I. El “Acuerdo con el sistema universitario público por Andalucía”, firmado en Sevilla el 19 de junio de 2013 por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y las diez Universidades Públicas Andaluzas, en principio es saludado por la Asamblea de la UJA:
a) Porque supone el reconocimiento por parte de los máximos responsables políticos y universitarios de la grave situación financiera de la universidad pública andaluza. Y, en consecuencia, manifiesta la necesidad de una reacción institucional urgente.
b) Porque reivindica el importante valor que para la sociedad andaluza ha tenido el disfrute de un sólido sistema universitario en las últimas dos décadas. Y, por ende, sitúa atinadamente su sostenimiento como instrumento estratégico de la Junta de Andalucía en las políticas de amortiguación del impacto social de la crisis económica y como eje fundamental de salida a la misma.
c) Y, también, porque explicita el compromiso con los fundamentos del actual sistema universitario público: el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, la firme apuesta por la investigación o la estabilización del personal universitario.
II. Ahora bien, la Asamblea estima que el análisis de la incierta coyuntura que zarandea el sistema público universitario andaluz dista de ser preciso y exhibe un nítido talante ideologizado:
a) Al achacar a la crisis económica la responsabilidad de la difícil situación del sistema universitario público andaluz, sin detenerse en las causas que exponen al mismo a los vaivenes económicos y presupuestarios, se ocultan los errores de gestión y diseño que han generado la actual situación de debilidad de las universidades públicas andaluzas.
b) Al ignorar que la apuesta por la privatización de la universidad pública (vía financiación de la privatización al promover el paulatino traslado del coste de los estudios universitarios del estado a las familias; o al externalizar la oferta de estudios de posgrado a través de la financiación de agentes externos al sistema educativo –bancos, empresas, multinacionales, etc.-) y del sistema de producción de ciencia (al perseguir, con escaso éxito incluso en épocas de bonanza económica, la financiación privada de la producción del conocimiento), apenas disimulada tras el espíritu modernizador del denominado proceso de Bolonia, puso parte del sostenimiento del sistema universitario en manos de la financiación y los intereses privados. Flujos de inversión de origen particular que en años de vacas flacas se retiran a lugares más rentables.
c) Al ocultar que algunos de los desequilibrios de diseño del sistema universitario andaluz (un aparato burocrático sobredimensionado, un mapa de titulaciones poco especializado, la mixtificación entre campus y ladrillazo, etc.) se hallan estrechamente vinculados a la gestión de los equipos de gobierno de las distintas universidades, cuando no a la injerencia de intereses extraños a la universidad. Rutilante prueba de esto, la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía, con la connivencia de los rectores, de implantar el grado de Medicina en tres universidades más de la comunidad.
d) Al despreciar el coste a pagar por la transmutación economicista de la universidad. La conversión de la universidad en epicentro de la actividad económica y, por ende, en eje de crecimiento económico, ha significado su subordinación funcional y simbólica -a través del ideologema del emprendimiento- a la iniciativa privada y a particulares intereses mercantiles. Por esta senda, el desacople entre los tiempos de la producción y transmisión del conocimiento y la tecnología y los requerimientos perentorios de la atascada economía andaluza y española, abrió una vía de deslegitimación social en la institución.
e) Por último al cargar todo el acento de los males de la universidad en la coyuntura económica, se ignora el componente político de la erosión del sistema universitario andaluz: pues la asfixia presupuestaria de la Comunidad Autónoma Andaluza, y con ella de todo el sector educativo, viene en gran medida provocada por el injusto tratamiento fiscal de la política territorial del Gobierno del Reino de España.
III. A tenor de esto, la Asamblea, reconociendo la oportunidad de la iniciativa, desestima el espíritu y la mayor parte del contenido de un acuerdo más atento a intereses empresariales que a la defensa de la universidad pública:
E insta a que los Rectores de las universidades y el gobierno andaluz emprendan, desde el compromiso con la función social de la universidad europea y desde la toma de conciencia del atasco estructural del modelo económico de la globalización, la reorientación del modelo neoliberal de universidad surgido de “Bolonia”, culpable principal del atolladero ontológico y material en que se encuentra hoy el sistema universitario público.
Asimismo, ante la naturaleza mercantilista del acuerdo suscrito, la Asamblea de la Universidad de Jaén realiza un llamamiento a la movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público universitario.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado la puesta en marcha de una comisión de expertos para la reforma del sistema universitario. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha afirmado que este grupo, formado por especialistas «independientes», evaluará durante seis meses el sistema universitario para elevar luego al Gobierno «una serie de recomendaciones para su mejora». Su presidenta será Teresa Miras, catedrática del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Real Academia de Farmacia.
Las cinco universidades públicas valencianas han obtenido la calificación del Campus de Excelencia Interacional (CEI), según fuentes de la consejería de Educación. Con este sello, el sistema universitario público valenciano se convierte en el «primero» de España en obtener esta etiqueta para en todas sus universidades. El jurado internacional de expertos ha reconocido el proyecto valenciano Campus Habitat 5U, en palabras de Juan Julià, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, que coordina junto a la Universitat de València, la Jaume I de Castellón, la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elche, este proyecto que aspira a ser «una de las mayores agregaciones científicas y tecnológicas del país». El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y los rectores convocan rueda de prensa este mediodía en Valencia.
No son pocas las voces que se han erigido en favor de una reforma del sistema universitario español en lÃnea con la finesa. Sin embargo, es preciso tener presente que existen diferencias sustanciales entre las sociedades civiles, el sector público y las universidades española y finlandesa que hacen que no todas las medidas sean directamente importables.