Valores democráticos, dignidad y derechos humanos.

Tribuna de opinión publicada en la web Gómez Puerto Abogacía y Mediación.

En Europa estamos viviendo unos tiempos de crisis de nuestro sistema de valores. La insolidaridad con los que vienen huyendo de guerras y hambre es patente. Las políticas conservadoras nos han llevado a un extremo y estrecho nacionalismo, olvidando lo que en algunos momentos históricos fue Europa, una tierra de democracia, dignidad y derechos humanos.

Por pedagogía democrática, es conveniente recordar la transcendencia de preservar y fomentar diariamente los valores democráticos y el sistema de derechos fundamentales de nuestros Estados de Derecho. Hay fechas en el calendario, en las que, por  ese objetivo pedagógico, recordamos tanto en centros escolares y universitarios, como en medios de comunicación y en otros foros, que ahora tenemos democracia y un texto constitucional que consagra tanto principios democráticos como derechos y libertades, pero que no siempre fue así, como bien sabemos precisamente en nuestro país, en el sufrimos una larga privación de derechos y libertades que se alargó hasta casi cuarenta duros años.

Por esas razones que acabo de apuntar, con ese objetivo académico y divulgativo, cada 6 de diciembre celebramos el Día de la Constitución y cada 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemorando fechas históricas en el calendario democrático y jurídico. Con motivo de estas dos importantes efemérides democráticas, recordamos su significado, su evolución, algunos de sus contenidos y su estado actual, textos que tienen en común partir de un fundamento central, el concepto de dignidad humana. Pero no debemos caer en ritos de calendario, debemos hacer el esfuerzo permanente de poner en valor los pilares esenciales de la democracia.

Pero, no sólo en diciembre hay que recordarlos, cualquier fecha es muy buena para este objetivo. Lamentablemente esta primavera de 2016, con la crisis de los refugiados que estamos conociendo cada día, se evidencia que nuestro sistema universal de derechos y libertades no tiene bases suficientemente sólidas, o que estamos gobernados por políticos poco comprometidos con estos valores.

Nuestra Constitución de 1978 tiene como uno de sus textos inspiradores precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como es conocido, este transcendental texto internacional se aprobó en París, el 10 de diciembre de 1948, por Resolución de la Asamblea General de la ONU. Los Estados se ponían de acuerdo en un texto de treinta artículos sobre los derechos considerados básicos para todos los ciudadanos a nivel universal. Realmente constituyen el contenido mínimo de un concepto de democracia y dignidad universal, debe ser infranqueable, debe ser la bandera del poder ciudadano, que también se proclama en el artículo 10 de nuestro texto constitucional, junto al concepto central de dignidad.

Recordemos que el proceso de evolución histórica del reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales del individuo tiene señalados hitos en el siglo XVIII, principalmente en la Declaración de Derechos del Estado de Virginia de 1776, o la emblemática Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, producto jurídico principal de la Revolución Francesa. El individuo empezaba su andadura imparable hacia la consideración de ciudadano, dejando definitivamente atrás su pasado de súbdito.

Partiendo de estas bases políticas y jurídicas, en los siglos XIX y XX se desarrolla un proceso de ampliación de derechos (derechos de participación democrática y derechos sociales), fundamentalmente como consecuencia de la transformación progresiva del concepto de mero Estado de Derecho hacia el más acabado y completo de Estado Democrático y de Estado Social. Y en 1948, como hemos apuntado al inicio, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, máximo exponente del proceso de internacionalización del reconocimiento y garantía de derechos y libertades. En este texto, clave para los sistemas democráticos actuales, aparece la idea de dignidad del ser humano como fundamento de los derechos y libertades que se declaran.

En su exposición de motivos se expresa que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en el texto su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y en su artículo primero se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda una declaración de democracia universal.

Pues bien, en las Constituciones democráticas de la segunda mitad del siglo XX aparece también la dignidad humana y la configuración social del Estado. En nuestra Constitución de 1978 se alude a este concepto, en un precepto clave al respecto, el artículo 10, que establece en su primera parte que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Y en su segundo apartado se hace referencia expresa al texto internacional de 1948, al declarar que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución española reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Después de tantos años de Declaración Universal de Derechos Humanos, de dignidad humana formalmente declarada y protegida, textos constitucionales con amplias declaraciones de derechos y libertades, con amplios sistemas de garantías de los mismos, nos encontramos que en una gran parte del mundo, incluido nuestro mundo “desarrollado”,  no rige precisamente la dignidad sino la exclusión social por diferentes motivos. Queda mucho por hacer para lograr la efectividad real de todos los valores, derechos y libertades consensuados universalmente desde 1948, y protegidos constitucionalmente en España desde 1978.

Como apuntábamos al inicio, vivimos momentos históricos de poco respeto a los valores democráticos y a los derechos fundamentales, por eso es tan importante inculcar a los más jóvenes la transcendencia de la democracia, para que la defiendan de manera radical, con libertad de expresión plena y siendo conscientes que en ello va una vida digna para el futuro.

Y en nuestro país, en pleno proceso de negociación de un nuevo gobierno, algunos tenemos la esperanza de enterrar definitivamente los cuatro largos años de políticas retrógradas en materia de derechos y libertades y de destrucción de políticas públicas que son las que pueden garantizar el principio de igualdad material, real y efectiva. Esperemos que esta primavera surja un programa de gobierno que piense en la gente, en la dignidad, en los valores democráticos y en la profundización del Estado Social.

Ángel B. Gómez Puerto. Abogado y Mediador. Doctorado (DEA) en Derecho Constitucional (UCO).