| Ha sido de ver y no creer: al candidato socialista Rubalcaba se le ha quedado, cosa rarísima, cara de tonto. La inopinada decisión del presidente socialista Zapatero de proceder a una «reforma constitucional» para fijar un tope al déficit público pilló a casi todo el mundo por sorpresa. No al conservador Rajoy, que además de previamente avisado por el jefe del gobierno, conocía la existencia de una carta del presidente del BCE, Trichet. En la carta, Trichet, con la inestimable colaboración del gobernador del Banco de España, del exministro de economía Solbes –muy activo últimamente— y aun de la actual ministra, Elena Salgado, exigía a Zapatero ésta y otras medidas (como el fin de la «ultraactividad» en la negociación colectiva, o la prórroga prácticamente indefinida en los plazos de los contratos laborales temporales) a trueque de la compra masiva de deuda soberana española e italiana en los mercados financieros secundarios. En el debate parlamentario, además de recordar que esa iniciativa la propusieron los conservadores del PP hace un año frente a la displicente oposición del entonces ministro Rubalcaba, Rajoy logró, con redoblado recochineo, poner en aprietos a Zapatero: ¿Había o no había carta de Trichet de por medio? No hubo respuesta…
La iniciativa de reforma constitucional no podía ser más inoportuna. Primero, porque los «mercados» hace semanas que han comprendido ya que las amenazas más importantes para la eurozona vienen precisamente de las políticas procíclicas de austeridad aplicadas por la elite política europea. Segundo, porque casi todo el mundo –¡hasta los editorialistas de El País!— ha comprendido ya que el verdadero problema de la eurozona es su pésimo diseño institucional –singularmente, la inexistencia de una autoridad fiscal—, no la deuda pública de los PIIGS. Y tercero, porque cualquier posibilidad electoral del centro, del centroizquierda y de la izquierda en España pasa por librarse del suicida corsé de austeridad fiscal procíclica impuesto por la incompetente troika dirigente (BCE, FMI, Comisión Europea) al conjunto de la UE y por insistir políticamente, en cambio, en la perentoria necesidad de un rediseño radical de la arquitectura institucional del continente.
El contenido de la «reforma constitucional» propuesta por procedimiento de sumarísima urgencia es acaso lo de menos: por técnicamente impertinente, es seguramente irrelevante. Los plazos manejados para su entrada en vigor (2018-2020) hacen de esa reforma incluso algo ridículo: con la que está cayendo y la que va a caer, ¿quién quita que no caiga antes la Unión Europea? Pero su dimensión simbólica es demoledora: luego de suicidarse políticamente el 10 de mayo de 2010, Zapatero parece dispuesto a hundir también cualquier perspectiva de mínima recuperación electoral del PSOE y del candidato Rubalcaba, viejo zorro ahora atrapado en cepo.
¿Piensa el zombie político Zapatero más en su futuro personal que en ninguna otra cosa, y desde luego más que en el futuro político de su propio partido? Lo cierto es que España es un país con grandes posibilidades para los políticos retirados. Las puertas giratorias entre el mundo de la política y el de los negocios son aquí anchas, veloces y venturosas. No hace falta hablar de los expresidentes González (grupo Slim) y Aznar (grupo Murdoch). Josu Jon Imaz es ahora presidente de Petronor. El exministro de agricultura Luis Atienza, presidente de la Red Eléctrica Española. El exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué, presidente de la aerolínea Vueling. El exministro de economía de Zapatero Pedro Solbes, en Enel, propietaria de Endesa, y en el banco británico Barclay. El exministro de economía Carlos Solchaga, presidente de la Fundación Euroaméricas. El exministro de sanidad Julián García Vargas es ahora un hombre estrechamente vinculado a la Big Pharma. Rafael Domènech, antiguo subdirector de la Oficina Económica de Moncloa con Zapatero, es ahora economista jefe del BBVA para el área de España y Europa. Y por terminar en algún sitio: David Taguas pasó sin mediaciones de dirigir la Oficina Económica del presidente Zapatero y de ser miembro de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno a presidente de SEOPAN, el lobby más importante la patronal inmobiliaria (la que alentó la burbuja que ha terminad por hundir a la economía española).
Zapatero era en 2002 un insignificante diputado de provincias, tan disciplinado como mudo parlamentariamente durante años, cuando contra todo pronóstico llegó a hacerse con la secretaria general de un PSOE todavía destrozado por los escándalos de corrupción y terrorismo de Estado del final del felipismo social-liberal. Cuando, también contra todo pronóstico, llegó en 2004 a la presidencia del gobierno del Reino de España, lo que los mortales comunes podían conocer del ideario político de Zapatero se reducía prácticamente a esta asombrosa profesión de fe relativista postmoderna, digna de Forrest Gamp:
«Ideología significa idea lógica y en política no hay ideas lógicas, hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica (…) Si en política no sirve la lógica, es decir, si en el dominio de la organización de la convivencia no resultan válidos ni el método inductivo ni el método deductivo, sino tan sólo la discusión sobre diferentes opciones sin hilo conductor alguno que oriente las premisas y los objetivos, entonces todo es posible y aceptable, dado que carecemos de principios, de valores y de argumentos racionales que nos guíen en la resolución de los problemas». [Prólogo a Jordi Sevilla: De nuevo, socialismo, Barcelona, editorial Crítica, 2002]
El autor del libro prologado, el economista Jordi Sevilla, es quien, como se recordará, tenía que enseñarle al candidato Zapatero «economía en dos tardes». De economía sigue sin haber aprendido una palabra. Tal vez haya aprendido, sí, a hacer negocios personales. Tan o más relevante que eso parece, empero, su curriculum de frívolo zascandil invertebrado, complacientemente dispuesto a dejarse agitar por los vientos sociales y políticos de la hora. Ganó sus primeras elecciones aupado por la hora del notable movimiento social generado en España por la oposición al «trío de las Azores» y de la mano, entre otros, de unos sindicatos obreros que habían mostrado una creciente oposición a la política del Gobierno Aznar. En su primer mandato, Zapatero se presentó como un demócrata radical, dispuesto a ampliar derechos en todas las direcciones imaginables: derechos sociales, derechos nacionales, derechos civiles; incluso sugirió un compromiso con una ley electoral más democrática, menos discriminatoria con la izquierda. En su segundo mandato, y arrastrado por la feroz ofensiva contrarreformadora que ha seguido al desplome del capitalismo financiarizado en septiembre de 2008, hemos asistido a una progresiva y sistemática embestida contra todos esos derechos, y en general, contra el sentido común de la izquierda y del centroizquierda social. La guinda la ha puesto ahora, con la propuesta de nada menos que «reforma constitucional» que pretende aprobar por procedimiento parlamentario de urgencia, evitando –con la refocilada complicidad del PP— su ratificación popular en referéndum.
En los próximos días sabremos si el grueso de su partido, el PSOE, se resigna agónicamente a un descalabro electoral sin precedentes el próximo 20 de noviembre, o si hay en ese partido todavía voces mínimamente acordes con el sentir de la izquierda social, señaladamente, los sindicatos obreros y el Movimiento del 15 M.
Antoni Domènech es el editor general de SinPermiso. Gustavo Búster es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso. |
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