Vuelve la crisis política (primera parte)

Rafa Rodríguez

1.   Vuelve la crisis política

La ciudadanía, desde distintas perspectivas, está percibiendo que el sistema político no funciona porque no resuelve los problemas planteados (desigualdad, pobreza, conflicto con el independentismo catalán, corrupción, etc.). Es más, estos problemas no resueltos llevan a la visualización de que existen fallos estructurales, fallos de sistema, que lejos de plantearse alguna vía de solución parecen irresolubles.

La acumulación de problemas no resueltos provoca pesimismo porque percibimos que el instrumento que tenemos para gestionar los problemas colectivos, el sistema político, no cumple su función ni hay perspectiva de que lo vaya a cumplir.

Repasamos los principales problemas que padecemos:

 

2.   La desigualdad aumenta mientras se obvia cualquier reforma estructural para acercar el modelo económico a los requerimientos de nuestro entorno en el siglo XXI

Hay crecimiento del PIB y una coyuntura económica internacional favorable (tipos de interés bajos, aumento de la demanda turística, bajos precios del petróleo, etc.). Sin embargo:

• Seguimos con la tasa de paro más alta de toda la UE (solo superada por Grecia), que duplica la media de la eurozona,
• Los salarios medios son un 15% inferiores al sueldo medio de la UE
• España tiene la tasa más alta de empleo temporal no deseado, de toda la UE.
• Según datos de la Agencia Estatal tributaria, los beneficios de las empresas en 2017 crecieron el doble que los sueldos.
• Según Eurostat, los sueldos crecieron cinco veces menos que en la zona euro.
• Todo ello ha provocado un aumento de la pobreza.

Además, internamente esta desigualdad no se reparte homogéneamente. Por el contrario, en la actualidad el índice de desigualdad territorial es el más alto de la UE, solo superado por Rumanía y Bulgaria. Las Comunidades del sur (Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia) tienen un PIB per cápita inferior en un 50%, como media, de las CCAA más ricas (Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña).

La magnitud de este problema pone de manifiesto un problema estructural: el modelo económico no responde a los requerimientos de nuestro entorno en el siglo XXI y, sin embargo, no hay ningún proyecto para cambiarlo.

3.   Pensiones

Las “cuentas” para unas pensiones dignas no son solo las cuentas de la Seguridad Social como si fuese un ente separado del Estado. Son las “cuentas” del Estado del Bienestar en su conjunto, lo que implica también los gastos necesarios para dedicarle un 5% del PIB a educación, una sanidad pública de calidad, inversiones para infraestructuras y modernización del sistema económico, desempleo, seguridad, dependencia, etc.

La media del gasto público en la UE está en torno al 47% del PIB. Sin embargo, los planes del gobierno del PP es que descienda en España al 38%, lo que implica unos 100.000 millones menos de lo que necesitaríamos para tener un Estado fuerte que proteja con suficientes medios a la ciudadanía y pueda liderar un cambio en el sistema económico. Esos 100.000 millones, que tendrían que salir de los beneficios de las grandes empresas y de las rentas más altas, es la clave de por qué se sacrifican los intereses generales para defender los privilegios de unos pocos. Necesitamos por lo tanto una reforma estructural del sistema fiscal.

4.   Sin políticas ante el cambio climático

La crisis ambiental cuyo exponente más visible es el cambio climático sigue agudizándose con sequías, inundaciones e incendios de una intensidad desconocida. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la agencia de la ONU especializada en el tiempo, el clima y el agua, ha confirmado que 2017 fue uno de los tres años más cálidos en el planeta desde que se tienen datos, junto con 2015 y 2016. La temperatura media mundial en superficie de 2017 superó en 1,1ºC a la de la era preindustrial.

La comisión de expertos ha emitido un dictamen importante para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, encargado por el propio Gobierno pero que, al no encajar con la estrategia de no hacer nada, se va a quedar en una estantería sin efecto alguno. Necesitamos un cambio en el sistema productivo y en el sistema fiscal que permita la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

5.   La estrategia de judicialización del conflicto con el independentismo en Cataluña ha fracasado y parece el 155 se va a eternizar

El gobierno del PP creía haber encontrado el mal menor en reconducir el conflicto con el independentismo catalán por la vía judicial, pero esta vía ha puesto de manifiesto un problema estructural: la fiscalía carece de independencia real y la cúpula del poder judicial en España es muy conservadora y tiene escasa sensibilidad democrática. El rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein (En Alemania, como Estado federal, los Land tienen competencias judiciales) al considerar que Puigdemong no ha cometido delito de alta traición, ha puesto en evidencia que la imputación a dirigentes políticos soberanistas catalanes por delitos de rebelión (aº 472 y ss del Código Penal), así como su ingreso en prisión como medida cautelar, es una aberración jurídica porque el tipo penal exige que haya habido alzamiento violento y público, lo que evidentemente no se ha producido en el proceso soberanista catalán, tal como razona el auto del tribunal de Schleswig-Holstein.

Por lo tanto, unicamente la voluntad de diálogo político y de acometer las reformas jurídicas necesarias –constitucionales y estatutarias entre ellas- puede arreglar este grave conflicto para salir de esta situación de emergencia. El problema estructural no solo atañe a Cataluña sino al propio concepto de país y de Estado. Un Estado federal para un país plurinacional significa también la reforma del poder judicial, un poder que sigue centralizado y controlado por la derecha. La federalización del poder judicial es la vía hacerlo más democrático y plural.

6.   Igualdad de género

Tras la huelga del pasado 8M, que reunió en la calle a miles de mujeres, el Gobierno no ha puesto en marcha iniciativas que no estuvieran ya pactadas antes del 8M. En los PGE el Gobierno ha incluido la ampliación del permiso de paternidad de solo una semana (pasará por tanto a ser de 5 semanas, si se aprueban las cuentas) cuando la reivindicación gira entorno a la equiparación e intransferibilidad de los permisos, es decir, que duren lo mismo para padres y madres y que sean permisos individuales que no puedan cederse de un progenitor a otro.

El Gobierno incumple el compromiso adoptado con las distintas formaciones políticas de financiar de manera directa los 200 millones comprometidos anualmente para la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluye únicamente 80 de los 200 millones acordados para financiar el Pacto de Estado, obligando a las comunidades autónomas y corporaciones locales a aportar los restantes 120, lo que deja sin garantías la efectividad del pacto.

No hay proyecto para una Ley que garantice la Igualdad Salarial. Tampoco ha puesto en marcha el Ejecutivo ningún plan específico sobre violencia machista. La Ley de Dependencia ha sufrido recortes en los últimos años. El proyecto de PGE ha añadido 46 millones al presupuesto que es lo que dejó de gastar el año pasado. Hay una lista de espera suma 300.000 personas, que tienen derecho a recibir ayudas, pero no las están percibiendo. Tampoco hay proyecto para que la educación sea universal y gratuita de 0 a tres años.

7.   La corrupción política se expande a las instituciones como la Universidad

La corrupción socaba la democracia. No solo desprestigia al sistema democrático sino que cuestiona al propio electorado que vota a partidos corruptos. El PP está cercado por los procesos judiciales en los que se están juzgando a cientos de responsables políticos de ese partido, inmersos en los grandes escándalos de corrupción (están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de CCAA, cinco expresidentes de diputaciones, cinco parlamentarios, 18 consejeros de CCAA, tres extesoreros nacionales y hasta 800 concejales y cargos menores). El juicio de los ERES tiene sentado en el banquillo a los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía y a numerosos Consejeros y Altos Cargos. El esperpento de Cifuentes mintiendo sobre el Master no solo demuestra la incapacidad para la regeneración del PP sino cómo las prácticas corruptas han infectado a instituciones que en teoría están alejadas del Gobierno porque son instituciones del Estado cuyo prestigio exige neutralidad política.

El sistema político actual no da soluciones para una reforma democrática del Estado que impida la corrupción.

 

(*) Imagen de Julián Opie