.179 millones.
